Romel J. Puche

Por delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, el diputado Matías Ramírez presentó ayer una querella contra exfuncionarios de la Seremi de Salud en Tarapacá, a quienes acusó de haber adjudicado más de 3 mil 800 millones de pesos, vía trato directo, a una "empresa fantasma" creada en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia.

Al respecto, el parlamentario señaló que "esperamos que la querella presentada con todos los antecedentes que hemos puesto a disposición del Ministerio Público, sirvan para lograr hacer justicia en estos nuevos antecedentes de corrupción".

El diputado explicó que "se trata de la empresa SGRPO SPA, cuyo representante legal inició sus actividades el 13 de marzo de 2020. Sin embargo, según consta en la querella, la sociedad tuvo su primera operación el 19 de marzo de 2020 para a la Seremi de Salud de Tarapacá, es decir, solo cinco días después de su creación".

El parlamentario del PC indicó en la querella "que la empresa tuvo entre junio de 2020 y julio de 2022 como único proveedor a la Subsecretaria de Salud Pública, a través de los servicios contratados por la Seremi de Salud de Tarapacá, quienes emitieron al menos 77 órdenes de compra a SGRPO, entre los cuales llama la atención la orden de compra N°1082637-17-SE20, por un total de $3.300.000 por un servicio de taxi desde la localidad de Iquique a Colchane".

"También llamó la atención que la empresa SGRPO SPA no tenía bienes para cumplir de manera directa las obligaciones contraídas, por lo que subcontrataron a la empresa Pampa y Mar, la que tampoco registra movimientos con ningún otro servicio o empresa, solo tuvo como único proveedor a la Subsecretaria de Salud Pública", detalló Ramírez.

Dentro de los involucrados se encontraría el exseremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fernández, y su jefe del Departamento de Desarrollo Institucional, además del representante legal de la citada empresa.

Exseremi de salud

Sobre las acusaciones del parlamentario en su contra, el exseremi de Salud, Manuel Fernández, señaló que "como región y Seremi enfrentamos la obligación de responder a una pandemia inédita en el mundo".

"Para esos fines, se requirieron múltiples servicios, lo que permitió implementar las distintas estrategias para el control de la pandemia. Entre ellas el traslado de funcionarios de aduana sanitaria, fiscalización Covid-19, promoción, etc. Lamentablemente, en la región, al momento de la pandemia no se encontraba oferta que pudiera brindar seguridad, frecuencia y continuidad de los servicios, no obstante, todas las gestiones se desarrollaron apegadas a la normativa vigente", aseguró Fernández.

Asimismo, detalló el funcionario, que "para mayor transparencia de las gestiones, en estos actos administrativos, se aseguró el uso de la plataforma Mercado Público y el sistema Cero Papel, que permite la trazabilidad de todos los actos, plataformas que son públicas".

Los servicios aludidos eran vitales para el traslado de funcionarios hacia aduana sanitaria de Colchane, el Loa, Quillagua entre otras, servicios requeridos en forma diaria, refirió.

"Cabe aclarar, que el funcionario aludido en la denuncia interpuesta tiene una dilatada trayectoria en la administración pública y, al momento de asumir como seremi, él ya prestaba funciones en la institución", agregó la ex autoridad regional.

"El suscrito se reserva el derecho a emprender las acciones legales correspondientes, por la afectación moral que está acusación le genera", finalizó confiando en las acciones que emprenda la Fiscalía.

Hasta la localidad de Camiña, ubicada a casi tres horas al noreste de Iquique, en las quebradas de la provincia del Tamarugal, se trasladó personal de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea para apoyar logísticamente a la comunidad agrícola, quienes fueron duramente afectados por la caída de fuertes lluvias hace algunos días.

La instancia se originó a través de un requerimiento formal efectuado por la Ilustre Municipalidad de Camiña, oportunidad en que la Autoridad expresó su preocupación por la escenario que vivían los agricultores del sector altiplánico, producto de las lluvias que cayeron en el sector la semana pasada, solicitando el apoyo de las Fuerzas Armadas para destapar canales de regadío y poder normalizar la situación lo antes posible.

Ante el requerimiento y en un esfuerzo conjunto del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, se realizó la coordinaron para el despliegue de dotaciones de la jurisdicción en el altiplano, para dar solución efectiva a la problemática que aquejaba a las familias agrícolas del poblado.

El teniente 2° AB Gustavo Malzhan, del Destacamento IM N°1 "Lynch", expresó que; "nos trasladamos hasta esta localidad, para apoyar a la comunidad que se vio afectada por las lluvias que cayeron hace unos días. Este es un trabajo conjunto que realizamos las tres ramas de las Fuerzas Armadas, con el objetivo común de apoyar a los agricultores de Camiña. Para nosotros como Armada de Chile, es muy gratificante poder participar de este tipo de instancias de apoyo a la ciudadanía en momentos difíciles", detalló.

3 ramas de la Fuerza Armada se desplegaron en sectores de quebradas.

Un total de 43 carros que son usados por el comercio informal para la venta de productos de dudoso origen fueron decomisados en distintos sectores de Alto Hospicio, tras fiscalización intersectorial coordinada por la Delegación Presidencial.

La nocturna fiscalización incluyó los siguientes sectores: Lo Valledor, Avenida Las Américas con Brasil, Nuevo Hospital y Gimnasio Techado.

En este operativo, funcionarios de Inspección Municipal y Aseo-Ornato, junto con cursar dos infracciones al comercio y retirar dos permisos por mal uso, decomisaron 43 carros, brochetas, papas, pollo con arroz, empanadas, panes, ensaladas, hamburguesas, postres, jugos y chorizos, mientras que el Servicio Agrícola y Ganadero decomiso 61,95 kilos de productos agropecuarios.