Aborto y debate
Uno de los acontecimientos de esta semana fue el que se desató a propósito del anuncio -no fue más que eso- que el gobierno iniciaría un debate a fin de permitir el aborto sin causales.
De inmediato se dijo que un propósito como ese, estando pendiente el debate sobre la cuestión constitucional, no era razonable: la obstaculizaba, la entorpecía. Insistió en ello un político habitualmente racional y equilibrado, Javier Macaya, quien llegó a decir que insistir en este momento en el tema del aborto era una provocación, sobre todo si se tenía en cuenta, agregó, que el Rechazo había sido motivado en muchos casos por la forma en que en la propuesta de consagraba el derecho a la vida.
¿Tendrán razón quienes así piensan?
Bien mirado, no la tienen.
Porque ocurre que el aborto sin indicaciones o causales (salvo, es de esperar, el plazo para practicarlo) forma parte del programa gubernamental que la mayoría aprobó al dar el triunfo al presidente Gabriel Boric. Y del hecho que hoy esté en debate la cuestión constitucional (como consecuencia del fracaso de la Convención) no se sigue que ese programa haya perdido validez, deba derogársele, que el gobierno deba cesar, o que el presidente deba abandonar los propósitos con los que, no hay que olvidarlo, concitó la adhesión de la ciudadanía. Por el contrario, lo razonable es esperar que el gobierno se esfuerce (otra cosa es que lo logre) por llevar adelante su programa a la vista del cual fue, después de todo, electo.
Pretender, en cambio, que porque la cuestión constitucional está en debate o porque se está deliberando acerca del mejor modo de resolverla, el gobierno deba paralizarse, dejar en suspenso sus propósitos, o privarse de someter al juicio de los órganos democráticos las ideas que juzga mejores, es simplemente absurdo.
Durante todo el transcurso de la fracasada Convención se insistió una y otra vez en que se incurría en un error cuando se confundía un texto constitucional con un programa de gobierno. Un texto constitucional, se dijo hasta el cansancio, debe expresar el consenso básico acerca de las reglas del juego político y los límites del poder; pero ser más bien magro, o incluso mudo, acerca de la agenda gubernamental. Se cometía entonces un error, se repitió varias veces, cuando se pretendía instalar un determinado programa en el texto constitucional o cuando se empleaba el debate constitucional para gobernar.
Pues bien. Hoy día -cuando se sostiene que someter a debate la cuestión del aborto obstaculiza el debate o la solución constitucional- se incurre en el mismo error, solo que al revés.
En efecto, si durante el último año quienes obtuvieron la mayoría en la Convención intentaron, mediante el debate constitucional, imponer una determinada orientación gubernamental arguyendo que habían triunfado, que el pueblo les había conferido ese poder, hoy día los sectores de derecha arguyen que porque triunfó el Rechazo al que ellos adhirieron, el gobierno no puede llevar adelante las ideas por las que fue electo, como si el plebiscito de salida hubiera sido un mecanismo de recall, una forma de remover al gobierno, o de cancelar su programa. Se trata de otra forma (la forma inversa a la que hasta ayer se criticaba) de confundir la cuestión constitucional con la cuestión gubernamental.
El hecho que el propio gobierno haya incurrido en esa confusión por boca del Ministro Jackson, o del propio Presidente, no debe llevar a insistir en ella. Porque de ser así y de llevarla al extremo, se alteraría gravemente la distribución de competencias al interior del estado transfiriendo el poder gubernamental a las fuerzas políticas que en el Congreso disciernen hoy el proyecto constitucional.