Cristian Espinosa Véliz

Un grupo de pobladores se reunió a las afueras de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y urbanismo de Tarapacá exigiendo respuestas por el retraso que ha presentado la ejecución del proyecto habitacional Brisas del Tamarugal, que se emplazará en la comuna de Alto Hospicio, cerca del nuevo acceso por Avenida Las Américas.

Las familias, que son más de 400, llevan seis años en este proceso. Además, denuncian que el banco ya les retuvo sus fondos de subsidios en sus libretas de ahorro, que están destinados para estos efectos.

El proyecto ha pasado por varios problemas. En un inicio era la empresa constructora Loga la que se haría cargo, pero terminaría declarándose en quiebra. Luego sería Guzmán y Larraín la que tomaría la responsabilidad, pero terminaron desistiendo. Finalmente, la empresa ACL fue la que se hizo cargo y lidera actualmente Brisas del Tamarugal.

Lo único que resta para la ejecución y puesta en marcha del proyecto, es la firma del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Sin su autorización formal, no pueden ser liberados los fondos de subsidio para las familias tarapaqueñas, por lo que las familias buscan que se agilice el trámite para iniciar lo antes posible con la construcción de los edificios.

Sobre esto último, Ana Zúñiga, presidenta del comité Paloma Blanca, una de las tantas organizaciones que reúne y organiza a las familias pertenecientes a Brisas del Tamarugal, afirmó no saber por qué la autorización del ministro ha demorado tanto. "No sabemos por qué el ministro no da la firma. Primero dijeron que estaba ocupado y ahora dijeron que por los incendios del sur no hay solución. En diciembre debíamos estar listos para empezar a construir", señaló.

Por su parte, Soledad Pérez, encargada del comité Oasis de Iquique, relató todas las trabas que han tenido en el proceso. "El problema es el Gobierno. Nosotros buscamos la solución de las viviendas para nuestras familias. Yo inicié esto porque me quedé en la calle, soy una de las expropiadas de cerca del hospital. Lucho por mi casa y ha sido un proceso muy largo", expuso.

Agregó que ellos postularon el 27 de octubre del año pasado y el proyecto ya estaba aprobado por el Serviu de Tarapacá.

"Ahí postularon las familias para recibir el subsidio, que demora cerca de 45 días en llegar, pero ya han pasado más de 120", acusó.

Asimismo, la dirigente habitacional develó cuales son las siguientes medidas que tomarán para ser escuchados. "Voy a entregar personalmente una carta en el Minvu en Santiago. Si no hay respuesta, nos dirigiremos a Contraloría. Hoy estamos dispuestos a todo. Es algo triste y molesto lo que sucede", indicó.

Desde la entidad patrocinadora, la cual se encarga de realizar los nexos entre familias, constructora y el Minvu, informaron que cumplieron "con todo lo necesario".

"Ya cumplimos nuestro deber. Tenemos la certificación y aprobación del Serviu en los aspectos técnicos, sociales y jurídicos", sostuvieron.

Minvu

En la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Tarapacá sostuvieron que en el diálogo que tuvieron ayer con parte de las familias integrantes del proyecto habitacional "fue acordado con sus dirigentes, en reunión sostenida el viernes pasado, y no se trató de una manifestación espontánea".

Acerca de la problemática de las familias, y el enojo por el retraso, aseguraron no querer repetir errores de autoridades anteriores a su gestión: "Entendemos la molestia del comité, porque detrás hay una realidad que vive cada familia, pero nuestro objetivo como Gobierno es no cometer errores de administraciones anteriores de avanzar sólo en el número de solución habitacional".

400 familias, y un poco más, serán las beneficiadas con el proyecto "Brisas del Tamarugal".

La Fundación Apandia, formada por la Agrupación de Padres de Adolescentes y Niños Autistas de la región, valoró positivamente la ley Tea, aprobada a fines del pasado mes de enero. Ahora este proyecto espera la promulgación por parte del Ejecutivo.

"Si vamos a hablar del proyecto de ley que está a la espera de ser promulgado, lo que hace es establecer un piso y ciertos deberes para el estado", comentó Luis Ríos, uno de los fundadores de la organización.

Según explicó, el proyecto significa el reconocimiento legal de las personas dentro del espectro autista, cosa que no existía hasta este minuto. Añadió que antes, si se quería postular a ciertos beneficios, la persona en cuestión debía ser declarada discapacitada: "Ahora con la ley, ya no es necesario tener un certificado de discapacidad, sino que solo con tener el diagnóstico ya se puede optar a los beneficios que se van a ceder".

Explicaron que con esto se establecen, para el corto plazo, deberes tanto para la educación y salud pública. Instituciones que tendrán que asegurar un diagnóstico temprano, detección y también inclusión en todos los niveles.

"Dependiendo del tipo de trastorno que sufra la persona con autismo, vamos a tener personas más o menos funcionales. En ese sentido las más funcionales siempre van a desarrollar una vida relativamente normal, mientras las menos funcionales siempre van a necesitar de apoyos. Allí es donde entra la educación pública, que con los programas actuales no dan abasto a todas las familias con autismo que hay hoy en día", explicó Ríos.

Desde la fundación indican que si bien se está estableciendo una base, creen que aún falta mucho para avanzar. Unas de estas áreas es la salud mental y física. Indican que hay personas en el espectro que necesitan medicamentos para ayudarlos con concentración, disminución de agresividad, impulsos, ansiedad, entre otras cosas. Necesidades a las que a veces se les suman terapias y otros asuntos médicos.