Revelan algunas de las 71 medidas para combatir el crimen organizado
Documento, dado a conocer por la Delegación Presidencial, tiene como objetivo la contención de nueve delitos que son más recurrentes en la región.
El Plan Regional contra el Crimen Organizado, que preparó la Delegación Presidencial por encargo del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aplicará 71 medidas para combatir el crimen organizado en Tarapacá.
Si bien el documento se entregó a los integrantes del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, solo se dieron a conocer algunas de las medidas más directas, manteniéndose el resto en reserva.
Medidas
Como medidas específicas están la especialización y descentralización de capacidades operativas para perseguir un crimen; el aumento de dotación policial; la modernización en equipamientos y herramientas investigativas; poseer iniciativas de modificación legal; y el establecimiento de protocolos de actuación interministerial, que permitan la identificación y reconocimiento de referentes de actuación, para un despliegue eficaz y generar mejores resultados en la investigación policial.
Delitos priorizados
De acuerdo al documento, dado a conocer en el Consejo Regional contra el Crimen Organizado, se priorizarán nueve delitos, que son los más recurrentes por parte de los grupos criminales que operan en Tarapacá.
Entre estos, destacan el contrabando, lo que incluye el tráfico de armas; tráfico de drogas; tráfico de migrantes y la trata de personas.
También se potenciará la presecución en quienes incurran en el delito de lavado de activos y otros delitos económicos.
Se añadirán delitos conexos, los que serán propuestos por las instituciones participantes en el consejo. En este caso, para accionar ante hechos como el robo de vehículos y el secuestro.
Según el delegado presidencial, Daniel Quinteros, el documento complementa el trabajo realizado con el Plan Regional de Seguridad Pública, "en el cual tenemos priorizados delitos como los homicidios, los robos con violencia o intimidación, y también la violencia intrafamiliar".
Además, resaltó las mayores atribuciones que tendrá la Aduanas y el Servicio de Impuestos internos en el combate al crimen organizado, así como también las capacidades investigativas de las policías y el Ministerio Público. Este año, el Gobierno informó que se dispusieron 6.100 millones de pesos para ejecutar en inversión en seguridad. Por ahora, no se conocen los plazos para la implementación del nuevo plan contra las bandas delictuales.
La estrategia será revisada y monitoreada por las instituciones integrantes del Consejo, entre ellas, la subsecretaría del Interior, la Delegación Presidencial de Tarapacá, el Ministerio Público, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gobierno Regional, Aduanas, Registro Civil y Armada de Chile, entre otros.
Frente a este tema, el diputado UDI, Renzo Trisotti, manifestó que prefiere tener cautela: "Cada nuevo anuncio del Gobierno a estas alturas me produce una profunda desconfianza, acá ha quedado demostrado muchas veces que se comprometen, pero no cumplen".
El parlamentario se reunirá hoy con el delegado presidencial, para conocer quién será el responsable de cada una de las medidas, el tiempo en que se implementarán y cómo se financiarán.
En tanto, el diputado PC, Matías Ramírez, expuso que debe existir una coordinación para atacar delitos: "Un instrumento diseñado en la región y enfocado a utilización de recursos me parece va en dirección correcta", acotó. El político espera saber cuánto va a demorar la implementación del plan y espera el retiro de armas de fuego no debidamente inscritas.
Patricio Iglesias P.
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