Daniela Ortega Novoa

Cinco instituciones públicas de Tarapacá aparecen en el "top 50" con el mayor número de funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. Así lo reveló ayer la Contraloría General de la República, organismo que amplió el informe entregado el martes, donde la Corporación Municipal de Desarrollo de Iquique (Cormudesi) aparece en el puesto cuatro a nivel nacional, con 515 casos.

De acuerdo al nuevo listado, en la región estarían involucrados 1.277 funcionarios durante el periodo 2023-2024. Las instituciones locales mencionadas son, además de la Cormudesi, el Servicio Local de Educación Pública Iquique, SLEP (228); la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte, Cormudespa (188); la Municipalidad de Alto Hospicio (181) y la Municipalidad de Iquique (165).

Desde Contraloría General de la República señalaron que los antecedentes de los 25 mil funcionarios del país que viajaron fuera del país durante sus licencias médicas fueron remitidos al Ministerio Público y la Consejo de Defensa del Estado, además se instruyó a más de 780 entidades efectuar sumarios al personal involucrado.

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En la misma línea, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, señaló estar en desacuerdo con el mal uso de licencias médicas y dijo que esperará el informe que solicitaron para que, a través de la división jurídica de la municipalidad, tomar las medidas disciplinarias que correspondan.

"Reprochamos la conducta de los funcionarios que han hecho esto y también de los profesionales del área de la salud que han emitido estas licencias y esa es parte también de una arista de una investigación penal de estas licencias fraudulentas. Hay todo un tema judicial de por medio que debe ser investigado y que obviamente nos vamos a hacer parte también", afirmó Soria

El edil agregó que las medidas disciplinarias serán tanto para los funcionarios municipales y de la Cormudesi que estén involucrados en estos casos.

Desvincular

Por su parte, el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy , refirió que "en la misma línea que ha planteado Contraloría, nosotros vamos a aplicar los sumarios correspondientes a todas las licencias que están y, en base a ello, si hay que desvincular, vamos a desvincular. Claramente es una falta a la probidad, es lo que se ha reflejado por parte de Contraloría y efectivamente nosotros tenemos un alto índice de licencias médicas y claramente con este informe hay un abuso de aquello, vamos a ser rigurosos con todo este proceso".

En tanto, el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, advirtió que "la situación se investigará y se determinarán y aplicarán las sanciones que correspondan. Habrá que ver si estos casos, o cuantos de ellos, responden efectivamente a la administración municipal o a situaciones anteriores del área de educación, que ya no administramos, por su traspaso al SLEP".

Al cierre de esta edición no hubo una respuesta por parte de SLEP Iquique sobre la información revelada por la Contraloría.

La Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio por los 25 mil funcionarios públicos que hicieron viajes al extranjero mientras tenían licencia médica en 2023 y 2024, según detectó Contraloría.

Según el informe, en ese periodo se emitieron 35.585 permisos a trabajadores fiscales, quienes realizaron 59.575 entradas o salidas del país, lo que se identificó con información de la PDI.

Fue en ese contexto, y luego que el Gobierno diera 72 horas para que los servicios públicos inicien sumarios y pidan que se reintegren los recursos asociados a los reposos, ayer el Ministerio Público abrió la investigación que será dirigida por la fiscal regional Metropolitana Oriente Lorena Parra.

Esta indagatoria tendrá por fin determinar la responsabilidad funcionaria en delitos de fraude al Fisco y la eventual emisión de permisos falsos en el caso de los médicos.

Horas antes de este anuncio diputados de oposición y del oficialismo llegaron hasta la Fiscalía Nacional para ingresar sendas denuncias en torno a este caso.

La bancada de RN ingresó una denuncia por un "eventual fraude masivo", el que aseguró en un informe que "da cuenta de miles de casos que podrían configurar delitos contra el patrimonio fiscal" y de un "abuso inaceptable del sistema de salud y un grave perjuicio al Fisco".

Los diputados le pidieron a la Fiscalía tener los antecedentes completos del informe de la Contraloría, solicitar a Fonasa y a las isapres el detalle de las licencias médicas, tomar declaración a las entidades con más casos y suspender la facultad de emitir licencias a los profesionales investigados.

En tanto la diputada Camila Musante (Ind-PPD) también presentó una denuncia ayer para que se investiguen los delitos de fraude al Fisco, fraude a subvenciones, malversación de caudales públicos y uso malicioso de instrumento público.

La candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei cuestionó ayer la creación del Comité Nacional de Ausentismo por parte del Gobierno y propuso controlar las licencias médicas mediante el cruce de datos de días de licencia y de los médicos que las recetaron; que Contraloría realice un sumario y que el jefe de servicio esté obligado a aplicar la sanción establecida por Contraloría; y una sanción de por vida a ejercer labores en el ámbito público a quienes sean descubiertos, además de devolver el dinero. Su partido, la UDI, le demandó al Gobierno que le solicite la renuncia a los 25 mil funcionarios involucrados. Esto a pesar de que varios de los servicios involucrados no son de su dependencia, como ocurre con las municipalidades.