"Los instrumentos para las empresas buscan darles continuidad laboral y evitar la quiebra masiva"
La economista estima además que "ser un país con más recursos permite enfrentar mejor esta pandemia", analiza la gestión del Gobierno ante la crisis y se refiere a los créditos y a las ayudas para los sectores vulnerables, pymes y empresas.
Las consecuencias económicas de la epidemia del coronavirus pueden ser tan graves como las del virus mismo. Por eso el Gobierno chileno ha estado muy activo en este aspecto. La semana pasada anunció el segundo paquete de medidas para ir en ayuda de quienes se vean afectados por las restricciones sanitarias para contener la propagación viral y esta semana el Congreso aprobó el proyecto que da dinero al Fogape (Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios), que permitirá otorgar nuevos créditos a empresas que necesitan liquidez para enfrentar los mismos efectos económicos de la enfermedad.
Alguien que está muy atenta a todo esto es la economista Bettina Horst, subdirectora de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, columnista en diversos medios e integrante del panel consultivo de expertos en políticas públicas creado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para diseñar la manera de que llegue la ayuda a la población más vulnerable.
-La crisis sanitaria, ¿ha profundizado o ha dejado en compás de espera la crisis del "estallido social"?
-Hay que separar lo que se llama "estallido social" en dos aspectos. Uno es el estallido de violencia que tuvimos desde mediados de octubre del año pasado instalado en las principales ciudades de nuestro país y que se extendió hasta marzo de este año, cuando empezaron las restricciones producto de la expansión de la pandemia, y que fue paulatinamente replegándose. El otro aspecto que se instaló desde octubre es una demanda de una agenda social con una mayor celeridad y con un eje puesto en mejores pensiones, mejor salud, mejor trabajo y también mejor trato y dignidad. Uno podría decir que lo que está en compás de espera es definitivamente la parte de la violencia. No sabemos hasta qué punto vamos a volver a ver resurgimiento de focos de violencia una vez que se vayan relajando los controles sanitarios y las medidas de confinamiento.
-¿Y las demandas sociales?
-En el ámbito de las demandas sociales, en marzo ya se habían hecho avances importantes en varios temas: se había aprobado la ley que aumentaba la pensión mínima solidaria, estaba por aprobase y ahora se ha aprobado el proyecto de ley que entrega un ingreso mínimo garantizado con subsidios del Estado que permite que hoy tengan un ingreso mínimo garantizado de 300 mil pesos líquidos. Desde el punto de vista de la agenda social, se había avanzado bastante. Y había otros temas que son de fondo y que tienen que ver con descentralización, fortalecimiento de las comunas, mayor equidad en el trato del Estado a los municipios, es decir, agendas que son más del mediano plazo.
-¿Qué le ha parecido, a grandes rasgos, el manejo del Gobierno por el estallido social y la crisis sanitaria: uno mejor que otro, ambos bien o ambos mal?
-No son comparables los dos escenarios. Después del estallido de octubre, el Gobierno se vio enfrentado a muchas dificultades políticas, con un sector político transversalmente desacreditado y con muy bajos niveles de confianza de la ciudadanía (todas las encuestas mostraban la falta de adhesión a distintas corrientes políticas) y con muchos grupos que querían hacer caer al Gobierno, lo cual le puso una dificultad adicional a lo que hoy día tiene que enfrentar en el caso de la pandemia. Hoy hemos visto la necesidad de trabajar en forma más unida, ha habido menos oposición (si bien se ha mantenido alguna con cuestionamientos a la labor gubernamental), pero sin duda, enfrentar una pandemia permite poner por sobre los intereses particulares, los intereses generales. El Gobierno ha podido trabajar con menos piedras en el camino. En todo caso, lo que vimos después de octubre, si bien el Gobierno tuvo celeridad en ciertas respuestas, quedó al debe en cuanto al manejo de restaurar el orden público. Es algo que estamos a la espera de saber cómo se va a enfrentar una vez que se levanten las restricciones por la pandemia.
-Una pandemia afecta sin duda la economía, como puede apreciarse en todo el mundo. ¿En qué pie encuentra a Chile?
-Esta pandemia encuentra a Chile en un mejor pie que probablemente otros países de Latinoamérica, pero en uno mucho más débil con respecto a sí mismo. Si comparamos a Chile de marzo del 2020 con Chile de septiembre de 2019, es un Chile mucho más debilitado por lo que pasó desde octubre, básicamente por el estallido de violencia. Las proyecciones económicas desde septiembre del año pasado daban luces de una suerte de reactivación y aumento de la actividad económica, pero a partir de octubre y los brotes de violencia, ya en diciembre el Banco Central estaba dando proyecciones eventuales de tasas de desempleo de dos dígitos para la primera parte de este año, una menor tasa de crecimiento de la economía, tenemos una menor creación de empleos y una mayor creación de empleos informales. Desde el punto de vista tanto laboral como de actividad económica esta pandemia nos encuentra más debilitados que lo que estábamos en septiembre de 2019. Solo para dar una cifra: lo que se paga ahora para el Bono Covid es 170 millones de dólares en un mes. Lo que nos vamos a gastar en recuperar la infraestructura del metro después de los ataques incendiarios es del orden de los 360 millones de dólares: dos meses de Bono Covid. Esta pandemia nos pilla en una situación de mayor pobreza y menores recursos producto de la violencia que hemos tenido instalada desde octubre. No es gratis.
