Prisión preventiva
El fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó un instructivo que ha causado debate en los últimos días respecto a la prisión preventiva. La normativa para los fiscales a lo largo de Chile implica que se debe pedir esta medida cautelar para los extranjeros indocumentados que hayan sido detenidos por algún delito. La acción fue considerada como razonable por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y también por otros actores. Y ciertamente lo es, aunque cuando se habla de orden jurídico, estos procesos necesitan de precisiones.
En lo general es razonable que al no tener elementos de identificación, sea más difícil ubicar a quienes son acusados de quebrantar la ley y, por ende, es el Estado el que a través de su sistema penitenciario entregue garantías que el proceso de identificación termine. La prisión preventiva parece estar justificada.
Sin embargo, ¿la medida de la Fiscalía tiene un efecto uniforme? Lo cierto es que depende del caso a caso.
Los fiscales piden las medidas cautelares, pero son los jueces los que dictaminan si las otorgan o no. Y es acá donde la "pelota" o la "presión" comienza a ser ejercida hacia ellos, a través de dictámenes basados en el Derecho y caso a caso. Sin norma de procedimiento, habrá extranjeros indocumentados que terminarán en prisión preventiva y otros que no. En este contexto, es preciso no apuntar con el dedo a los tribunales, dado que fallan bajo parámetros que están establecidos.
Por otra parte, fundaciones migrantes han acusado que la prisión preventiva para detenidos indocumentados "criminaliza" a sectores.
Con todo, es posible que se terminen estableciendo distorsiones. "Respecto del delito que va a justificar la procedencia de la prisión preventiva podría haber situaciones de trato diferente de nacionales y personas extranjeras", plantea el profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jaime Vera.
Y es que puede pasar que se termine en una desproporción de una cautelar, lo que debe ser analizado más en un contexto de colapso carcelario. No puede pasar que un extranjero indocumentado que vendía elementos piratas esté en prisión preventiva, mientras un chileno que cometió un hecho más grave termine con un arresto domiciliario u otra cautelar.
La medida requiere ajustes, basados en criterios técnicos y sin populismos, tarea que parece pendiente.
"Los fiscales piden las medidas cautelares, pero son los jueces los que dictaminan si las otorgan o no".