Aunque los cuestionamientos partieron mucho tiempo antes, la crisis de octubre también evidenció la necesidad de contar con autoridades políticas y administrativas altamente comprometidas con la ética, la ciudadanía y la transparencia.

Tras varios casos de corrupción que golpearon fuerte al país, la fe pública se desgastó a tal punto que los niveles de confianza quedaron por el suelo, incubando de paso una peligrosa apatía electoral que finalmente compromete el rol fiscalizador que los mismos ciudadanos tienen en las urnas. En definitiva, pocos votan y pocos creen. Una mezcla que afecta duramente al país y a sus instituciones.

Sin embargo, para una parte de la clase política esto no ha sido suficiente y de cuando en vez se terminan por revelar situaciones que no solo se apartan del correcto desempeño de la función pública, sino que se relacionan derechamente con el ámbito delictual.

Lamentablemente, Tarapacá no ha sido la excepción e incluso varias autoridades (sobre todo del ámbito municipal) permanecen hoy imputadas y privadas de libertad por delitos de distinta naturaleza. A las investigaciones de fraude al fisco y cohecho, ahora se suma el caso de un concejal de Camiña que fue detenido y formalizado como presunto líder de una banda delictual dedicada al tráfico de drogas.

Aunque este y otros casos penales están en etapa investigativa y todavía no existe una sentencia judicial, es preocupante que autoridades electas terminen envueltas en tan cuestionables actos.

En medio de la crisis social y sanitaria por la que atraviesa el país, es necesario que se hagan todos los esfuerzos para que la función pública recupere la confianza ciudadana. En ese sentido, es indispensable que el Estado y la clase política fortalezcan sus herramientas para combatir la corrupción y logren alejar de sus filas a quienes, además de quebrantar la ley, juegan con la fe pública.

La confianza es uno de los conceptos fundamentales para la vida social. Todas las relaciones se sustentan en la confianza y cuando esta falla se pone en riesgo toda la estabilidad del sistema.

"Es indispensable que el Estado y la clase política fortalezcan sus herramientas para combatir la corrupción".

Villa Alemana, fue testigo de un cruel delito. Hace algún tiempo, fue el caso del profesor de Nibaldo Villegas, quién fue descuartizado una madrugada del año 2018. Ahora es el caso de Ámbar Cornejo, una joven de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado en las mismas condiciones en el patio de la pareja de su madre, Hugo Bustamante, quién ya había estado en prisión por cometer doble homicidio.

Este tipo de crímenes, probablemente, podrían realizarlo personas que presentan rasgos de personalidad psicopática, los cuáles se caracterizan por una ausencia de culpabilidad y remordimiento, carentes de empatía y sienten desprecio por su víctima, vulneran la normativa social y presentan una visión egocéntrica del mundo, que se plasmará principalmente en una búsqueda activa de la propia satisfacción, minusvalorando a los demás y mostrando desprecio y desconsideración por las motivaciones ajenas y sociales. Esta característica de personalidad predispone al psicópata a la vulneración de los derechos y libertades de las demás personas.

El psiquiatra Schneider señala que "las personalidades psicopáticas son aquéllas que por su anormalidad hacen sufrir a la sociedad". Es decir, el psicópata, sabe lo que hace, pero no le importa las cicatrices psicológicas y emocionales que provoca con sus actos. Conocen la diferencia entre lo que está bien o mal, pero esos límites no son para ellos. Cualquier estrategia es válida para llegar al máximo placer del psicópata, que es anular la voluntad del otro para atacarlo, demostrar su superioridad y desprecio hacia su víctima.

Como sociedad debemos abordar con tesón la salud mental de nuestro país, la que como podemos ver, cada día se daña más; fortalecer el valor de la palabra y potenciar relaciones de cuidado y de convivencia equitativas entre los géneros. No podemos predecir el momento en que actuará la psicopatía, pero el Estado sí puede y debe resguardar a nuestros niños, niñas y adolescentes y si podemos contribuir como sociedad, a que jóvenes como Ámbar, quienes tienen una vida marcada por el dolor y el abandono, formen parte de una comunidad en la que exista una adecuada detección, prevención e intervención de la violencia, y se promuevan factores protectores y sociales para una mejor convivencia.

"Como sociedad debemos abordar con tesón la salud mental de nuestro país".

Dra. Mariela AndradesPsicóloga clínica forense y académica UCEN

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