La impunidad de la pirotecnia ilegal
Es desalentador constatar que, a pesar de las regulaciones establecidas en torno al uso de fuegos artificiales, la realidad nos muestra una falta significativa de aplicación efectiva de la ley. Las celebraciones con artículos pirotécnicos ilegales, como las que ocurrieron en distintos sectores de Iquique y Alto Hospicio la noche de Año Nuevo, refleja no solo una desconsideración hacia la seguridad pública, sino también una carencia alarmante de control y sanciones por parte de las autoridades. Sin duda, un hecho que preocupa.
La Ley que prohíbe el uso, manipulación, venta y otros actos relacionados con fuegos artificiales tiene como objetivo salvaguardar a la comunidad y prevenir posibles riesgos asociados con su utilización. Sin embargo, los resultados prácticos han sido escasos, evidenciando una necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de fiscalización y aplicación de sanciones.
Es fundamental reconocer que el uso indiscriminado de fuegos artificiales no solo perturba a las mascotas y atenta contra la tranquilidad de las personas, especialmente a aquellos con condiciones especiales o personas mayores, sino que también representa un peligro evidente para la seguridad. Incendios, lesiones y daños materiales son consecuencias potenciales de estas prácticas irresponsables. En ocasiones, también sirven para camuflar el uso de armas de fuego.
Resulta imperativo que las autoridades refuercen las medidas de control y establezcan sanciones efectivas para aquellos que transgredan la ley. La falta de aplicación rigurosa fomenta la impunidad y perpetúa la creencia errónea de que estas acciones son tolerables.
Es indispensable que las autoridades competentes puedan revisar y mejorar los procedimientos de fiscalización y promover la conciencia sobre los riesgos asociados con el uso de fuegos artificiales ilegales, además de trabajar en conjunto con la comunidad para garantizar un entorno seguro y respetuoso durante las celebraciones.
Es hora de tomar medidas decisivas para proteger a la sociedad, hacer cumplir la ley y cultivar una cultura de responsabilidad que preserve la seguridad y el bienestar.
"los resultados prácticos han sido escasos, evidenciando una necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de fiscalización".