Matías Gatica Lindsay

Molesto se expresó el Presidente Gabriel Boric con la decisión de impedir la asistencia de público civil al desfile por el Día de Las Glorias Navales en Iquique. El mandatario aseguró que no fue una decisión suya y comprometió consecuencias para quien sea el responsable.

Si bien en principio se apuntó al jefe de Estado por la restricción en el acto del 21 de mayo, el mandatario aclaró ayer en una entrevista a radio Nostálgica de Copiapó que "no es algo que sea mi instrucción, ni menos mi voluntad. Es algo que me molesta profundamente, no es el tipo de señal que nosotros queremos dar, esto va a ser completamente modificado".

Tras ello, Boric pidió disculpas "al pueblo de Iquique que quedó fuera del desfile (...) Comparto plenamente la molestia de los iquiqueños, me parece inaceptable".

El Presidente contó que le pidió a su equipo "con mucha molestia entender cómo se toma esa decisión, quién toma esa decisión, quién es el responsable de esa decisión y les aseguro que respecto a esa decisión tienen que haber consecuencias".

El primero en apuntar responsabilidades fue el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, quien afirmó que la Avanzada Presidencial era estuvo "a cargo de todos los protocolos, accesos. Tratamos de conversar con la avanzada de que era pertinente que estuvieran mucho más cerca, no fue así y entiendo la molestia de las personas, es parte de nuestras tradiciones. Vamos a reforzarlo, si es que hay otra visita presidencial, con la avanzada presidencial, porque esta es una fiesta cívica".

Al ser consultado más tarde en la inauguración del Hospital Comunitario de Huasco por la posible responsabilidad de la Avanzada Presidencial, el Presidente Boric dijo que "lo vamos a determinar" y no quiso referirse mayormente a lo expuesto por el alcalde Soria.

Los diputados de la bancada UDI Renzo Trisotti, Christian Moreira y Álvaro Carter solicitaron una explicación a la Delegación Presidencial en Tarapacá y la Avanzada Presidencial. "Ya no sirve que el Presidente Boric diga que no fue su decisión y que lamenta lo que ocurrió", señalaron.

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, concurrió ayer a La Moneda a ofrecer disculpas, luego que en una entrevista dominical en La Tercera calificara a los adherentes de Apruebo Dignidad como "monos peludos" del "30%" y "compañeres", a quienes "sigue "apapachando con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras".

Luego de admitir en la noche en CNN que había cometido un "tremendo error", ayer en palacio afirmó que había hecho "una analogía muy desafortunada sobre la comunidad LGBTQIA" y "por cierto, también a otras alusiones poco afortunadas", que a su juicio, "no hacen sentido respecto de lo que es mi partido y las luchas que ha tenido".

Piergentili, que lideró una alianza con la DC y el Partido Radical que no logró ningún consejero constitucional, llamó a no conformarse con el 38% que sacó el Apruebo en septiembre y aseguró que "no está en duda la permanencia del PPD en el Gobierno".

La jefa de gabinete, Carolina Tohá (PPD), le expresó su molestia en privado por sus dichos y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, los llamó "manotazos de ahogada". El resto del oficialismo también la criticó.

Pese a ello, la vocera Camila Vallejo dijo que recogían "las disculpas públicas" de Piergentili pero pidió centrarse en lo "relevante" y "materializar los cambios", pues "es lo que a la gente le importa".

El Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sentenció a 3 años de libertad vigilada a Roberto Campos Weiss, conocido como "profesor del torniquete" por haber destruido un validador de la estación de Metro San Joaquín el 17 de octubre de 2019, previo al inicio del estallido social.

La semana pasada, y luego que el tribunal acreditó la participación del imputado en este hecho mediante registros de cámara, Campos fue declarado culpable por el delito de daños agravados.

Para ayer estaba pactada la lectura de su sentencia. Por una parte la Fiscalía de Alta Complejidad había solicitado una condena de tres años de reclusión menor en grado medio para el imputado; mientras que su defensa pedía que el caso fuera sobreseído, luego que el Gobierno actual retiró la querella presentada durante el mandato de Sebastián Piñera, que le aplicó en aquel entonces la Ley de Seguridad del Estado, por la que estuvo en prisión preventiva 56 días.

Ambas solicitudes fueron rechazadas por el tribunal, que en su lugar le aplicó una pena sustitutiva de 3 años de libertad vigilada, además del pago de 11 UTM, es decir, cerca de 649 mil pesos.

Actualmente Campos se encuentra bajo arresto domiciliario, luego que fuera sorprendido el 16 de abril presuntamente rayando la Iglesia San Francisco, que es monumento nacional. El CDE presentó una querella en su contra por este hecho.