Royalty e impacto de los fondos
El proyecto de royalty minero llegó al tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Se estima que las zonas donde hay explotación reciban un tercio (US$450 millones) de los US$1.350 millones que recaudaría en régimen el proyecto y en el caso de Iquique podrían llegar más de $3 mil millones.
Si bien en cuanto a lo que demanda el funcionamiento de las comunas, no se trata de una cifra astronómica, estos montos sí ayudarían a concretar proyectos de interés para las comunidades locales, sobre todo de aquellas que se ubican en zonas de explotación minera.
Sin embargo, el proyecto aún no tiene bien definido qué es lo que se haría con estos recursos y la forma de fiscalizar que los dineros cumplan un rol de impacto en las comunidades locales, de modo de evitar -como muchas veces ocurre con los presupuestos regionales- que se terminen gastando en actividades festivas o de compra de vehículos fiscales con el fin de lograr las metas de ejecución a toda costa.
El royalty que se discute en el Congreso, que impactaría de manera más fuerte a las compañías con un alza en la carga tributaria, ha sido criticado por algunos sectores bajo el argumento de ser nocivo para la inversión, sobre todo en momentos en que la minería chilena sufre una gran competencia en países vecinos como Perú, donde las leyes del mineral son mejores y donde además el tributo sería menor.
En este sentido, es importante que si se decide gravar de manera más fuerte a las compañías, esto tenga un real impacto en las regiones y no termine siendo un fondo más que es desaprovechado en proyectos que en definitiva no logran mejorar la calidad de vida de la población.
Por tal motivo, es importante que, en caso de aprobarse la ley, se logren introducir las necesarias adecuaciones y se establezca claramente cómo se pueden utilizar estos recursos, además de los mecanismos que permitan realizar un seguimiento lo más transparente posible.
Más allá de los recursos que finalmente lleguen a las regiones, es clave que estos cuenten con una fiscalización adecuada que permita conocer en qué se están gastando y no deriven en proyectos sin ningún alcance y mucho menos en acciones ilícitas, como ya se han detectado en distintas licitaciones públicas a lo largo del país.
"Más allá de los recursos que finalmente lleguen a las regiones, es clave que estos cuenten con una fiscalización adecuada".