El Gobierno entregó el lunes el Informe Nacional de Homicidios Consumados, donde se observa que el 2023 se presentó una baja de -6,0% respecto al año anterior en la tasa de asesinatos ocurridos en el territorio nacional. En términos más concretos, durante el 2022 se reportaron 1.330 casos versus los 1.248 registrados en los 12 meses siguientes.

Si bien se trata de una buena noticia, lo cierto es que las cifras todavía son altamente preocupantes. Primero, porque continúan altas en comparación a los años previos a la pandemia y porque, además, es evidente que el modus operandi de las bandas involucradas en estos delitos está en muchos casos relacionado con la acción del crimen organizado.

Otro dato que inquieta es que la tasa nacional de estos crímenes, que fue de 6,3 por cada 100.000 habitantes en 2023, es bastante más alta que el promedio de los países OCDE, que alcanza a 2,9.

En el caso de Tarapacá también se reveló una caída: mientras en 2022 el informe da cuenta de 51 asesinatos, en 2023 estos disminuyeron a 43, es decir, se alcanzó una variación de -17,1% en la tasa.

En medio de este panorama, parece relevante tomar esta mejora con mesura y continuar con el desarrollo de acciones que permitan mejorar la seguridad en cada una de las regiones del país, donde hoy por hoy los habitantes continúan atemorizados por la delincuencia.

En el escenario local, a pocos días de iniciar el quinto mes del año, ya se contabilizan 14 homicidios y en algunos casos emblemáticos la justicia no ha logrado identificar y detener a sus responsables. Entre ellos se incluye el triple asesinato que quedó al descubierto en un cementerio de mascotas ubicado en Alto Hospicio, hecho que provocó gran conmoción entre los vecinos. Además, con frecuencia se conocen ataques y robos armados que afortunadamente no terminaron con la vida de las víctimas.

Si bien los números mejoraron, es importante que las autoridades no canten victoria y continúen implementando acciones que permitan hacer frente a este escenario delictual que se mantiene como una de las mayores preocupaciones de los chilenos.

"La tasa nacional de estos crímenes, que fue de 6,3 por cada 100.000 habitantes en 2023, es bastante más alta que el promedio de los países OCDE, que alcanza al 2,9".

A pocos días de entrar en vigencia la Ley 21.561, que reduce gradualmente la jornada laboral, llevándola desde las 45 horas actuales a 44, la Dirección del Trabajo (DT) ha emitido un dictamen que pretendía aclarar algunas interpretaciones sobre la forma de implementar la medida, pero que terminó provocando más dudas que certezas. En concreto, el citado dictamen desestima la reducción por minutos diarios que muchas empresas venían trabajando, estableciendo que debe aplicarse restando una hora completa de trabajo, sin fraccionamiento, en un día específico de cada semana.

Llama la atención que el ente regulador emita un dictamen aclaratorio a pocos días de entrar en vigencia la nueva ley. Complejo también resulta saber que aún existen varias dudas sobre cómo aplicar la normativa, considerando que muchos sectores productivos llevan meses haciendo ajustes y programando esta reducción a sus turnos y procesos respectivos, en un trabajo que ha sido coordinado por los distintos gremios empresariales con las autoridades.

En esta misma tribuna y desde diversas plataformas, nuestro gremio también ha impulsado los alcances de la nueva normativa, tratando de informar a nuestros socios y generando instancias de coordinación entre empresas y autoridades, necesarias para que la aplicación de la nueva ley se inserte en el que hacer empresarial. No obstante, se ha levantado una controversia en la interpretación de materias que aparecen expresadas en el literal de la ley. Ocurre con el Artículo 22, Inciso 2°, que establecía la exención de jornada de trabajo para ciertos trabajadores sin supervisión directa del empleador, cuestión que también traerá necesaria adecuaciones.

Para que haya generación de empleo y crecimiento, lo que se requiere es un clima de certeza jurídica y elementos de flexibilidad. En este sentido, las intervenciones por parte de la autoridad debiesen ir por un carril de acompañamiento y educación, implementado a través de sus consejos consultivos (Cosoc), los que tendrán bastante trabajo, a fin de que estos debates no terminen en multas o en una judicialización innecesaria.

Creemos en la necesidad de promover estas políticas pro trabajador, pero así también la necesaria creación de incentivos claros orientados a reducir la tasa de cesantía y la de informalidad, que afecta especialmente a la región de Tarapacá.

"Lo que se requiere es un clima de certeza jurídica y elementos de flexibilidad".

Leopoldo Bailac A.,, Presidente de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII).

Con el caos vial que a diario se vive en las calles de Iquique, parece necesario fortalecer la educación en esta materia en los establecimientos educacionales. En pocos años más la ciudad podría colapsar si no se toman medidas.

Controles carreteros

Aunque siempre se difunden los controles en la ruta, resulta que en muchas ocasiones prácticamente no existe fiscalización entre Iquique y Santiago una vez que se cruza la zona de aduanas. Parece necesario buscar cómo se potencian los controles en las rutas.

¿Hito?

Las autoridades de educación realizaron un "hito" para dar cuenta de que se logró atender la demanda de matrículas. El problema es que el año comenzó en marzo y casi llegando a mayo se anuncia la solución. Esto debiera ser resuelto antes de comenzar...