La presencia permanente, y en aumento, de la delincuencia juvenil en los medios de comunicación, coloca en tela de juicio la implementación de la Reforma a la Ley Penal Adolescente. Un estudio realizado por la Fiscalía Nacional revela la reincidencia como un fenómeno central en este grupo etario, reconociendo una carrera dilectual en una escala de tipos de delitos y uso de la violencia. La demanda de un sector de la ciudadanía, respecto a la delincuencia juvenil, por un lado es aumentar la sanción penal ojalá a penas de privación de libertad y reducir la edad para ser sometido al procedimiento penal, entre otras, como forma de resolver el temor, la desconfianza y la cuestión de la seguridad. Por otro lado, critican la efectividad de la intervención social de reinserción y la rehabilitación.
Estas miradas apuntan a las consecuencias y no las causas de la delincuencia juvenil. Estas aíslan el fenómeno social a una realidad individual y desconocen el contexto social que determina esta situación. Uno de esos factores es la desigualdad, que lleva a un alto porcentaje de la población a estar en situación de vulnerabilidad y exclusión.
El estudio de la Fiscalía reconoce en el perfil de los infractores de ley adolescente factores comunes de baja escolaridad, deserción escolar, maltrato, abuso y abandono familiar transgeneracional, baja empleabilidad, condiciones de habitabilidad y entorno social precario.
La política criminal en nuestro país se caracteriza por privilegiar la articulación de acciones con el sistema penal por sobre la articulación con la política social. Con un Estado reducido en el campo de la política social el "Estado Policial" ocupa el centro del abordaje de problemas sociales.
Por eso no resulta extraño reconocer en las intervenciones sociales que se realizan con los jóvenes infractores de ley escasos resultados positivos si lo que se privilegia es el control social, focalizándose en el quebrantamiento, la acumulación de causas y sus reiterados procedimientos. Con ello se interrumpe procesos de intervención social de largo plazo y que requieren de una articulación familiar, comunitaria y social, que estigmatiza y se resiste a formar parte de la solución.
Naciones Unidas ha desarrollado un modelo de atención de la vulnerabilidad psicosocial y psicopenal en Costa Rica y Uruguay que implica un cambio de la política criminal. Allí el sistema penal, la política social y la ciudadanía articulan la acción con un enfoque de prevención del conflicto psicosocial, a través de intervenciones destinadas a corregir las conductas delictivas con recursos familiares, grupales y comunitarios.
Ana Fuentealba Alday
Académica Unab.