El Ministerio del Interior informó sobre un vuelo de deportación que partió desde Estados Unidos con destino a Chile, trasladando a 44 connacionales que se encontraban en situación irregular en ese país. Según la autoridad, el procedimiento se enmarca dentro de la nueva política migratoria estadounidense, la que ha generado operativos similares en varios países de la región.

Aunque el número puede parecer reducido, se anticipa que este tipo de acciones podría continuar. Esto ha provocado diversas reacciones, algunas de ellas comparando la eficiencia estadounidense con la supuesta inacción de países como Chile. Sin embargo, vale la pena recordar que la política de expulsiones en nuestro país no es reciente y está vigente. De hecho, en lo que va del año se han reportado 402 expulsiones, siendo la más reciente la de 34 extranjeros en un operativo realizado este mismo mes. No obstante, este es un proceso complejo, que involucra una serie de trámites legales y, en ocasiones, recursos judiciales interpuestos por organizaciones no gubernamentales, lo que retrasa e incluso impide la ejecución de algunas órdenes de expulsión.

En un contexto donde el debate migratorio se ha convertido en un terreno fértil para los distintos sectores políticos, es importante recordar que la institucionalidad chilena contempla los mecanismos para regularizar y, si corresponde, expulsar a quienes infringen la ley migratoria.

Lo que el país necesita no es más polémica, sino un sistema que funcione, respete el debido proceso y que, además, se haga con transparencia. Informar a la ciudadanía no solo cumple una función democrática, sino que también puede actuar como un disuasivo frente al ingreso irregular.

Sin embargo, el foco principal debe estar en la prevención. Mientras no se fortalezcan los controles fronterizos y no se implementen políticas integrales de acogida e integración, las expulsiones seguirán siendo solo una respuesta tardía a un problema mayor.

Chile, al igual que Estados Unidos, continuará enfrentando los desafíos de la migración. En ese escenario, resulta clave una política clara, coherente, humanitaria y que resguarde la seguridad de la población.

"Lo que el país necesita no es más polémica, sino un sistema que funcione, respete el debido proceso y que, además, se haga con transparencia".

El año 1990 se entregó, mediante una ley, la administración de la Zona Franca de Iquique (Zofri) a una sociedad anónima, por un plazo de 40 años que vence el año 2030 y conforme al espíritu de la ley, al vencimiento de dicho contrato se debería llamar a una nueva licitación para otorgar la concesión de la administración de Zofri, realizándose a través de una ley tramitada en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno decidió retirar del Parlamento el proyecto presentado por su antecesor, y ahora, a punto de terminar su gestión, busca burlar el marco legal renovando la concesión al actual administrador por medio de un simple decreto, perpetuando así un modelo que no solo ha demostrado ser ineficiente, sino que no se conforma a las actuales necesidades del comercio, la empresa privada, sus trabajadores y del desarrollo de Iquique.

Cada vez son más las empresas que abandonan la zona y con ello se pierden empleos. El 50% de la carga que llega del extranjero al Puerto de Iquique evita la Zofri, "pasando por el lado". La actividad comercial se ha reducido considerablemente, y su aporte al desarrollo económico de la ciudad ha sido nulo, situación que se ha agravado durante el ultimo directorio, que ha puesto su interés y recursos en una zona logística en Arica, que está fuera del objeto y finalidad legalmente declarada en la ley de Zofri, con la absoluta falta de reacción del gobierno y de las autoridades de Tarapacá e Iquique.

Es imprescindible aprovechar la oportunidad de una nueva licitación para introducir los cambios que Zofri requiere para enfrentar el futuro, y sería una grave e inexcusable error prorrogar el contrato" a la actual sociedad Zona Franca de Iquique S.A., que ya sabemos que, a pesar de ser un monopolio, no tiene capacidad para implementar los cambios que el futuro reclama, y una vez suscrita la "prórroga" del contrato, el Estado no podrá exigirle otro comportamiento que el contenido en dicho instrumento que es del año 1990, otra época.

El gobierno está en su último tramo, y como respecto de Tarapacá no tiene obras de su iniciativa que mostrar, tememos fundadamente que, a fin de poder mostrar algo, en forma atarantada e irresponsable, renueven el contrato de concesión a la actual administración y con ello hipoteque en forma definitiva e irrecuperable el futuro de Zofri, y de paso Iquique pierda su más importante palanca de desarrollo.

"Cada vez son más las empresas que abandonan la zona y con ello se pierden empleos".

Max Barrera P. Presidente Asociacion Usuarios Zofri A.G.

Una mala costumbre se ha vuelto en el país el utilizar las licencias médicas para tomarse días libres, no solo para viajar, por lo que lo revelado por Contraloría es solo la punta del iceberg. Se necesitan reformas urgentes.

Poco margen

Deportes Iquique tiene poco margen para tratar de salir del fondo de la tabla antes de que el torneo sufra el receso. El encuentro frente a Unión La Calera es clave y los tres puntos son demasiado necesarios. Si bien no habrá público, se debe ser fuerte de local.

En familia

La celebración del Día del Patrimonio se ha convertido, además, en una gran instancia para disfrutar y compartir con la familia. Todos juntos recorren y conocen buena parte de la riquísima historia nacional y regional. Para muchos será un gran fin de semana.