Leo Riquelme

Unos 200 migrantes ilegales permanecían varados ayer en la frontera entre Chile y Perú, tras la decisión vecina de disponer de militares para impedir el ingreso de quienes provenían desde el sur o no lograban cruzar ante las medidas tomadas por el Gobierno chileno con los indocumentados.

La mayoría eran venezolanos que salían ante las crecientes restricciones chilenas, quienes esperaban a la intemperie cruzar el Paso de la Concordia, donde policías militarizados les impedían el tránsito por no llevar papeles de residencia en Chile.

Los varados solicitaban la apertura de un corredor humanitario que les permitiera volver a su país, pues tampoco quieren quedarse en Perú.

El número creciente de migrantes en el lado peruano tras la decisión chilena de militarizar la frontera ha atochado los espacios públicos y servicios de Tacna, una de las plazas cerradas desde el miércoles por el gobierno de Dina Boluarte ante la situación que se vive ahí y en zonas limítrofes con Ecuador y Brasil.

Molesto, el alcalde de Tacna, Pascual Güisa, acusó al Presidente Gabriel Boric del hecho. "No debemos permitir que un innombrable e irresponsable como su Presidente esté trasladando los problemas a la frontera", dijo a CNN Chile el coronel en retiro de la Policía Nacional de Perú.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, le respondió: "Chile vive todos los días el desafío de la migración y la vivimos con sentido de responsabilidad, entendiendo la magnitud que tiene este fenómeno. Palabras como esas no contribuyen en lo más mínimo a hacerse cargo del fenómeno que tenemos al frente y el rol que nos corresponde a las autoridades para manejarlo de la manera más adecuada, no sólo para la seguridad de nuestros países, sino que también para los derechos de las personas involucradas".

Más tarde, La Moneda emitió una nota de protesta a Perú por los dichos de Güisa y la Cancillería convocó al embajador limeño Jaime Pomareda para que diera explicaciones. Se retiró sin hablar.

"Las mejores soluciones van a venir de la mano de un trabajo colaborativo y responsable, que exige un trato de respeto entre las autoridades. Así ha actuado Chile y se ha planteado a los países vecino que esa sea la manera que impere", agregó Tohá.

En la ceremonia del Día del Carabinero, el Presidente Gabriel Boric anunció un aumento en las gratificaciones de riesgo para los funcionarios de regiones que están por debajo del resto del país.

De esta manera los carabineros de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo y Los Ríos pasarán de tener un 10% a un 20% de gratificación. En el caso de Antofagasta y Los Lagos el aumento subirá de un 15% a un 20%.

También subirán sus gratificaciones a un 20% en las regiones de O'Higgins y Los Ríos en 2024: y Aysén y Magallanes en 2025.

El mandatario dijo que esto se debe a que "las condiciones han cambiado, Chile ha cambiado, Carabineros ha cambiado y por cierto la delincuencia también"; y añadió que cree que el riesgo es mayor, "por lo tanto eso debe corresponderse con el valor que se le asigna a su trabajo".

"No me cabe ninguna duda que igualando todas las regiones hacia arriba y dándole a los carabineros señales concretas de que, como Estado chileno, valoramos su trabajo, es que creo que estas medidas van en la dirección correcta", añadió.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que en junio se harán efectivas las nuevas gratificaciones.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Múñoz, anunció que el 2 de mayo comenzará a regir en la Región Metropolitana la restricción vehicular permanente, que este año se amplió a toda la provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo, es decir, más allá del anillo Américo Vespucio, como era hasta 2022.

Junto a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la delegada presidencial Constanza Martínez, Mñoz indicó que la ampliación de esta medida, que exige que diariamente un 20% de los vehículos deje de circular según su placa patente, incidirá en 200 mil vehículos que usan tecnología más antigua.

La restricción afectará a los vehículos catalíticos inscritos desde el 2011 y a las motos ingresadas hasta el 2010, que representan el 20% de todos los vehículos de la región.

El plan de descontaminación regirá entre mayo y agosto. Quienes no lo acaten se expondrán a multas de entre 1 y 1,5 UTM, es decir, entre 60 mil y 90 mil pesos.

Para fiscalizar que esto se cumpla el ministro dijo que han dispuesto 430 cámaras a lo largo de la ciudad. El año pasado se cursaron 92 mil multas por incumplimientos a la restricción y 99 de cada 100 fueron detectadas a través de esta tecnología, dijo.

"Es parte de este esfuerzo importante que tenemos que hacer todos para mejorar los niveles de contaminación en esta ciudad", afirmó Muñoz.