Patricio Iglesias P. - La Estrella de Iquique

La Contraloría General de la República realizó varias observaciones al proceso denominado "500 cabildos ciudadanos para Tarapacá".

En el informe N°847 emitido el pasado 26 de abril, el órgano contralor estableció una falta de control, por parte del Gobierno Regional de Tarapacá, además de incumplimientos en la metodología del proyecto, desarrollado entre el 9 de marzo y el 9 de julio de 2022. Entre ellos, detectó encuentros con menor cantidad de personas que las requeridas y, a la vez, determinó que se había abordado como temática el anterior proceso constitucional, pese a no estar destinados para ello. Ante eso, ordenó realizar un proceso disciplinario.

Respecto al financiamiento, de $120 millones, indicó que no se detectaron irregularidades.

"Se observó que el eje temático referente a la Convención Constitucional, no guardaba relación con el objetivo de la iniciativa, ya que su fin era conocer la implicancia regional y las expectativas ciudadanas que tendría la pasada propuesta constitucional, y el grado de conocimiento sobre el trabajo desarrollado por esa convención, como se advirtió de las preguntas aplicadas en los cabildos", precisa el informe, por lo que dispuso que "el Gobierno Regional deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en estos hechos, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía el acto administrativo de inicio".

Otro aspecto observado en el informe, fue que "se comprobaron incumplimientos en la metodología contratada con la consultora Isoingenio Spa; se verificó que 32 cabildos se desarrollaron con una cantidad de participantes menor al mínimo propuesto de 7 personas. Asimismo, se observó que 89 cabildos tuvieron una duración menor al tiempo contemplado en la metodología para discutir cada eje temático, además de inconsistencias en la identificación de los grupos participantes o temáticas abordadas y la falta de medios de verificación en 31 cabildos".

La Contraloría estableció que "las situaciones descritas no guardan armonía con los principios de control, eficiencia y eficacia, por lo que esa entidad deberá incorporar dichas irregularidades al procedimiento disciplinario anteriormente ordenado".

Finalmente, el informe indicó que "el Gore de Tarapacá no supervisó adecuadamente la formulación, evaluación y ejecución de la indicada iniciativa de cabildos ciudadanos, debido a que en su análisis no consideró factores relevantes de medición, como por ejemplo, costo de la recopilación de información en la población y la metodología a utilizarse en la realización de los cabildos, entre otros necesarios para asegurar el buen resultado del proyecto, como tampoco se realizaron verificaciones en terreno por parte de la unidad encargada de su fiscalización, todo lo cual no se ajusta a las normas de control interno", indicando que "corresponde que esa entidad incorpore al sumario antes señalado, la falta de fundamentación técnica de dicho proyecto, de modo de determinar si existen responsabilidades administrativas".

Reacciones

La consejera regional independiente, Solange Jiménez, quien presentó la solicitud a Contraloría junto al core Eduardo Mamani (RN), dijo que "los cabildos como levantamiento de información para la definición de políticas públicas, está bien, es lo que corresponde. En lo que no estoy de acuerdo, es en como se ejecutó está iniciativa y la metodología que se usó. Yo asistí a 3 cabildos y sí hubo intervencionismo político de parte de los facilitadores. Ahora el hecho de que no hubo fiscalización del gobierno regional, y lo ratifica la Contraloría en su informe, me parece grave".

Mientras que el core Mamani, comentó que "con esta fiscalización quedó en evidencia que fue un derroche de $120 millones (...), además llama la atención la participación vecinal, solo con 22 juntas vecinales en los 500 cabildos".

$120 millones demandaron los cabildos, recursos que no objetó Contraloría por su rol social.

Desde el Gobierno Regional indicaron que ya se adoptaron las medidas de control respecto al informe de Contraloría por los Cabildos Ciudadanos.

El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, sostuvo que el informe de Contraloría constató que la asignación directa por 120 millones de pesos correspondiente al 6% del Fndr del año 2021, efectuada por el Gore de Tarapacá a la Federación Regional de Uniones Comunales de Tarapacá, era una actividad de carácter social asociada a un monto que no superaba las 7 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), por lo que no requería ser visada por el Consejo Regional.

Respecto a la situación de riesgo por falta de supervisión, Carvajal indicó que ya fueron implantadas cuatro medidas concretas que vienen a subsanar estos inconvenientes, destacando la concreción de un manual, un flujograma, un reglamento y la aprobación de un presupuesto que permitió la contratación de dos profesionales con dedicación exclusiva para el 8% del Fndr. Agregó que el concurso ya está en marcha con un 43% de los dineros disponibles en relación al año pasado.

"Se trata de un total de $2 mil 685 millones que están disponibles para la versión 2023 del fondo concursable 8% Fndr del Gobierno Regional de Tarapacá, el cual inició su periodo de postulación este lunes 8 de mayo para las líneas de Cultura, Deporte, Social y Medio Ambiente, mientras que este lunes 15 de mayo ya se podrá postular a las líneas de Adulto Mayor y Seguridad", expresó Carvajal, llamando a consultar el sitio www.goretarapaca.gov.cl.

4 medidas adoptó el Gore para corregir lo señalado por la Contraloría.