Con un fondo de 70 millones de pesos, que se materializó este año, algunos comerciantes del centro han sido beneficiados tras los efectos e impacto del estallido social.

La presidenta de la Feria Vivar, Marianela Chalco, precisó que a tres años, han recibido recursos que en parte beneficiaron a la "zona cero" del centro, en Vivar con Tarapacá, que sufrió saqueos, canalizados a través de Sercotec y por mandato de la actual administración presidencial. Pero reconoce que no han sido todos los afectados quienes han recibido ayudas. "Se beneficiaron un poco más de 35 personas, pero en el centro no más de 20", aseveró la dirigenta, quien espera más iniciativas.

El presidente de la Cámara de Comercio Detallista, Livio Lanino, manifestó que en el estallido social el "60% de los comerciantes de la zona central fueron afectados por la crisis".

Aseveró que los más dañados fueron los comerciantes que arrendaban locales, algunos de los cuales fueron vandalizados, y que luego sufrieron el impacto de la pandemia unos meses después. El dirigente valoró que fuera el sector privado el que saliera en ayuda de comerciantes, tras el impacto en octubre de 2019 y espera que esto siga con programas públicos.

Al respecto, el seremi de Economía, Jorge Julio, manifestó que los programas "Recupera tu Barrio" y "Recupera Tu Pyme", para locales afectados por el estallido, " cerraron postulaciones a fines de septiembre. Hubo una alta postulación y en los próximos días se deben estar entregando los resultados de estos recursos, para recuperar zonas afectadas por el estallido. Previamente se hizo con locatarios de Vivar, donde se repuso instalaciones y puesta de cámaras y luminarias desde Sercotec". Ambas líneas suman 570 millones de pesos.

En el sector de Héroes de La Concepción, que también se denomina la "zona cero" y que sintió el impacto de las protestas, los comerciantes reconocen que la situación se calmó tras la pandemia, pero que ahora el problema es la delincuencia derivada de la crisis migratoria y de seguridad.

Un locatario del sector manifestó que "ya no hay marchas, pero lo que debimos hacer es invertir en seguridad", precisando que lo que menos se necesita actualmente es que la zona sea epicentro de manifestaciones.

Alexander Macías, quien instaló una panadería en el sector, dijo que "las protestas por ahora no son un problema. La situación difícil es la delincuencia, pues en nuestro caso debemos abrir nuestro negocio hasta las 22 horas. En eso deberían centrarse".

El delegado presidencial, Daniel Quinteros, manifestó que se está trabajando una mesa con los sectores que fueron afectados por el estallido y se les están entregando beneficios y apoyos en materia de seguridad, iluminación y potenciamiento de barrios comerciales, lo que se realiza en calles como Vivar y Héroes de La Concepción.

Ayer en un recorrido por Héroes de La Concepción se pudo constatar que la mayoría del comercio del sector abrió sus puertas. Lo mismo en calle Vivar, donde solo algunos establecimiento de venta o préstamos en base a joyas no abrieron sus puertas.

Mientras que en el retail, el Mall Plaza cerró su atención al público en forma extraordinaria a las 19 horas, al igual que Mall Zofri a las 18 horas, permitiendo que el personal que atiende pudiera tener disponibilidad de movilización.

"El 60% de los comerciantes de la zona centro fueron afectados por el estallido social".

Livio Lanino, presidente Cámara de Comercio Detallista.

Patricio Iglesias P.

patricio.iglesias@estrellaiquique.cl

En materia de casos derivados de la revuelta social, la directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena De Ferrari, manifestó que como organismo han visto un escaso avance en materia de causas relativas a personas detenidas por casos derivados del 18-O y vulneración de derechos.

"Presentamos 138 querellas en total, de las cuales hay 137 vigentes a la fecha , nueve por traumas oculares, dos causas formalizadas en Alto Hospicio; ninguna en Iquique, ninguna en Pozo Almonte".

De Ferrari expuso que hubo una demora inexcusable, "como por ejemplo, que en una causa, recién un año después de presentada la querella, se envió la primera orden de investigar, en la que, paradójicamente, se pedía verificar si había grabaciones un año después, cuando todos sabemos que las grabaciones se guardan un tiempo acotado".

También cuestionó que fiscales a cargo de las investigaciones del 18-O juntaran hasta 20 casos, sin ninguna lógica y "que conllevó a que era imposible seguir la línea de investigación, pedir copia de la carpeta y ahí hubo una demora inexcusable", dijo la directora del INDH.

Mientras del Ministerio Público indicaron que de los hechos derivados del 18-O, cuatro personas han pasado a juicio oral y solo una permanece en prisión preventiva, estando otras con medidas cautelares.

Privados y autoridades relacionadas a la temática del adulto mayor analizaron medidas para evitar el cierre del Hogar San Vicente de Paul.

En una reunión con organismos dirigida por la presidenta de la Comisión del Adulto Mayor del Consejo Regional, Claudia Hernández, se acordó buscar en conjunto una solución definitiva, que permita dar viabilidad a la función social que cumple dicho centro, y que a la vez, asegure la continuidad de su funcionamiento.

Uno de los acuerdos alcanzados durante la reunión, fue encomendar a la seremi de Desarrollo Social, realizar un catastro con los requerimientos que exige el funcionamiento del Hogar San Vicente de Paul, a fin de que el futuro organismo que se haga cargo del centro, pueda contar desde ahora con un estimativo de los costos de su mantención mensual.

Se aclaró que ninguno de los adultos mayores que atiende el Hogar, y que están en situación de indefensión social, serán trasladados a Santiago.

En la mesa participaron los consejeros regionales Solange Jiménez y Luis Milla, incluyendo representantes de la Fundación San Vicente de Paul, de la Fundación Trabajo Unap, Obispado de Iquique, Senama, entre otras organizaciones.