El fiscal Eduardo Ríos presentó acusaciones y exigió penas que van entre los 3 años, por cohecho y 5 años por fraude al fisco, para 17 imputados por el denominado "Caso Led".

Entre los imputados, en la causa RUC N°1800428711-4 RIT 4459-2018 se encuentran los exconcejales Arsenio Lozano, Mitchel Cartes y Felipe Arenas, acusados por cohecho reiterado (3 años y un día) y fraude al fisco (5 años y un día de presidio). Mientras que para Guillermo Cejas, el fiscal solicitó las mismas penas, pero le agregó 541 días de presidio por lavado de activos.

El fiscal Ríos manifestó que el 21 de noviembre se presentó la acusación al Tribunal de Garantía. Aseveró que la defensa del imputado L.L., exgerente de la empresa Itelecom, "ha solicitado la reapertura de la investigación (con fecha 24 de noviembre) y se debatirá si la causa avanzará a preparación de juicio oral o se continúa en la etapa investigativa". Agregó que "con toda la prueba reunida, adquirimos la convicción de la ocurrencia de los delitos por los cuales se formalizó, así como de la participación de cada uno de los imputados en los distintos hechos". Los antecedentes de la acusación consideran distintos antecedentes recopilados en la misma, además de testimonios.

En la acusación para los implicados en este caso, el fiscal considera para los funcionarios municipales, D.V., 541 días de reclusión menor en grado medio por cohecho y 541 días por violación de secreto con grave daño a la causa pública. A T.V., 541 días de reclusión menor y multa, además de 541 días por violación de secreto de la causa pública, así como 5 años por fraude al fisco y 541 días por lavado de activos.

Para los otros funcionarios, identificados como G.P., 541 días por soborno y R.G.C. a 541 días por cohecho.

Mientras que para el exseremi de Deportes, Johan Vieira, la fiscalía solicitó 3 años y un día de reclusión por soborno y 541 días por lavado de activo y multa de 200 UTM.

El gerente de Itelecom, M.L., y su subgerente, P. G., se les imputaron los delitos de soborno reiterado, fraude al fisco y lavado de activos, solicitando la Fiscalía las penas de 3 años y un día, 5 años y un día y 541 días, respectivamente.

Luminarias

Los hechos corresponden a casos de corrupción ocurridos en el marco de las licitaciones por la reposición del alumbrado público en Iquique. En la investigación, se acreditó que funcionarios públicos de 2018, y otros particulares, actuaron como intermediarios, los que permitieron que las empresas Itelecom y Elec tomaran conocimiento de las bases de licitación y adecuaran sus propuestas a las mismas, elevando los costos de aquellas y ofreciéndoles parte de estos sobreprecios a los funcionarios públicos involucrados, asegurándose la adjudicación de las licitaciones.

El fiscal Ríos detalló que en virtud de una investigación iniciada por la Fiscalía Regional de Tarapacá a mediados del año 2018, a partir de una denuncia efectuada por el alcalde la Municipalidad de Iquique, por violación de secretos, "se han podido establecer hechos constitutivos de delitos, por parte de funcionarios públicos de la IMI, quienes se concertaron con particulares, recibiendo sobornos de estos últimos, a cambio de que ejecutaran actos con infracción de sus deberes funcionarios, omitieran actos debidos propios de sus cargos y que cometieran otros delitos funcionarios".

"Con la prueba reunida, adquirimos convicción de la ocurrencia de los delitos por los que se formalizó".

Fiscal Eduardo Ríos

Patricio Iglesias P.

patricio.iglesias@estrellaiquique.cl

Frente al avance en el proceso, el diputado comunista y querellante, Matías Ramírez, aseveró que "se valora que se cierre la investigación y se pueda preparar el juicio oral. Pero las penas propuestas por el Ministerio Público nos dejan disconformes y debería solicitarse una pena más alta. Y pedí a mi equipo jurídico que se pida una mayor pena, en especial a las exautoridades y funcionarios municipales involucrados".

Mientras que la consejera regional, Claudia Hernández (PDG), consideró que se debe haber justicia, porque en el Caso Led hubo recursos del Gobierno Regional, a través del Fndr: "Esperamos que el tribunal resuelva de manera presurosa y de la forma más justa. Ya que cualquier tipo de delito y, por sobre todo, malversación que pudiese existir se debe sancionar con todas las de la ley".

El consejero regional RN, Eduardo Mamani, recordó que el daño fue al erario nacional: "No pueden haber privilegios ni contemplaciones con nadie en estos hechos de corrupción, caiga quien caiga. La sociedad esta cansada ya de que aparezcan estos casos cada cierto tiempo y que, claramente, sacuden la región".

El abogado querellante, Enzo Morales, en tanto, manifestó que "por el daño provocado, lo que nosotros pedimos es que no haya salidas alternativas para los funcionarios municipales y exconcejales".

Casi cuatro mil personas de los tramos C y D menores de 60 años se han beneficiado con la implementación de Copago Cero en la región de Tarapacá, informaron la Directora Zonal Norte de Fonasa, Elba Varas; el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros; el seremi de Salud y el director (s) del Servicio de Salud de Tarapacá, David Valle y Rafael Villalobos, respectivamente. Actividad que se hizo en un punto de prensa realizado en la Sucursal del Fondo ubicada en Obispo Labbé.

La autoridad zonal del Fondo destacó que de las 3.800 personas, que sólo hasta septiembre de este año se han beneficiado con Copago Cero en Tarapacá, han tenido un importante ahorro de bolsillo. "Las familias han tenido un ahorro, a nivel regional, de casi 100 millones de pesos", dijo Varas, destacando que Copago Cero es una contribución estatal que cubre el 100 por ciento de las atenciones cuando la población beneficiaria se atiende en la Red Pública de Salud. "El promedio de ahorro a nivel nacional oscila en los $250 mil", recalcó.

El Delegado Presidencial, en tanto, subrayó que "nadie en Chile debería endeudarse si requiere una atención de salud y este beneficio nos motiva como Gobierno, y es un mandato del Presidente Boric poder apoyar a las familias en Tarapacá".