La ciudadanía y las licencias
El 96,8% de los chilenos considera que está mal o muy mal que funcionarios públicos viajen al extranjero mientras están con licencia médica. Así lo reveló la encuesta Chile Nos Habla, de la Universidad San Sebastián, tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República que identificó más de 25 mil casos de este tipo entre 2023 y 2024.
Más allá del escándalo nacional, este tema adquiere una especial sensibilidad en regiones como Tarapacá, donde no solo se detectaron centenares de situaciones en 15 servicios públicos, sino que, además, cinco entidades de la región están entre las 50 con más casos a nivel nacional.
Es lamentable, sobre todo por las enormes necesidades y siempre escasos recursos públicos que se reclaman a nivel local, lo que deriva en que la ciudadanía espere con urgencia un Estado que funcione, que cuide los recursos y que no normalice los abusos.
Los resultados de la encuesta reflejan una profunda molestia, una sensación de abuso y una demanda clara por justicia. El 69,9% de los consultados exige el reembolso de los dineros percibidos durante esas licencias. Un 64,2% va más allá y pide la desvinculación de los funcionarios involucrados. Y una proporción importante también exige investigar a los profesionales de salud que emitieron estas licencias (44,9%), emprender acciones legales (41,7%) y aplicar sumarios administrativos (40,9%).
Pero quizás el dato más revelador -y más preocupante- es otro: un 58,4% de las personas cree que, pese a todo, no ocurrirá nada con los responsables. Esa percepción de impunidad socava la confianza en las instituciones y refuerza la idea de que el Estado funciona con reglas distintas para quienes lo administran.
La encuesta, más que una simple fotografía de la opinión pública, es un llamado de atención a las autoridades. La ciudadanía no está dispuesta a tolerar el mal uso de los recursos públicos, menos aún en un contexto de estrechez fiscal, listas de espera en salud y urgencias sociales que claman por atención. Cada peso mal utilizado representa una oportunidad perdida para quienes realmente necesitan al Estado.
"Un 58,4% de las personas cree que, pese a todo, no ocurrirá nada con los responsables. Esa percepción de impunidad socava la confianza".