Indultado por Boric queda en prisión preventiva por secuestro extorsivo y robo
Luis Castillo fue acusado junto a otras tres personas de sustraer violentamente un vehículo y raptar a su conductor.
Redacción
El Tribunal de Garantía de Copiapó dictó la prisión preventiva para Luis Castillo Opazo, uno de los 12 "presos del estallido" indultados hace exactamente un año por el Presidente Gabriel Boric y quien ahora enfrenta a la justicia tras ser acusado de secuestro extorsivo y robo con violencia.
El hombre, quien tras su liberación en diciembre de 2022 publicó un video en el que se autodenominaba como "insurrecto", fue detenido la noche del jueves en una estación de servicio de Copiapó, Región de Atacama, junto a tres mujeres (dos de ellas menores de edad) por la retención de un hombre encontrado al interior del maletero de su vehículo, el que según la imputación fue robado.
El Ministerio Público le imputó el delito de secuestro, lo que fue acogido por el Juzgado de Garantía de Copiapó. A ello se agregó el ilícito de conducción de vehículo bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Durante la formalización, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Castillo y Camila Morales, la mujer mayor de edad que se encontraba con él al momento de la detención. Y para las menores se solicitó reclusión domiciliaria.
La petición contra los dos adultos fue acogida por el tribunal y se decretó la medida cautelar por considerar que existe riesgo de fuga y además porque su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Ambos fueron trasladados a la cárcel de Copiapó.
"Teoría acreditada"
Durante la jornada, el fiscal jefe de Atacama, Christian González, se refirió a las diferentes versiones del hecho y la investigación que llevará adelante el Ministerio Público. Ante la hipótesis planteada de que el secuestrado había estado de fiesta y había acordado con Castillo simular el rapto para evitar el enojo de su mujer, el persecutor afirmó que "la Fiscalía hasta ahora tiene una teoría acreditada; no son sólo los dichos de la víctima. Se expusieron claramente videos, audios, registros de Whatsapp, georreferenciación, y esos elementos fueron contundentes y el tribunal los acogió".
Reconoció que "hay otra tesis que también vamos a investigar con objetividad. Hasta ahora está acreditada la versión de la víctima y nos corresponde investigar todas las versiones. Ya escuchamos la de la imputada adulta (Morales) y ahora vamos a escuchar la del imputado adulto (Castillo)". Se espera que él dé su declaración entre mañana y el miércoles, porque hasta el momento no ha estado en condiciones de hacerlo.
"No hemos desestimado esas versiones y en su oportunidad vamos a seguir nuestra teoría del caso o la vamos a corregir según esos dichos", afirmó.
La reincidencia de Castillo reabrió el debate de los indultos que promulgó el Presidente Boric a finales de 2022, cuando liberó a 12 personas que cumplían condena por delitos en contexto del estallido social y fueron puestos en libertad, pese a que algunos mantenían prontuario.
El diputado Jaime Araya (ind.-PPD), manifestó a radio Cooperativa que "esto constituyó un error en el caso particular de Luis Castillo, pero también hay que hacer presente que esto tuvo consecuencias. Esto no es que se indultó y no pasó nada. Hay que recordar que se fue la ministra de Justicia (Marcela Ríos) y se fue el jefe de gabinete del presidente (Matías Meza-Lopehandía). Es muy lamentable la situación, pero la verdad de las cosas es que los antecedentes que tenía el señor Castillo uno podría haber visualizado que era altamente probable que él volviera a cometer un delito".
No obstante, destacó que el Gobierno sea parte querellante, aunque el escrito de la acción judicial que presentó La Moneda omite el historial delictivo de Castillo y el secuestro fue calificado por la vocera Camila Vallejo como "hipotético".
Gajardo: facultad "medieval"
El exfiscal Carlos Gajardo cuestionó en radio Cooperativa la facultad de indultar: "Cuando el sistema en su conjunto funciona, la Fiscalía acusa, los Tribunales se pronuncian, los casos van a la Corte y se resuelven, y por lo tanto se establece una sentencia condenatoria en contra de una persona que termina estando en la cárcel por delitos graves. No me parece adecuado que exista la facultad de que un solo sujeto, aunque sea el Presidente de la República, tenga la facultad de dejar todo aquello sin efecto, igual que el rey medieval".