Jorge Muñoz Geraldo - La Estrella de Iquique

Tras la instrucción de la Fiscalía Nacional, de solicitar a los tribunales prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados detenidos en situación de delito y el plan "Calles sin Violencia" impulsado por el actual Gobierno, el defensor regional de Tarapacá, Gabriel Carrión, mostró su preocupación, señalando que son medidas vistas a corto plazo y con un fuerte componente comunicacional, pero que detrás de estas se vislumbra la profundización del colapso en los penales de Iquique y Alto Hospicio.

¿Qué señal cree dan a la región los últimos anuncios de la Fiscalía y el Gobierno?

-La primera observación que sebe hacer desde la Defensoría Penal Pública es que ese es una instrucción para los fiscales regionales, que son uno de los actores en el circuito de la persecución penal y de quien no depende la decisión final en cuanto a la imposición de la prisión preventiva o no, porque precisamente por lo que dispone la Constitución, quien define esa petición luego de haber escuchado antecedentes, alegaciones de hecho, será el juez.

En la región no es ahora que está sucediendo esto, porque Tarapacá es una de las regiones, si no la única, que siempre ha experimentado un fenómeno migratorio importante, vinculado a acciones objeto de persecución penal, precisamente por migrantes irregulares y, por lo tanto, si usted me pregunta si antes los tribunales se veían expuestos a decidir peticiones similares a las que estamos viendo ahora conforme a esta nueva noticia, claro que sí.

¿Qué podría pasar en la región sabiendo que más de la mitad de la población penal son extranjeros?, ¿Más aun si gran parte de estos están solo en prisión preventiva?

-Va a haber un efecto que se va a notar en un principio desde un punto de vista comunicacional, pero si nos puede alarmar si ese efecto al principio, comunicacional, va a afectar aún más la situación carcelaria que está experimentando, tanto el penal de Alto Hospicio como el penal de Iquique, que son los dos penales operativos en la región y que al día de hoy, operativamente, y esta es la visión de quien está hablando, están sobrepoblados, con serios problemas de hacinamiento.

Sin embargo en la región de Tarapacá ese tipo de medidas se venían ventilando ante los tribunales respectivos desde hace mucho tiempo atrás, precisamente por la especial ubicación geográfica de nuestra región y su realidad migratoria.

¿Podría explicarnos cómo operará el criterio que tendrá la Ficalía?

-La instrucción es perentoria dentro de la persecución penal, es decir, si usted es migrante y no tiene como identificarse y se ha visto vinculado a un hecho de connotación penal, es en ese caso, si es que el fiscal decide pasarlo a control de detención y presentarlo ante el tribunal, el fiscal va a solicitar la prisión preventiva, el juez resolverá.

Entonces, ¿Considera que es una buena medida la anunciada por el fiscal Valencia?

-Creo que no podemos calificar de buena o mala la medida porque es una decisión tomada por uno de los actores. Sin embargo, puede tener consecuencias respecto de otros de los actores dentro del contexto de la persecución penal, que es Gendarmería de Chile, como un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que se encarga por ley de la custodia de los privados de libertad sometidos a la persecución penal, claro que sí.

Actualmente en la región tenemos solamente dos penales, en Iquique hay mujeres condenadas y mujeres esperando ser juzgadas en un contexto de maternidad o de lactancia y en el penal de Hospicio tenemos condenados varones y tenemos imputados, por lo tanto, si ya en los dos penales hay un desafío severo para Gendarmería en cuanto a medios humanos, recursos materiales y finalmente el cumplimiento de su deber, si va a haber un impacto que va a ser inicial.

Usted dijo que la petición de prisión preventiva para extranjeros irregulares ya se había dado ante tribunales de la región, ¿Eso explica la situación de sobrepoblación de ambos penales?

- Eso ha venido sucediendo en la región desde hace mucho tiempo atrás, la cárcel de Alto Hospicio ha estado siempre en el margen superior del control matemático para pagar multas por sobrepoblación, no es una novedad para nosotros. Eso se refleja en un antecedente: el Ministerio Público está colapsado, la Defensoría Penal Pública está colapsada, el promedio nacional de privados de libertad por defensor es 15 imputados, el promedio en Tarapacá por cada uno de los defensores hay 45 privados de libertad por un defensor, es una situación inviable. Tenemos defensores en Pozo Almonte que llagan a tener 101 privados de libertad.

Pareciera que la lógica del Estado es detener sin pensar en lo que pase después.

-La medida con un efecto puede ser muy favorable en los tiempos que vivimos, pero nos enfrentamos a una situación que es más compleja que es ¿qué va a pasar en el mediano y largo plazo? Y en el mediano y largo plazo lo que vamos a ver es mayor hacinamiento carcelario y ese hacinamiento carcelario puede producir algún tipo de vulneración que acarree la responsabilidad internacional del Estado. La respuesta es ¿qué vamos a hacer con lo que viene?, ¿estamos preparados? Y algo muy importante en estos tiempos, ¿existe presupuesto para enfrentarlo? Y no hablo de los privados de libertad, hablo de los funcionarios.

"Hoy, operativamente, los penales están sobrepoblados y con serios problemas de hacinamiento

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