-Según la sabiduría popular es mejor la pobreza estando sano que la riqueza estando enfermo. ¿Se pueden separar los efectos sanitarios y económicos de una situación como la actual?
-Es imposible separarlos porque finalmente son los efectos sanitarios los que se buscan combatir con restricciones que afectan finalmente a la economía. Quizá la antigua sabiduría popular no sé si se ajusta a la situación actual, porque hoy día Chile, gracias a que ha sido un país que ha avanzado en materia de pobreza, en los distintos indicadores sociales (tenemos menos personas pobres, menos hacinamiento) y aunque aún hay desafíos importantes, somos un país que gracias los últimos 30 años estamos en una mejor situación para poder combatir esta pandemia, en términos de infraestructura hospitalaria, nivel general de salud de la población, acceso a agua potable, etc. Ser un país con más recursos permite enfrentar mejor esta pandemia.
-La conjugación de medidas sanitarias es compleja. Las restricciones y cuarentenas localizadas pretenden evitar el cierre completo de la actividad económica. ¿Es necesario hacer un balance entre ambas cosas?
-Hay que hacer ese balance. Y hay que ir "piano, piano" con la evaluación de cómo se va a ir desarrollando. Hasta el momento, la información que uno tiene desde el ámbito sanitario, pareciera indicar que ha habido un control de la expansión de esta pandemia, sin la necesidad de tomar medidas tan estrictas como las que se tomaron en China con el cierre absoluto de distintas ciudades y buena parte de su economía. El instalar y quitar cuarentenas focalizadas busca controlar la pandemia, pero a su vez busca evitar los cierres absolutos de la economía con los efectos que tiene en la población tanto en lo económico como en la salud mental. Se puede avanzar por los dos caminos: tenemos experiencias en los países de Europa, buenas y malas; en Asia, buenas y malas. Ese aprendizaje es útil.
-En su conjunto, ¿qué le parece el paquete de medidas económicas del Gobierno para ayudar a los afectados por la situación sanitaria?
-En términos generales los dos paquetes económicos abordan tanto el apoyo a sectores más vulnerables (a través de transferencias corrientes) como el apoyo a empresas, pequeñas, medianas y también de mayor tamaño para evitar su quiebra. Creo que apuntan en la dirección correcta en cuanto a construir un puente entre marzo de 2020 y cuando vuelva a abrirse la economía. El gran desafío es pasar de los anuncios a la implementación efectiva. Por ejemplo, el Bono Covid que fue aprobado hace ya varias semanas en el Congreso recién en estos días se está pagando. Los anuncios van en la orientación correcta, ahora toca implementarlos a tiempo, para que lleguen a las empresas y las personas.
-Algunas medidas benefician, en teoría, a ambos: la suspensión del vínculo laboral evita la quiebra de empresas y entrega recursos al trabajador. ¿Le parece un buen instrumento?
-Me parece un muy buen instrumento. Acá, al final del día, los instrumentos para las empresas lo que buscan es darles continuidad laboral y evitar la quiebra masiva para precisamente evitar los despidos masivos que afectan a las personas. Hay una distinción entre apoyo a las empresas y a las personas, pero, en realidad, todos los instrumentos apuntan a apoyar los ingresos de los hogares, a las personas. El mecanismo que se implementó ahora en Chile de permitir el acceso al seguro de cesantía sin la necesidad de terminar el vínculo laboral, me parece bueno: el trabajador así mantiene una relación con su fuente de trabajo y el empleador mantiene la inversión que ha hecho en el trabajador, sus vínculos afectivos y de confianza entre ambos. De lo contrario, las empresas hubieran tenido que despedir al trabajador para poder acceder al seguro de cesantía.
-¿Pero es razonable que esta decisión quede al puro criterio del empleador y sea cual sea el tamaño de la empresa, pues unas tienen más espaldas que otras?
-A mí me parece razonable que sea una opción del empleador, pero también tiene que ser con acuerdo del trabajador. No podemos dejar esa decisión respecto de miles de empresas con distintas realidades y situaciones: por su rubro y por el territorio en el que se localizan. Hay regiones y comunas en las cuales los efectos de las cuarentenas han sido menores que en otras. Es imposible que, desde el regulador, desde el Estado, se pueda definir quién se acoge y quién no.
-¿Es suficiente el bono para los sectores informales de la economía, que suelen ser los de menores ingresos?
