Avanzar en inclusión
Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello, se promovió la cooperación público-privada, entendiendo que se trata de un asunto que afecta a toda la sociedad y que es, por lo tanto, deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.
El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de cien trabajadores, deben reservar el 1% para empleados en esta condición, o bien optando por alternativas como realizar donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.
En lo fundamental, lo que pretendió esa legislación es facilitar la inclusión y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de estas personas.
Es cierto que la legislación ha ayudado a los discapacitados, pero aún falta mucho por avanzar, en especial respecto de más oportunidades, junto con un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darles todas las oportunidades posibles.
Por otro lado, más allá de la legislación vigente, también es importante que las ciudades estén a la altura de las necesidades de los discapacitados. Hay que reconocer los esfuerzos que se han hecho en algunas comunas de la región de Tarapacá, por hacer veredas y esquinas inclusivas, pero aún eso sigue siendo poco; ya que la mayoría de las comunas carecen de infraestructura adaptada para estas personas. El progreso tarapaqueños tiene que ir de la mano de todos sus habitantes.
"Es deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas".