Hace algunas semanas, un informe de Libertad y Desarrollo advirtió que 2022 se convirtió en uno de los años con más delitos violentos registrados en el país. Esto, ya que se reportaron cifras altamente preocupantes en cuanto a homicidios, robo violento de vehículos motorizados, violaciones, entre otros.

De acuerdo a los datos entregados por el Centro de Estudios, en el territorio nacional hubo un promedio diario de dos homicidios, ocho violaciones, 35 "portonazos" o "encerronas" y 88 robos de vehículos, realidad que no es ajena a la región de Tarapacá, donde el número de asesinatos y de ilícitos cometidos con armas de fuego parece continuar incrementándose, esto pese a todas las medidas que la autoridad política viene anunciando.

Desde distintos organismos y especialmente desde el Ministerio Público han sido claros en manifestar que el crimen organizado y el poder de fuego de las bandas delictuales ha ido en aumento, por lo que se necesitan más recursos en materia de seguridad pública. No se trata de una alternativa, sino que de una clara urgencia donde las soluciones evidentemente no avanzan a la velocidad que se requiere.

No existen dudas de los esfuerzos que están realizando las policías y los persecutores penales, sin embargo, la situación continúa siendo crítica y cada semana se conocen nuevas víctimas de estos hechos, lo que eleva la sensación de inseguridad que hoy se extiende por los distintos sectores de la región. Esto incluso ha provocado que sean los mismos vecinos quienes levanten la voz, lo que da cuenta que las medidas todavía no arrojan los resultados esperados.

En ese sentido, los datos de Carabineros son elocuentes, ya que en 2022 Tarapacá presentó una tasa de 10,3 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, más que dobló al promedio nacional. Desafortunadamente, este año la situación sigue siendo compleja y hasta ayer se contabilizan 12 asesinatos.

Todo lo anterior demanda que las acciones para combatir esta nueva criminalidad también se modernicen y se generen los recursos adecuados. La región lleva mucho tiempo esperando y el problema no terminará solo con leves y estacionales incrementos en la dotación policial.

"Esto incluso ha provocado que sean los mismos vecinos quienes levanten la voz".

Los medios de comunicación y redes sociales informan constantemente hechos concretos de actos delictuales como robos, hurtos, homicidios, provocados en gran parte del territorio regional, más los procesos de inmigración irregular con sus respectivas consecuencias, traen consigo la sensación de inseguridad porque se percibe que no existe un orden institucional que logre controlar la delincuencia.

Lo anterior, asociado a la instauración del crimen organizado cuya gran fuente de financiamiento es el narcotráfico, la trata de personas, amenazas que han sido un proceso continuo que tiende a afectar el bienestar de la sociedad nacional y regional.

Desde los efectos más directos asociados a la agresión personal y a la propiedad, las consecuencias emocionales tanto en las víctimas directas como indirectas, impactos socio geográficos por la pérdida de derecho de uso de los espacios públicos y las percepciones cognitivas de tipo individual y colectiva del riesgo. Especialmente, cuando se observa que existe desorden social complementado con la adicción a las drogas, alcohol, y otros factores causantes que afectan a la gestión de empresas, especialmente de las Pymes que carecen de protección privada.

El sistema estatal puede generar las mejores condiciones de políticas económicas públicas para incentivar el emprendimiento, la inversión, e incluso hasta ofrecer políticas de procrecimiento. No obstante, si es que no se resuelve la percepción de inseguridad, los actores económicos no podrán operar con su máxima capacidad potencial, por el riesgo que están expuestas sus instalaciones físicas, producción, transporte de insumos, partes y piezas, materias primas, el proceso de distribución de los productos y en puntos de ventas.

A lo anterior, se agrega la omisión de la autoridad de varios requerimientos de diversas autoridades políticas regionales al gobierno para resguardar el orden público, siendo unas de las obligaciones prioritarias establecidas en el artículo 24 de la Constitución Política actual. Si bien es cierto, se han ido tomando algunas medidas en el tiempo, no son suficientes para revertir la sensación de inseguridad tanto para consumidores como empresas, lo que debilita la gestión eficiente y efectiva del sistema económico privado para generar valor y empleo que requiere básicamente certidumbre de seguridad y orden público.

"Si es que no se resuelve la percepción de inseguridad, los actores económicos no podrán operar con su máxima capacidad".

Dr. Héctor Varas M.,, economista

Es increíble que todavía existan conductores que sin un mínimo de prudencia y de respeto por la ley de tránsito circulen por el Paseo Baquedano, una vía peatonal. No hay excusas, no se puede circular por el sector.

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Aunque continúan las vacaciones, no está de más revisar el presupuesto y desde ya prepararse para marzo, uno de los meses más demandantes para el bolsillo. Es clave programarse y así evitar dolores de cabeza con los uniformes, las matrículas y el pago de las cuentas.

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Queda poco para el inicio del campeonato de Primera B, donde Iquique buscará su ascenso al fútbol de honor. No cabe duda que la competencia será muy fuerte, con varios equipos del norte que tienen el mismo objetivo. Hay que partir con el pie derecho.