Caja de pandora
La Contraloría inició una investigación a todos los convenios suscritos por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta a través del programa de Asentamientos Precarios. Esto, luego que la semana pasada se denunciara el pago de $426 millones a la ONG Democracia Viva, que es representada por la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, polémica que decantó en la renuncia del jefe de la repartición, Carlos Contreras. Todos militantes en Revolución Democrática.
Además según informó Radio Bío-Bío, la seremi tendría acuerdos similares con otros organismos por $3 mil millones, muchos de ellos sin pasar por toma de razón del organismo pues se asignaron parcializadamente y por montos menores a los $316 millones, que es desde cuando se obliga a hacer revisión.
El caso sin duda remece al aparato público, en este caso desde una región, pero que claramente puede tener repercusiones en el resto del país, donde en los últimos años han surgido una serie de fundaciones que están en manos de ex autoridades o familiares de personas que actualmente ejercen cargos públicos, no solo en el ámbito de Vivienda, sino en un sin fin de actividades, incluidas el deporte y la cultura.
Es por ello que más allá de investigar lo que sucede en Antofagasta, bien podría generarse un plan de revisión de este tipo de entidades cuya regulación está llena de vacíos legales.
Es importante que no paguen justos por pecadores, no obstante, una revisión de estas organizaciones también serviría a la transparencia y a una mejor imagen de la mayoría que sí ejerce su función en estricto apego a la probidad.
Las fundaciones que reciben recursosdel Estado o de empresas privadas han sido un gran aporte en muchas áreas y requieren que su función se fortalezca y para ello se requieren reglas claras de lo que pueden y no hacer.
Sin dudas se ha destapado una caja de pandora, cuyo contenido real aún es incierto, pero es deber de los organismos que el Estado tiene para ello, el fiscalizar independiente de quienes se vean afectados. Al mismo tiempo el Gobierno debe dar señales claras de su interés en que estas situaciones no se vuelvan a repetir.
"Es importante que no paguen justos por pecadores, no obstante, una revisión de estas organizaciones también serviría a la transparencia".