La semana pasada presentamos el quinto estudio de la serie del Dicho al Derecho. Trata sobre "Trayectorias de Exclusión Social de Personas con Discapacidad Mental en Contextos de Pobreza y Vulnerabilidad". Quizás sea el tema al que más le viene el epígrafe: Del Dicho al Derecho.

La discapacidad mental genera mucha declaración, mucha palabra escrita, mucha reivindicación acorde a los tiempos, pero los derechos de quienes la viven siguen postergados, invisibilizados, bypaseados y desconocidos en la práctica. Conviven, por ejemplo, en nuestra legislación cuerpos legales cuya redacción requiere con urgencia un cambio de paradigma, y eso que reconocemos -así lo expresa el estudio- que ha habido avances teóricos objetivos en la comprensión de la discapacidad mental en los últimos años en Chile.

Por eso, el mayor aporte, aquello donde deberíamos poner el acento en torno al estudio presentado por la Dirección Social del Hogar de Cristo, son las conclusiones finales resumidas en tres puntos y las palabras de cierre que relevan seis derechos fundamentales de las personas con discapacidad mental.

Primera conclusión: Para lograr la inclusión hay que comprender la heterogeneidad de esta población y las diversas situaciones de desventaja que enfrentan. Las personas en situación de calle, por ejemplo, que tienen en un alto porcentaje trastornos síquicos, intelectuales, propios del consumo problemático de alcohol y otras drogas, ilustran con claridad ese cúmulo de dificultades. A esto se suma que la discapacidad mental es sumamente diversa: están los trastornos cognitivo-intelectuales y los sicosociales o siquiátricos, que significan realidades muy distintas.

Segunda conclusión: La pobreza y la vulnerabilidad incrementan la exclusión social de las personas con discapacidad mental. En este punto, que parece y es obvio, el camino de mejora es la intervención lo más temprana posible, para evitar la internación en instituciones psiquiátricas, que es una realidad durísima que debe ser limitada a su mínima expresión.

Tercera conclusión: La urgente necesidad de un cambio cultural pasa por intervenciones y tratamientos de las personas con discapacidad mental a lo largo de su vida, en todos los ámbitos: salud, educación, empleo.

Sin ánimo de hacer spoiler al estudio, les enumero los 6 derechos fundamentales que Hogar de Cristo plantea en busca del bienestar y la inclusión plena de las personas con discapacidad mental: derecho a la igualdad y no discriminación, así como al igual reconocimiento como persona ante la ley; derecho a la salud e integridad de la persona; derecho a la educación; derecho a la habilitación y rehabilitación; derecho al empleo; derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

"Los derechos de quienes viven (la discapacidad) siguen postergados".

Juan Cristóbal Romero,, director del Hogar de Cristo

Ha sido un proceso progresivo que no fue avizorado por los poderes del Estado, que no captaron a su debido tiempo lo que hoy vemos y padecemos en lo que respecta a la tremenda inseguridad que azota a diversas ciudades del país con un siniestro listado de delitos que todos conocemos. El Estado ahora está reaccionando frente a lo presión de la opinión pública, pero el mal echó fuertes raíces y será una larga y tenaz campaña para combatir la delincuencia, el crimen organizado y la inmigración irregular. Nuestra región, Tarapacá, está en una de las más afectadas por la criminalidad. Esperamos que todo lo que se propone contra la inseguridad vaya dando favorables resultados.

Respecto al criminal tráfico de drogas, poco se habla de las campañas para la rehabilitación de las víctimas del consumo de ese veneno. Hay que disminuir el consumo, tarea nada fácil desde luego. Se publicita mucho sobre el decomiso de drogas y más drogas. A pesar de la vigilancia fronteriza terrestre y aérea, estas siguen ingresando al territorio. Hay que reforzarla, sellarla.

Esta situación está afectando el prestigio del país en el exterior. La alzada criminalidad está desafiando al Estado de Chile, una historia nunca soñada. El malestar ciudadano ha obligado a una reacción del Gobierno y el Congreso para enfrentarlo con todo el rigor de las leyes existentes y las que se aprueben. Tarapacá espera que vaya cambiando progresivamente el drama de la inseguridad.

Asdrubal Pineda Retamal

Chile atraviesa una crisis en materia de seguridad. En ese sentido es positivo el despliegue que observamos por parte del Estado para prevenir y combatir el delito. Lo que preocupa es la relación indiscriminada que se ha establecido entre migración e ilícitos penales, porque no hay evidencia suficiente para afirmar que la migración irregular 'per se' sea la causa principal del crimen organizado, y porque esta asociación induce la xenofobia y el conflicto social.

Lo que se puede afirmar objetivamente es que la población migrante corresponde a casi un millón y medio de personas que ingresaron por pasos regulares y que hacen grandes aportes económicos y en capital humano al país. También es cierto que han ingresado por pasos no habilitados al menos 140 mil personas en los últimos años. En su mayoría se trata de una movilidad forzada, dejando a este grupo humano en una situación de vulnerabilidad social.

Entonces, vale la pena preguntarse si el despliegue político-institucional actual, que lleva el debate público sobre la migración al terreno de lo criminal, es justo y proporcional con la realidad del millón y medio de migrantes y de los más de cien mil desplazados en el país. También es necesario preguntarse si acaso estamos realmente apuntando a las causas estructurales del problema.

El discurso sobre los migrantes buenos y los migrantes malos es improductivo. Este constituye una retórica tautológica y circular en el debate público, que lejos de conducir a soluciones concretas, lo que hace es inducir a percepciones de discriminación. Un claro ejemplo son los resultados de la Encuesta Bicentenario publicada recientemente, donde el 71% de los encuestados cree que existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes, empero, apenas 7% de los mismos encuestados manifestaron haber tenido alguna experiencia desafortunada con una persona extranjera.

Lo que parece lógico, entonces, es avanzar hacia un diseño institucional sólido para la implementación de un empadronamiento migratorio que comprometa el análisis de los casos que se presenten. Esto, en el marco de opciones institucionales que combatan la irregularidad con el reconocimiento de la inserción social de quienes ya están en Chile y suman al país.

Dra. Neida Colmenares

Académica U.Central y Presidenta COSOC SERMIG