Matías Gatica Lindsay

Ayer se llevó a cabo la formalización del representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quienes fueron imputados por tres delitos de fraude al Fisco por la suscripción de tres convenios presuntamente fraudulentos por 426 millones de pesos entre el Minvu y esa fundación. La fiscalía pidió la prisión preventiva para ambos.

Hasta el Juzgado de Garantía de Antofagasta concurrieron los imputados, quienes fueron detenidos el miércoles en Santiago por la investigación que realiza la fiscalía por los convenios.

Según detalló en la audiencia el fiscal Cristián Aguilar, los exRD se reunieron el 10 de agosto de 2022, cuando Contreras le habría contado a Andrade sobre la posibilidad de postular a estos fondos para campamentos.

El persecutor señaló que Democracia Viva, que se creó el 30 de septiembre de 2021, no tenía el giro para involucrarse en proyectos de viviendas, en los cuales no tenía experiencia; ni estaba inscrita en el Registro de Fondos Públicos, como se exigía para postular a dichos fondos.

Con estos antecedentes, Aguilar dijo que Contreras intervino y modificó las nóminas para que Democracia Viva se adjudicara los proyectos.

El primer convenio fue por $200 millones y tenía por fin instalar luminarias solares, mejorar los espacios para la habitabilidad y la prevención ante posibles incendios, entre otras mejoras para el campamento EcuaChilePe. El monto total fue transferido en una cuota a Democracia Viva el 17 de octubre de 2022.

El segundo convenio por $170 millones tenía la misma función, pero para el campamentos Irarrazabal I.

Según detalló el fiscal, en ambos asentamiento el avance de las obras no superaba el 30% cuando estalló el caso y señaló que el monto para honorarios, los cuales se entregaron en parte a personas de la misma fundación, superaba lo estipulado en el convenio y que incluso Andrade pagó los montos en líquido para reducir el costo de los contratos.

A su vez, dijo que no se exigió la rendición de las cuentas y los detalles de los avances de las obras, por lo que aseguró existió incumplimientos tanto por parte de Democracia Viva, como del exseremi Contreras.

En la audiencia Aguilar expuso conversaciones por WhatsApp entre Andrade y la concejala de Antofagasta Paz Fuica (RD) en la que mostraba su preocupación por la demora en la suscripción de los convenios y relató que incluso entre algunas de las partes se habrían eliminado mensajes que tenían más detalles de cómo se adjudicaron los proyectos.

Por otra parte, según detalló un informe de la PDI al que tuvo acceso La Tercera, Contreras utilizaba otras plataformas de mensajería, como Signal y Telegram, para conversar con Fuica y el exsecretario de RD, Edson Dettoni, las cuales, según el reporte policial, las "habría manipulado con finalidad de borrar conversaciones".

Con estos antecedentes, el persecutor pidió para los imputados la medida cautelar de prisión preventiva, lo que se decidirá hoy cuando se retome la audiencia a las 12:00 horas.

Tras la audiencia el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, dijo que "la imputación que se ha hecho ahora en términos de formalización y los antecedentes que se expusieron, dicen relación con el concierto entre dos personas, que son el señor Contreras y el señor Andrade. Se expusieron antecedentes evidentemente de la vinculación con otras personas dentro de un mismo contexto".

Transferencias a pérez

Una de las aristas que investiga la fiscalía son transferencias realizadas presuntamente por Daniel Andrade a su expareja, la diputada Catalina Pérez (suspendida de RD), las que ascenderían a 15 millones de pesos, y que fueron registradas por un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Sobre ello la diputada dijo a través de un comunicado que "desde ayer ha circulado la información que yo habría recibido dinero proveniente de Democracia Viva. Esa información es totalmente falsa. No he recibido ningún depósito por más de 15 millones de parte de Daniel Andrade o de la fundación Democracia Viva, directa o indirectamente".

"El 5 de noviembre de 2021, mucho antes de que se firmara cualquiera de los convenios cuestionados, hice un depósito a plazo en el Banco Estado (...) En enero de 2023, 14 meses después, retiré ese depósito, con intereses, a través de un vale vista para depositarlo en mi cuenta del Banco de Chile. Son mis ahorros", aseguró.

"Lo digo fuerte y claro: no he robado nada ni he recibido beneficio alguno de esos convenios", concluyó Pérez.

A raíz de este antecedente, el abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, dijo que evalúan solicitar el desafuero de Pérez para que enfrente a la justicia. La diputada Chiara Barchiesi (Rep) instó a la fiscalía a que realice pronto esta solicitud.

El diputado PPD Raúl Soto dijo que "el caiga quien caiga incluye a todos, también a la diputada Catalina Pérez".

Por su parte la fiscalía también investiga al Ministerio de Vivienda por una posible omisión de denuncia y para determinar cuándo se enteraron del caso el ministro Carlos Montes y el Presidente Gabriel Boric. Esto luego que el miércoles la exsubsecretaria de esa cartera, Tatiana Rojas, dijo en su declaración penal que le entregó un informe a Montes antes que el caso explotara en los medios, lo que el PS negó.

El fiscal Aguilar no descartó que se detenga a otras personas por este caso.