Matías Gatica Lindsay

La Brigada de Homicidios de la PDI trabajaba en la tarde de ayer para identificar dos cuerpos hallados desmembrados al costado de un canal en Pudahuel. Los policías buscaban determinar si los fallecidos eran dos personas desaparecidas hace unas semanas.

En la noche del martes la familia de una mujer en situación de calle, a quien habían reportado como desaparecida desde octubre, pues no la veían desde agosto, recibió una videollamada en la que le indicaron que el cuerpo de su pariente estaba al costado de un canal en Claudio Arrau con El Portezuelo.

Los familiares concurrieron y se encontraron con un cuerpo semienterrado, desmembrado y que estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que dieron aviso a la policía.

Al canal llegó la Brigada de Homicidios de la PDI, que horas después se enteró que otra familia había recibido la misma llamada indicándole que un hombre al que le habían perdido la pista estaba enterrado en el mismo lugar.

Tras revisar el sitio los detectives hallaron el segundo cuerpo e indicaron que los fallecidos eran un hombre y una mujer, quienes al cierre de esta edición aún no habían sido identificados, por ende no se sabía si correspondían a las personas reportadas como desaparecidas.

Sobre este caso, la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, dijo que "el tema de homicidios es una preocupación fundamental para el Gobierno. Nosotros cuando llegamos vimos que había un aumento sostenido de los homicidios en los últimos 10 años, lo que implica que también cualquier política pública requiere un tiempo" para aplicarse.

Una hija de la desaparecida declaró que "quiero justicia para ella y que se vaya detenida la persona que estaba en todo esto (...) Ninguna persona merece morir así, ella no era mala persona".

Luego de semanas de debate en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó ayer el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones y despachó la norma con las 14 observaciones que modifican su contenido, entre ellas la eliminación de la legítima defensa privilegiada. Con esto quedó lista para ser promulgada.

También se establecieron las penas dependiendo de la gravedad del delito. En el caso de las usurpaciones violentas, la pena llegará hasta los cinco años; tres años por usurpaciones con daño sobre las cosas; y hasta 541 días o una multa por usurpación sin violencia. Si bien hasta antes de las votaciones habían dudas sobre su aprobación, este último punto marcó el apoyo del Partido Republicano, Evópoli y el PDG al veto presidencial.

"La Araucanía y el sur de Chile están hoy contra la espada y la pared a propósito del veto a la Ley de Usurpaciones. No se puede caer esta ley y no podemos darnos el lujo de rechazar, porque dejaríamos a toda la gente en la indefensión", dijo antes de la votación el diputado Mauricio Ojeda (Rep), que ante el rechazo y críticas de RN y la UDI los acusó de ser una "versión Fruna" de su partido.

Algunos diputados del Frente Amplio y el PC rechazaron algunas indicaciones, pues acusaron que "criminaliza la pobreza". Tras la aprobación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró que se consiguiera "concitar un apoyo mayoritario en ambas Cámaras".

Indignados con el resto de la derecha, RN y la UDI ingresaron un nuevo proyecto. "No estamos dispuestos a quedarnos tranquilos con las migajas del Gobierno en lo que fue una verdadera extorsión al Parlamento", dijo el diputado Andrés Longton.