-Acá hay dos cosas que hay que compatibilizar. Una cosa es el sentido de justicia en la ayuda y otra cuáles son los recursos disponibles. Hay importantes recursos y confiar en que si la crisis se profundiza o alarga habrán más, pero también hay que priorizar. No se puede garantizar a todos el ingreso que antes tenían. Por ejemplo, cuando se habla de informales, se habla de la gente que tiene boletas de honorarios, pero ahí hay gente que tiene ingresos muy altos (abogados o médicos) y algunos con ingresos muy bajos. El Estado debe priorizar y tiene que garantizar que a lo menos que los hogares más necesitados cuenten con los recursos mínimos de alimentación o abrigo. ¿Cuál es el monto razonable? Tiene que ver con las necesidades mínimas.
-En el apoyo a las empresas, ¿es un camino mejor el acceso a créditos blandos con garantía estatal antes que la entrega directa de recursos?
-Sí, de nuevo: hay que priorizar. Hay sectores que pasando estos meses malos van a recuperarse, obtener utilidades y salir adelante. A aquellos sectores resulta razonable entregarles un crédito y no hacerles una transferencia monetaria como se hace con los hogares de menores ingresos que a futuro tampoco van a tener la capacidad de devolver un crédito. Con las empresas, pequeñas y grandes, es distinto: a futuro ellas debieran ser capaces de retomar la actividad económica y con eso pagar los créditos. Desde un punto de vista de priorización de recursos, se les ayuda a pasar este bache, para que después puedan devolver esos recursos.
-Esta semana se aprobó el proyecto que financia al Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios. No obstante su nombre, los beneficios consideran también a las grandes empresas, con menos garantía estatal. ¿Le parece adecuado el mecanismo?
-Me parece adecuado. Durante la crisis subprime también se aumentó el número y tamaño de las empresas que podían acceder a este fondo. Junto con ello también me parece razonable que el Gobierno apoye a empresas mucho más grandes ahora: el límite hoy es de un millón de UF de ventas anuales, pero podría abrirse a empresas incluso más grandes. De nuevo: esto no es desde la óptica de salvar el patrimonio de sus dueños y de sus accionistas, sino para salvar empresas más pequeñas que dependen de la empresa grande, para mantener empleos y darles continuidad a sus operaciones en el corto plazo. Empresas que son viables, que hasta antes de la pandemia tenían utilidades y eran solventes, no parece adecuado llevarlas a la quiebra simplemente por una decisión administrativa que cerró una actividad económica o le puso restricciones a su ejercicio. Una vez que se levanten las restricciones, lo más probable es que sigan siendo empresas viables. Lo que se trata es de ayudar a las personas que trabajan en esas empresas más pequeñas que entregan servicios a las empresas más grandes, en un sistema productivo que está encadenado. Lo que no puede pasar es que sea la decisión de las autoridades políticas las que determinen a quién se les presta recursos y a quién no. La decisión la debe tomar el sistema financiero, pero también exigiendo a las empresas una optimización de sus recursos y su adecuación a las nuevas realidades.
-Hablando de los poderes regulatorios del Estado. A los bancos se les impuso una tasa máxima, fijada por ley, para los créditos. ¿No era suficiente confiar en juicio en ese caso?
-A mí, en general, no me gusta la fijación de tasas. Sé que políticamente es muy atractivo fijar precios y fijar tasas. Acá lo que hay que buscar es que se entregue el servicio. Lo relevante es que los bancos efectivamente estén dispuestos a entregar créditos a esa tasa fijada. Si bien buena parte de esos créditos tienen una garantía estatal, una parte del crédito, si no es pagado, su pérdida la asume el banco. Hay un riesgo para el banco. Yo hubiese preferido que hubiese un acuerdo, una negociación voluntaria, porque si los bancos ven que los sujetos a los que van a prestar recursos son mucho más riesgosos y no puede cobrar por ese mayor riego, podría pasar que no van a entregar los créditos. Dicho eso, el diseño del instrumento tiene ciertas ventajas, como que el monto del crédito está vinculado a las ventas de los últimos meses de las empresas o que los recursos no pueden ser utilizados para pagar otras deudas. Así, los bancos tienen incentivos para entregarlos porque serán para sus propios clientes que tienen posibilidad de quiebra y generar al mismo banco pérdidas de otra parte de su cartera de clientes. Están bien puestos los incentivos.
-¿Cómo avizora los próximos meses, en lo económico: con esperanza o con miedo?
-Una mezcla. Lo veo con incertidumbre y con esperanza. Con incertidumbre porque no sabemos cuán profundas ni cuán largas van a ser estas medidas restrictivas. Pero también con esperanza porque yo creo que después de lo que vimos en octubre, con divisiones y rencillas políticas, con un país cada vez más dividido, nos daremos cuenta de que si actuamos en forma unida podemos salir adelante también de esta crisis y dejar de lado las pequeñas cuentas políticas en pos de recuperar el país y recuperar el crecimiento.