Llama la atención los comentarios negativos y prejuiciosos que se generaron en RR.SS. cuando un consejero electo para redactar la nueva constitución señaló que Jesucristo es su modelo a seguir.

Si realmente queremos que nuestra próxima Constitución incluya a todos, es relevante detenerse en este punto: La libertad de pensamiento, conciencia y religión es uno de los Derechos Humanos consagrados por Naciones Unidas, y debe quedar garantizado y protegido en una constitución democrática como la que pretendemos. Es uno de los fundamentos de las sociedades libres, plurales, inclusivas y no discriminatorias.

A diferencia del estado laicista - que excluye a la religiosidad y el fenómeno religioso del espacio público -, el Estado laico es aconfesional, con separación Iglesia-Estado, y reconoce que los seres humanos tienen una dimensión religiosa, por consiguiente, valora el fenómeno religioso sin inclinarse por ninguno en particular. El Estado laico protege el derecho a creer y a no creer, entre otros aspectos.

En Chile, según la Encuesta Bicentenario 2022, 73% de los encuestados manifestaron creer en Dios sin dudas y 11% señaló no creer. En un Estado laico ambos grupos pueden y deben coexistir y, como señala la ya citada Declaración de Derechos Humanos de la ONU en su artículo 19: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones".

Durante este proceso, que en este tema prime el diálogo y no el prejuicio para conversar un derecho humano que nos hace más dignos como persona.

Magdalena Lira,

vocera de Voces Católicas y directora de ACN Chile

El 10 de mayo concluyó el proceso de Operación Renta del año Tributario 2023. Como cada año, se escuchan voces de distintos sectores, tanto gremiales como empresariales, solicitando un mayor plazo para la declaración y pago de los impuestos.

Las razones son de diversa índole. Una de ellas alude a los problemas de conectividad que han presentado las diversas plataformas de internet, incluyendo la aplicación del Servicio de Impuestos Internos, lo que ha generado lentitud en la presentación del formulario 22 y, por lo tanto, un estrés para los encargados de confeccionar y enviar la declaración (contadores). Otra se relaciona con los antecedentes a presentar en la entidad fiscalizadora, que deben ser de carácter documental, para respaldar la declaración de impuestos.

Ante los avances tecnológicos de hoy en día, en el que se visualiza que la inteligencia artificial cada día más puede aplicarse en distintos ámbitos, cabe preguntarse cómo está podría ayudar a hacer más rápido y eficiente el proceso.

Asimismo, se debe evaluar de manera seria cambiar la fecha de declaración y pago, y analizar cambiar los criterios de fiscalización. Extender el plazo evitaría que se produzca una ralentización de la presentación de la información, mejorando así la calidad de ésta, y su posterior fiscalización.

Sergio Arriagada,

colaborador del Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile