Señor Director:

La propuesta de algunos parlamentarios oficialistas, acogida por el Ejecutivo, de un proyecto de cárcel especial para internos de pueblos originarios, muestra una desconexión de parte de la clase política frente a las urgencias sociales y la realidad carcelaria del país. Por un lado, porque las prioridades no se condicen con la realidad. Por otro, porque se asemeja a la fallida propuesta de la Convención Constitucional que planteaba sistemas de justicia diferenciados, lo que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía.

Desde un punto de vista histórico, los penales siempre han sido focos de críticas por las condiciones en que se vive dentro de ellos, lo que sigue vigente en nuestros días, según consigna un informe del INDH presentado en enero de 2022. Al mismo tiempo, la aplicación de las penas no siempre ha dado los resultados esperados, que son la rehabilitación y reinserción social de los internos.

Por esto, llama la atención la actitud de la ministra Ríos, quien hizo énfasis en que el objetivo central era cumplir con estándares necesarios "en materia de interculturalidad o en materia de seguridad".

La realidad carcelaria es lamentable y los internos viven en condiciones paupérrimas. Por esto, antes que la creación de una cárcel especial para internos de pueblos originarios urge que las instituciones encargadas cuenten con los recursos y herramientas necesarias para mantener los estándares mínimos de higiene, alojamiento y alimentación, entre otros, para todos los privados de libertad por igual.

Monserrat Risco Parada,

investigadora Faro UDD

Este verso, del escritor Gabriel García Márquez, me persigue desde que encontraron muerto a un hombre de 80 años, con una data de muerte superior a un año, en la región de Coquimbo. Y no se trata de una muerte aislada, de un "hecho lamentable", como dirían los políticamente correctos.

Lo mismo sucedió este 2022 en la región del Biobío, La Araucanía, Valparaíso, Arica, Magallanes, Maule, Antofagasta y otros sectores de nuestro país, donde la vejez es sinónimo de abandono, soledad y muerte. En cada caso la policía interrogó a extraños: vecinos, transeúntes, cientos de curiosos que teorizaron sobre las causas de las muertes. "Es inhumano, no tiene nombre". "Hace meses que no lo veíamos". "Nunca salía de la casa". La cierto es que nadie vio o escuchó nada.

Este año hemos logrado avanzar en problemáticas trascendentales, tales como la perspectiva de género en programas de acogida y la protección de la niñez, con la promulgación de la ley que tipifica la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, pero poco se ha hecho para detener las diversas formas de maltrato contra los adultos mayores: económicas, sicológicas, físicas y patrimoniales.

Esta vergonzosa realidad exige de nuestra causa transitar hacia programas más personalizados y preventivos, priorizando modalidades de atención domiciliaria y ambulatoria, que estén instalados en el territorio, donde la desatención, el aislamiento físico y la soledad, que es una de las formas más duras de maltrato a los adultos mayores, amenaza la vida de 200 mil adultos mayores que viven bajo la línea de la pobreza, en Chile.

Por eso, en los próximos dos años, Hogar de Cristo irá transformando sus residencias en una red de servicios de cuidados domiciliarios, extensa y personalizada. Una nueva estrategia social para este Chile diverso y con mayor pobreza que enfrentamos este 2023 que se inicia. Un Chile, que nos obliga a ser más ágiles y flexibles, centrándonos en las personas mayores, convencidos de que el secreto de una buena vejez es la dignidad y no un pacto honrado con la soledad.

Carlos Ramirez,

jefe de operación social de Hogar de Cristo en Iquique