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En prisión hombre por descargar archivos de pornografía infantil

Eran más de mil archivos los que mantenía el acusado. Es el tercer detenido a través de alerta internacional.
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Romel J. Puche

En prisión preventiva quedó un hombre de Alto Hospicio identificado por las iniciales R.A.P.P., formalizado por la Fiscalía tras ser detectado al descargar más de mil archivos de material pornográfico infantil.

En la audiencia de formalización la fiscal Camila Albarracín, especializada en la persecución de los delitos sexuales, comunicó que todo se generó "en el marco de una investigación regional llevada a cabo por el Cibercrimen Metropolitano y la Fiscalía Local de Alto Hospicio, donde se estableció, por medio del uso de plataformas especializadas que permiten detectar la descarga y distribución de archivos digitales de abuso sexual infantil, que el imputado el día 11 de diciembre de 2022 descargó 1.022 archivos de material pornográfico infantil".

La fiscal detalló que el ilícito se estableció a través de las redes con archivos audiovisuales que se encuentran codificados, y a los que se logra realizar un seguimiento. "Fue así que mediante autorización judicial se ejecutó la orden de entrada, registro, incautación y revisión de dispositivos al domicilio, donde se ubicó un computador de escritorio, sin marca, color negro y un disco duro interno, ambos de propiedad del acusado y que almacenaban 38 videos y 1086 imágenes de material pornográfico infantil, procediendo a la detención del imputado mediante una orden judicial", asentó Albarracín.

Operación orión

La fiscal Albarracín señaló a La Estrella que las últimas investigaciones que han dado como resultado la detención de tres imputados en la región, se enmarca dentro de la "Operación Orión", en la que prospera el Ministerio Público junto con la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la Policía de Investigación (PDI).

La persecutora explicó que los resultados se han logrado a través de un monitoreo en una plataforma facilitada por el FBI, y que consiste en "fotografías que corresponden a material pornográfico infantil pero que tienen un hach, es decir están marcadas y tienen una huella de rastreo, cada vez que se descargan estas imágenes los detectives pueden verificar qué IP está descargando y difundiendo, nosotros luego solicitamos al tribunal las órdenes respectivas para comunicarnos con las empresas de telefonía y tener a quién y qué domicilio están conectados".

"Se trabaja en otra línea investigativa que yo le digo el cyber time line, que es una alerta que emana un Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados, en una ONG de Estados Unidos que le informa al FBI respecto de ciertos reportes de las plataformas, cuando el algoritmo reporte ciertas imágenes que correspondan a material pornográfico infantil se informa a los distintos países", manifestó Albarracín.

Delegación se querella por crimen de discapacitado

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La Delegación Presidencial de Tarapacá concretó ayer la presentación de una querella, por el caso del homicidio cometido por los marinos de la Armada, en contra de un migrante colombiano en situación de calle y con discapacidad.

"Yo tomé un compromiso con la ciudadanía en enero, a propósito de las demandas de seguridad. Uno de esos fue querellarnos activamente respecto de cada uno de los homicidios que se cometieron durante este año y esta no podía ser la excepción", manifestó el delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel Quinteros.

Los ahora exmarinos quedaron en prisión preventiva el pasado lunes, tras la audiencia donde el Tribunal de Garantía determinó que existían antecedentes suficientes para relacionar a los imputados con el asesinato de Milton Domínguez, de 60 años de edad.

"Este terrible homicidio contra una persona con discapacidad que no tiene ninguna posibilidad de defenderse, es un acto que no quedará impune y desde la delegación se utilizarán todas las herramientas que nos faculta la ley para investigar, perseguir responsabilidades y lograr condenas que sean ejemplares y efectivas respecto de estas personas", agregó Quinteros. El caso tiene 120 días de investigación según decretó el mismo tribunal.