Según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, entre 2020 y 2022, se registraron 5.934 casos graves de acoso escolar en Chile, donde 2.516 corresponden a la Región Metropolitana, siendo esta la región más afectada alcanzando casi el 50% de los casos.

Las cifras son impactantes y siguen preocupando a las autoridades, durante el 2022 el 35% de las denuncias realizadas a la Superintendencia de Educación, tienen relación con algún evento de violencia sufrido por los estudiantes.

En este contexto, se hace necesario destacar las acciones que deben procurar mantener los establecimientos educacionales, que si bien, responden a lineamientos gubernamentales que en ocasiones se tornan solo como parte del cumplimiento de la política pública y no, una verdadera herramienta o carta de navegación para mejorar la convivencia escolar en la comunidad educativa.

Ejemplo de aquello es la aplicación del plan de prevención de la violencia escolar, la oportuna socialización del manual de convivencia con toda la comunidad educativa junto con la descripción explicita de cada protocolo, donde se señalen las medidas disciplinares y pedagógicas que se deben tomar frente a los distintos eventos.

En síntesis, el problema radica en una suerte de ambivalencia por parte de la Superintendencia de Educación, quien exige a los establecimientos educacionales hacer sus mayores esfuerzos por aplicar un "debido proceso" frente a hechos gravísimos que atentan contra el bienestar de la comunidad. Sin embargo, muchos de ellos responden a expulsiones o cancelaciones de matrículas justificadas y fundamentadas, las que finalmente son desconocidas bajo el amparo del derecho a la educación, obligando a retornar estudiantes sancionados. Con ello, nuevamente la responsabilidad se traspasa al establecimiento educacional, quien debe tomar medidas para prevenir que estos hechos vuelvan a suceder, reconstruir confianzas con la comunidad educativa y alcanzar un buen clima. En esta ida y vuelta de responsabilidades, la Superintendencia olvida al principal actor responsable de los hechos de violencia escolar, que son los apoderados/tutores de los y las estudiantes en quienes se debe focalizar el trabajo y la intervención de forma mancomunada y colaborativa.

El Plan de Reactivación Educativa que trabaja el Mineduc, incluye en su eje Convivencia y Salud Mental, la acción "A convivir se aprende": programa que pretende favorecer la convivencia escolar junto con enfrentar y prevenir la violencia en los establecimientos educativos. Esperamos que esta medida sea una alternativa para que efectivamente disminuyan los índices de violencia escolar, que tanto nos preocupan hoy.

"El problema radica en una suerte de ambivalencia por parte de la Superintendencia de Educación".

Monona Valdés Cortez, Académica Facultad de Educación UCEN

A propósito del último informe de la Fundación Amparo y Justicia, que señala un aumento de un 42% en las denuncias por delitos sexuales contra niños y niñas aumentan, desde Pacto Niñez -organización compuesta por más de 90 instituciones- creemos que es importante apuntar a una problemática pocas veces conversada en el país: en Chile hablamos de niños, niñas y adolescentes sólo cuando la agenda presenta noticias como la mencionada en la nota; no conversamos constantemente sobre lo que ellos y ellas necesitan ni cuáles son las problemáticas que les afectan y, por eso mismo, tenemos cifras tan estremecedoras como las que muestra la nota.

Todos los días los temas de niñez son relegados y si conversamos o llegamos a un acuerdo un lunes, al día siguiente ya no lo recordamos. Llevamos décadas olvidando a la niñez en Chile y postergando la urgencia de un tema que le debería importar al país todos los días.

Por eso, ya encaminados en un nuevo proceso constituyente, creemos que es crucial que los temas de niñez sean centrales en la nueva discusión para que, de una vez, discutamos con seriedad lo que los niños y niñas del país necesitan para vivir una infancia plena.

Carolina Muñoz, académica de la Escuela de Trabajo Social UC y directora de Pacto Niñez

El SII anunció un plan de fiscalización sobre los usuarios de redes sociales, llamados "influencers", que sostiene que estas personas debiesen pagar impuestos por los ingresos que generen.

Según la definición del SII, un influencer es una persona que tiene un alto número de seguidores en diversas plataformas digitales, cuenta con credibilidad e imagen reconocida, y podría generar importantes ingresos asociados a la publicidad, al convertirse en difusor de una marca o si mismo, ante una audiencia o público objetivo, a través de redes sociales.

En ese sentido, se sabe que estas personas realizan actividades publicitarias, por las cuales se les remunera o reciben canjes, lo cual a todas luces genera un beneficio económico.

Por lo mismo, cabe preguntarse si debiesen pagar impuestos. La respuesta es definitivamente sí. ¿Razones? Nuestra legislación define el concepto de renta como cualquier utilidad, beneficio o incremento de patrimonio, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación.

Por lo tanto, las sumas que reciben estas personas por publicidad corresponden a utilidades, de acuerdo con la ley, y el canje es un beneficio, según lo estableció el SII hace varias décadas.

Cabe recordar que nuestra legislación establece que las personas deben justificar sus ingresos. Si no fuese así, la ley señala que si no se comprueba el origen de los fondos, estos se afectan de igual forma con impuesto, que en el caso de las personas naturales, sería con el Impuesto Global Complementario, categoría en la que también se encontrarían los influencers.

Sergio Arriagada R.

Colaborador Centro de Estudios Tributarios

Facultad de Economía y Negocios

Universidad de Chile