Ministros que entregan información privilegiada a litigantes (el caso de Ángela Vivanco revelado en los audios que se han divulgado) o a parientes (según se acusa al ministro Sergio Muñoz); o que ocultan información acerca de su propio comportamiento (el caso del ministro Matus que negó los chats con Hermosilla que luego se revelaron), dan muestra de una dramática crisis de comportamiento en la Corte Suprema.

¿Por qué se ha producido? ¿Será fruto, como se ha dicho, del sistema de nombramientos que al obligar al cabildeo compromete favores futuros de parte de quien logra la nominación? ¿O habrá un factor de otra índole?

Un autor inglés (Herbert Hart) da una pista en su famoso texto El concepto de derecho.

Explicarlo brevemente a quienes no son juristas, puede ayudar a entender el problema que se ha planteado en Chile y la dimensión ética que posee.

Frente a la pregunta de en qué consiste una regla, Hart sostiene que ella no puede consistir en un mandato de comportamiento amparado en la amenaza de una sanción (algo así como: si no haces tal cosa, entonces sobrevendrá un castigo). Porque si ese fuera el caso, una regla jurídica no se diferenciaría de la orden de un pistolero que le ordena a usted hacer tal o cual cosa so pena de un balazo. Una regla, dice Hart, se diferencia de una simple orden amparada en la amenaza, en el hecho que donde existe una regla jurídica hay al menos algunas personas o miembros de la sociedad que las aceptan y las emplean genuinamente como reglas de conducta, de manera que respecto de ellos no es la amenaza de sanciones lo que explica su acatamiento o su uso, sino la aceptación de lo que la regla dice o demanda: el empleo de la regla como un criterio legítimo para juzgar el comportamiento ajeno o el propio. Hart llama a eso el "aspecto interno de las reglas".

Pues bien, lo que la sociedad espera es que sean los jueces y los funcionarios públicos y desde luego el gremio de los abogados, quienes posean esa adhesión a las reglas, sean ellos ese grupo de personas que llegado el caso sean más leales a las reglas que a sí mismos.

Esa adhesión a las reglas que Hart llama su "aspecto interno" (la aceptación de una regla y su empleo para guiar la conducta propia y la ajena) es lo que parece estar faltando en algunos abogados y jueces (desde luego en los involucrados en el caso audios) que emplean las reglas y las tuercen como un recurso estratégico para lograr satisfacer sus propios intereses. La falta de esa adhesión puede, desde luego, llegar a constituir un delito; pero es sobre todo una falta ética, porque la ética exige de parte de quienes ejercen cargos públicos cuidar las reglas porque sobre ellas, y su administración imparcial, descansa la vida social.

Y lo que está ocurriendo en la Corte es que al menos algunos de sus miembros parecen haber perdido esa actitud interna de aceptación de las reglas que el derecho requiere para funcionar. Y entonces han rozado el extremo de ocultar actos propios relativos a su cargo, hacer favores a litigantes o traspasar información a parientes, abandonando así la lealtad a las reglas que es su principal deber ético.

Lo que está ocurriendo es, pues, una crisis ética.

De ahí que no se requiera -y es de esperar que la mayoría de la Corte así lo entienda- que se llegue a configurar un delito flagrante para la remoción de alguno de sus ministros puesto que basta acreditar que se ha abandonado gravemente la lealtad a las reglas para que el mal comportamiento se configure, porque, después de todo, si los llamados a exigir a los ciudadanos que cumplan las reglas, no son capaces de demandarlo de sí mismos, y, en vez, prefieren usar las reglas para pagar favores o favorecer parientes, o lo toleran por benevolencia o descuido, entonces ya no es la Corte Suprema la que estaría en crisis, sino el derecho en su conjunto.

¿Qué ocurre en la Corte Suprema?

Carlos Peña

Se cumplen cien años del famoso ruido de sables, origen a los sucesivos acontecimientos que remecieron al desprestigiado régimen parlamentario, con la intervención del Ejército que junto a la Armada asumió el poder, mientras el Presidente Arturo Alessandri Palma abandonó el país rumbo a Europa, después de otorgársele un permiso constitucional de seis meses para ese fin, luego la Junta de Gobierno disolvió el Congreso, el 11 de septiembre de 1924, lanzando un Manifiesto al país, explicando los objetivos del movimiento del 5 de septiembre. Fue el principio del fin del régimen político nacido después de la victoria congresista sobre las tropas presidenciales de Balmaceda en 1891, cuyos graves defectos fueron previstos por este estadista en su Testamento Político, pero nunca pensó que sus partidarios en el futuro Partido Liberal Democrático resultaron destacadísimos defensores de ese régimen repudiado, que tramitaba el despacho de los proyectos de leyes sociales del Presidente Arturo Alessandri Palma, pero gustosos aprobaron la dieta parlamentaria, situación que motivó la irrupción militar que obligó al Parlamento a aprobar rápidamente esas iniciativas sociales prometidas por el León de Tarapacá en la agitada campaña presidencial de 1920. La Junta de Gobierno, acusada de desviarse de sus objetivos, fue derrocada en enero de 1925, cumpliéndose el tiempo del permiso constitucional concedido a Arturo Alessandri, este regresó a Chile, por llamamiento de la Junta de Gobierno. Se restauró el régimen democrático, una Comisión Consultiva redactó una propuesta de nueva Constitución, estableciendo el régimen presidencial, aprobado por plebiscito, promulgada el l8 de septiembre de 1925 por El León de Tarapacá, moría oficialmente el régimen parlamentario y nacía el presidencial, con la nueva Carta Magna.

El régimen parlamentario entró en profunda crisis terminal, se hablaba, se escribía sobre la imperiosa necesidad de hacer reformas a la Constitución de 1833. La inestabilidad política con las continuas rotativas ministeriales. A fines de 1923 el ministro de Hacienda declaró que nuestro Senado más para perturbar la marcha administrativa y política del Estado, que para confeccionar las leyes que reclama el progreso nacional.

Llegó el año 1924, las aguas se agitaron en forma amenazante con la dieta parlamentaria, que originó malestar en oficialidad joven de la guarnición de Santiago, con el episodio del ruido de sables en el Senado, el 4 de septiembre. Al día siguiente, se formó un Comité Militar, una delegación de esta hizo entrega de un petitorio al Presidente Arturo Alessandri Palma sobre proyectos de leyes sociales detenidos en el Congreso. El mandatario prometió su pronto despacho, pero los militares debían regresar a sus cuarteles. Los congresales las aprobaron en la sesión del 8 y 9 de septiembre. Sin embargo, los militares no cumplieron ese compromiso, exigieron la disolución del Parlamento. Bajo esa indebida presión, el Presidente prefirió renunciar, el día 9, al no ser aceptada, se le otorgó un permiso constitucional de seis meses para abandonar el país rumbo a Europa. Se formó una Junta de Gobierno presidida por el general Luis Altamirano, el día 11, ordenándose la disolución del Parlamento. Se lanzó un Manifiesto al país, explicando los motivos del movimiento y los objetivos que perseguía.

Se cumple el Centenario del episodio del ruido de sables que abrió la puerta a los vertiginosos acontecimientos que llevaron a una corta e incruenta intervención militar, pero la espada se inclinó ante la toga. El León de Tarapacá regresó, completó su mandato, el país logró una nueva Constitución, nacía el régimen presidencial, moría el parlamentario. Comenzó un nuevo período en la Historia de Chile.

Mario Zolezzi Velásquez