Germán Pozo-Sanhueza

El 1 de abril de 2019 comenzaba a operar en el país la Ley de Inclusión Laboral, que establece un mecanismo que incentiva la incorporación de personas con discapacidad o asignataria de una pensión de invalidez al mundo laboral, garantizando una cuota legal de empleos.

A casi cuatro años de su puesta en marcha, las personas denuncian que las empresas no los contratan, por múltiples razones, una de ellas, la falta de infraestructura e implementos para poder realizar las labores.

Javiera Rejas Estay, es la primera profesora de inglés en con una discapacidad motora en la región de Tarapacá. Se tituló en mayo del 2022 y hasta la fecha no ha podido ejercer. Señala que si bien hay iniciativas, falta inversión en infraestructura "En Chile no hay profesores con discapacidad. Cuando postulo me dicen que las puertas que tienen tienen el ancho para que yo pueda pasar, tampoco hay baños para profesores en silla de ruedas, entre otras complicaciones".

Afirma que "soy parte del 1% de personas con discapacidad que pudo terminar una carrera de educación. Además, la mayoría no podemos ejercer las carreras que estudiamos".

De acuerdo a las últimas cifras de la Encuesta de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE) en Chile hay 2 millones 703 mil 893 personas con adultas con algún tipo de discapacidad, donde el 41,5% se encuentra dentro de los quintiles más vulnerables económicamente, con un promedio de escolaridad de 10 años. Además, el 50,8% no cuenta con educación media completa, mientras que en lo laboral solo el 43,9% se encuentra activo.

Vanessa Figueroa, presidenta del Consejo Regional Social de la Discapacidad señala que las empresas "muchas veces prefieren pagar la multa en vez de cumplir con la ley, lo cual se traduce en que la persona o se crea un negocio independiente o se tiene que jubilar y vivir con la pensión básica solidaria de invalidez, apenas 206 mil pesos para sobrevivir, sin considerar los gastos adicionales en gastos médicos o terapias".

Doble discriminación

La presidenta del consejo es no vidente, y afirma que "en el caso de las mujeres la situación empeora. Doble discriminación, siendo menos contratadas que los hombres".

Según datos de la Dirección del Trabajo al mes de enero de 2023, de los 52.134 contratos vigentes por la ley de inclusión laboral N°21.015, solo el 38,1% eran de mujeres, versus un 61,9% de hombres.

Además, se aprecia diferencias en los salarios, donde una mujer discapacitada percibe un sueldo promedio de 597 mil 228 pesos, lo que se traduce en un 7.7% menos que los hombres en la misma condición.

El seremi del trabajo, Jorge Julio explicó que se deben acoger a la ley empresas que cuenten entre 100 a 199 trabajadores. "Desde la entrada en vigencia de la ley de inclusión laboral se han hecho 8 denuncias a nivel nacional y a nivel regional se ha realizado solo una denuncia en el año 2019".

Manifiesta que "estamos avanzado en materia de inclusión, el Estado y los privados deben cumplir a cabalidad con las cuotas de integración de personas con discapacidad, y es la Dirección del Trabajo el organismo que debe velar por el cumplimiento de la normativa".

Respecto a la cuota de contratación indica que "se puede cumplir de manera directa, contratando personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez, o a través de alguna de las modalidades de cumplimiento alternativo dispuestas en la ley", finalizó.

Afirma que a nivel regional "a través del Sence y la Minera Teck se está trabajando un programa de Inclusión laboral en la formación de Gestores de Inclusión Laboral".

17,6% de la población adulta en Chile tiene discapacidad, un total de 2 millones 703 mil 893 de personas.

Usuarios de distintos programas de tratamiento en convenio con Senda Tarapacá, participaron en capacitación de alfabetización digital que realizó el dispositivo de Orientación Sociolaboral (OSL) de Fundación Movilízate.

La directora regional (s), Alejandra Zúñiga, explicó que la iniciativa forma parte del convenio de colaboración técnica y financiera que Senda Tarapacá, a través del Área de Integración Social mantiene con la fundación. "OSL tiene como objetivo entregar a las personas en proceso de recuperación del consumo de drogas, herramientas adecuadas y necesarias para insertarse en el mercado laboral, y es en este contexto que se desarrolla la capacitación alfabetización digital", destacó.

Zúñiga, agregó que la OSL se enfoca en la formación de planes de vida laboral, que consisten en el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias, tales como: la elaboración de currículum, el conocimiento de la legislación laboral y técnicas para enfrentar una entrevistas de trabajo, entre otros.

"El trabajo y la generación de una renta son herramientas claves en los procesos de integración social. Tratamos de vincular a los usuarios a los circuitos económicos formales de una forma digna y equilibrada. La OSL pone especial atención a todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal, social y laboral que le permita a la persona conseguir una plena inserción sociolaboral", enfatizó Zúñiga.