Matías Gatica Lindsay

Con querellas y anuncios de aumento de la dotación policial reaccionó ayer el Gobierno ante la balacera registrada la noche del martes en Calama, Región de Antofagasta, que dejó dos muertos, cinco personas heridas y que fue protagonizada presuntamente por un hombre de 39 años, con alto prontuario y una historia familiar vinculada a delitos.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que el sospechoso había sufrido en enero de este año el asesinato de uno de sus hijos y el arresto de otro hace apenas dos días. La autoridad indicó que era posible que estos dos hechos podrían haberlo llevado a ocasionar "este actuar irracional", como llamó a los disparos que habría percutado en contra de una comisaría y el terminal de buses de la ciudad.

El sospechoso fue identificado como Víctor Hugo Campillay Sandoval, chileno y de 39 años, residente en Calama y con antecedentes por receptación de especies, uso de placas patentes de otro vehículo, hurto simple, porte de elementos destinados a cometer delito de robo y robo en lugar no habitado.

A las 22:00 horas del martes, un vehículo blanco llegó hasta la Primera Comisaría. Desde él se percutaron una serie de disparos contra el cuartel, que hirieron a dos civiles, un chileno y una boliviana, en la cabeza y en una pierna. Ambos quedaron sin riesgo vital.

Minutos después, el mismo auto llegó al terminal de buses, donde habían cuatro venezolanos. El conductor del vehículo le disparó a todos ellos, quedando tres heridos -uno con riesgo vital- y otro muerto.

Tras ello Carabineros salió en su persecución, en la que el conductor del vehículo habría intentado embestir su auto contra el personal, razón por la que los uniformados dispararon sus armas de fuego y lo abatieron en el lugar.

La investigación hecha a partir del posicionamiento de su celular localizó a Campillay tanto en la comisaría como en el terminal a la hora de los disparos.

El subsecretario añadió que se trataba de "una persona que tenía antecedentes delictuales y vinculada a antecedentes de robo de cobre".

Desde el Gobierno, la Delegación Presidencial Regional anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables del hecho. "Vamos a cerrar los espacios a las bandas criminales que tanto daño hacen a la tranquilidad y seguridad de las familias en la región", dijo la delegada Karen Behrens, que destacó el actuar de Carabineros.

Paro comunal mañana

El hecho desató la indignación de la comunidad y el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro (FREVS), respaldó una convocatoria a paralización comunal para mañana desde las 9:00 horas, que incluirá a funcionarios municipales, establecimientos educacionales, transporte público y al comercio.

"Calama no aguanta más (...) Los mismos vecinos convocaron a un paro de nuestra ciudad. Manifestaron su dolor, su tristeza, su rabia. Calama no puede estar esperando más", insistió.

Tal como ayer, mantuvo la suspensión de clases para hoy y no descartó prolongarla para los días siguientes, lo que fue rechazado por el Colegio de Profesores.

"No se pueden normalizar las suspensiones de clases por balaceras. Entendemos la situación y las razones para tomar dicha decisión, pero queremos ser muy claros en señalar que es una situación grave, anormal", planteó su presidente, Carlos Díaz.

La ministra del Interior Carolina Tohá dijo desde el Congreso que entendía "la inquietud del alcalde, pero (un paro) no va a ser útil ni necesitamos que haya ese tipo de manifestaciones porque la prioridad en la ciudad está desde antes de ese incidente y eso solo confirma la necesidad de poner el plan (Calle sin Violencia) en práctica (...) Independiente de lo que el alcalde planifique para el viernes, ya está priorizada esa comuna".

Ayer, el diputado PL Sebastián Videla denunció en 24 Horas que ha recibido amenazas de muerte por apoyar el plan de demoliciones de ampliaciones irregulares de viviendas de personas vinculadas al narcotráfico, que lleva adelante el alcalde de Calama.

"Te vamos a tirar plomo bastardo" y "te vamos a desaparecer", fueron los mensajes que asegura haber recibido. El presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), repudió las amenazas, sosteniendo que Videl a "ha sido uno de los promotores de la agenda de seguridad en el norte".

Refuerzos policiales

Ante lo sucedido, Monsalve informó que el Gobierno decidió enviar un contingente especial a Calama, que estará compuesto por 26 funcionarios de Carabineros, tres furgones y dos radiopatrullas.

El subsecretario agregó que estaba esperando "el momento más oportuno para concurrir a la comuna", lo que podría ser hoy, pues desea lanzar el inicio del plan Calles Sin Violencia en la ciudad, que de esta forma se aplicará en esta comuna incluso antes que en Santiago, como estaba previsto.

En radio Pauta, Chamorro dijo que estos anuncios no se habrían hecho si no se hubiera convocado a un paro. "Estas medidas se podrían haber adelantado hace mucho tiempo. Es una reacción tardía del Gobierno", agregó.

Consultado por la petición de parlamentarios como la senadora RN Paulina Núñez de declarar bajo estado de excepción a Calama, Monsalve respondió que "nunca vamos a descartar ninguna medida para asegurar la seguridad de la personas, pero tenemos la obligación de llevar adelante aquellas medidas que tengan resultados".