Redacción

El gobierno de Perú nuevamente pidió ayer el traspaso "sin mayores dilaciones" de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, mediante una comunicación a las cancillerías de México, Colombia y Chile, en la que planteó una consulta al respecto y alertó al país azteca de que no formalizar esa medida "acarrearía responsabilidad internacional".

La Cancillería peruana señaló que en esa comunicación, la primera enviada a todos los ministerios de Relaciones Exteriores de los países miembros, se invocó el principio "pacta sunt servanda", consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que establece que "todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe".

Sobre las consultas referentes al traspaso de México a Perú de la Presidencia pro tempore, el país andino defendió que estas se contemplan en el propio Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, según el cual "las partes realizarán todos los esfuerzos, mediante consultas u otros medios, para alcanzar una solución satisfactoria ante cualquier diferencia sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones" del mismo.

"Adicionalmente, en la comunicación cursada, el Gobierno del Perú ha dejado a salvo su capacidad para utilizar los medios políticos y jurídicos a su disposición para lograr el cabal cumplimiento de las obligaciones internacionales contenidas en el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", agregó el comunicado.

"Los cuatro Estados miembro debemos preservar a la Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración económico-comercial sin politizaciones y así continuar generando oportunidades para el comercio, las inversiones y la cooperación, en beneficio de nuestros ciudadanos", insistió el ministerio.

Concluyó que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte "no renunciará a mantener viva la Alianza del Pacífico y ejercer su Presidencia Pro Tempore, la que le corresponde de conformidad con el derecho internacional".

En reiteradas ocasiones, Boluarte acusó a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de no querer hacer el traspaso porque "sigue apoyando" al expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido del cargo tras intentar dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, aunque el gobernante azteca asegura que todo fue una trama de "la oligarquía".

Asimismo, AMLO rechazó en febrero entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, al considerar que el Gobierno de Dina Boluarte es "espurio". Al cierre de esta edición no existía un pronunciamiento público de parte de Chile.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto impulsado por la oposición que obliga al Presidente Gabriel Boric a pedir disculpas por la "falta de respaldo" a Carabineros, ayer el Gobierno lamentó el avance legislativo de la propuesta.

El proyecto, redactado por la bancada de Renovación Nacional, fue aprobado el martes con 74 votos a favor, 63 en contra y dos abstenciones.

En el texto se le solicita al Presidente a "ofrecer, en nombre del Estado de Chile, disculpas públicas a Carabineros por la ausencia de respaldo en favor de dicha institución".

Ante esto, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, llamó "dejar la pequeñez política"."Lo principal es trabajar en unidad para poder enfrentar esta preocupación ciudadana, que es de las principales", dijo la vocera.

Respecto a la iniciativa legal, Vallejo señaló que "los proyectos de acuerdo o resolución en el Congreso son puntos políticos. Nosotros creemos, y así ha sido el llamado del Presidente a dejar la pequeñez política y la batalla de cuñas o de quién gana o un titular".

La ministra recalcó que para abordar las tareas de seguridad es necesaria una acción coordinada de todos los agentes estatales. "Nuestro Gobierno está trabajando en coordinación con las instituciones del Estado, con todos los poderes, porque hay que movilizar al Estado en esto, más que quedarse en hacer puntos políticos", aseguró.

Ayer continuó la declaración del ex Presidente Sebastián Piñera, en calidad de imputado, a raíz de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social, conducida por la fiscal Ximena Chong.

Pese a que la comisión de Ética de la Cámara de Diputados hasta anoche aún no informaaba su sanción a la diputada Maite Orsini (RD) por el "telefonazo" que hizo a una general de Carabineros por la situación del exfutbolista Jorge Valdivia tras una detención, el castigo se filtró en las últimas horas.

La parlamentaria deberá pagar un multa del 5% de su dieta parlamentaria, es decir, unos $270 mil; además de una amonestación.

Orsini se expresó molesta por la información y dijo que es "improcedente que se filtre a la prensa antes de que yo pueda conocer su contenido", opinión similar a la del presidente de esa comisión, Nelson Venegas (PS), quien teme que la filtración "pudiera alterar el fallo y quitarle eficacia".

En la UDI reprocharon que no se dictaminara una censura, que implicaría un castigo del 15% de su dieta. Pero la bancada RN fue más allá y anunció el congelamiento de su participación en la comisión de Ética , pues consideraron que el monto de la sanción a Orsini era "bajo".