Caso cajas: políticos locales esperan el esclarecimiento total de los hechos
El Ministerio Público formalizó el delito de fraude al fisco que involucra al ex intendente Quezada.
Ayer, la Fiscalía Local de Iquique, a través de su persecutor jefe Eduardo Ríos, no descartó la posibilidad de formalizar a otros eventuales partícipes del delito de fraude al fisco, relacionado a las irregularidades detectadas en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia Regional de Tarapacá, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 del año 2020.
Del caso el ex intendente Miguel Ángel Quezada Torres, quien era su jefa de gabinete Lilian Plaza Bravo y el ex jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional Johnny Muñoz Cancino, junto a los imputados privados Lorena Barrientos Ramírez, Juan Carlos Ayala Brito y Ximena Ciudad Varela (de Ciudad Eventos), Jorge Venegas López (de V y L Deportes Ltda.), Dimitri Díaz Neira y Ricardo Percic Becerra (de DID Sonido y compañía SPA.), se les acusó que por las más de 45 mil cajas de alimentos que se adquirieron, se pagó aproximadamente un sobreprecio de 10 mil pesos por cada caja, generando un perjuicio fiscal total de a lo menos $468 millones.
El fiscal calificó como "mediana" la conformidad de la medida cautelar dispuesta por el tribunal, sin embargo señaló que "lo importante luego de 12 horas de audiencia por parte del fiscal Juan Zepeda, fue que se acreditara el delito de fraude al fisco respecto de todos los imputados".
Ríos aseveró que en relación a la presentación de otros imputados, "lo estamos evaluando, esta es una causa compleja que lleva dos años y tiene diferentes ramificaciones, probablemente de acuerdo al avance de la investigación se puedan tomar otras decisiones respecto de otras personas".
El ex intendente de Tarapacá, en una declaración pública manifestó que "frente a los cargos que se han levantado en mi contra en la audiencia de formalización, confío total y plenamente en que mi inocencia será demostrada en las próximas etapas del proceso. Durante el periodo en que ejercí como Intendente de la región, la implementación del programa Alimentos Para Chile permitió la entrega de más de 90.000 cajas de alimentos, para ir en ayuda de la comunidad en un momento de crisis sanitaria y escasez de recursos. Jamás existió un beneficio indebido para terceros, lo que será demostrado durante el juicio", manifestó Miguel Ángel Quezada.
Reacciones
Del caso, el diputado Renzo Trisotti, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), refirió al ser consultado por La Estrella que "si bien nunca comento fallos, y menos las distintas etapas procedimentales, espero que por la materia y los involucrados se siga adelante con la investigación, y se logren esclarecer absolutamente los hechos".
En los mismos términos la senadora por Tarapacá, Luz Ebensperger, (UDI), manifestó que "no corresponde opinar sobre resoluciones judiciales, si puedo decir que nadie ni nada puede estar por sobre la ley, y ésta debe aplicarse a todos por igual".
Agregó que "quienes son investigados deben prestar toda la colaboración, y la Fiscalía debe con el mismo rigor analizar e investigar todos los antecedentes, tanto los que benefician como los que perjudican a las personas involucradas". Finalizó que "dicho lo anterior, creo también importante señalar que en estos procesos, sobre todo cuando son latamente publicitados, la justicia debe operar con prontitud y rapidez".
A su turno el parlamentario Matías Ramírez, del Partido Comunista de Chile (PCCh), dijo que "hay que valorar la decisión del Ministerio Público de formalizar una investigación que ya lleva más de dos años y que nos tocó denunciar, creo que es una señal importante respecto a los casos de corrupción que lamentablemente en nuestra región son mucho más habituales de lo que uno quisiera".
Finalmente el parlamentario cuestionó que los imputados no hayan quedado en prisión preventiva. "Cualquier persona vinculada a un robo por este monto queda en prisión", aseguró.
También fue consultada la diputada Danisa Astudillo (PS), sin embargo hasta el cierre de la presente edición no se refirió.
12 horas duró la maratónica audiencia de formalización desarrollada el pasado martes.