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policiales y el intendente de Arica Parinacota con las autoridades de Tacna para reforzar el control entre el hito 1 y el hito 15, han mostrado algún avance. Queremos que eso mismo ocurra con las autoridades bolivianas. Le pedí al jefe de la Defensa Nacional de Tarapacá que hiciera las gestiones con una autoridad militar equivalente en Bolivia para tener la adecuada coordinación y que se ejerza el control del flujo migratorio.
- ¿Y qué gestiones se han hecho con Venezuela?
- Uno de los desafíos hoy es ajustar el proceso de expulsión para aquellas personas que ingresan clandestinamente. Quien ingrese clandestinamente a nuestro país debe ser llevado a una residencia sanitaria transitoria, sin embargo, de inmediato vamos a iniciar la denuncia del ingreso clandestino y el proceso de expulsión administrativa. Nuestro objetivo es que esa resolución de expulsión esté ya dictada una vez que terminen la cuarentena. Para que la expulsión pueda materializarse lo antes posible se requiere necesariamente una gestión diplomática con el gobierno venezolano, para que los ciudadanos expulsados de nuestro país por haber ingresado clandestinamente sean recibidos por su país de origen.
- ¿Cómo se llevará esa expulsión en la práctica?
- Son gestiones que se están haciendo. En el último tiempo han salido más de 3.800 ciudadanos bolivianos desde la región de Tarapacá a Bolivia, ya sea por expulsiones judiciales, administrativas o voluntariamente. Obviamente la complejidad aumenta si no es un país fronterizo, pero la gestión se hará para materializar la expulsión lo más pronto posible.
- Esta no es la primera crisis migratoria que tiene la región. Durante la pandemia también llegaron ciudadanos bolivianos desde todo el país. Hubo una reunión entre Interior y parlamentarios locales. ¿Hay una mirada centralista para enfrentar el tema?
- Comparto la inquietud que nos ha planteado la senadora Ebensperger, y los diputados Galleguillos y Trisotti, pero ella podrá dar cuenta de que nuestra preocupación es muchísimo anterior a este aumento del flujo migratorio, tanto así, que en el mes de julio, cuando estábamos discutiendo el proyecto (de Ley Migratoria) en la comisión de Hacienda, yo mismo hice ver la inconveniencia de una indicación que permitía que en los 90 días posteriores a la publicación de la ley se permitiera la regularización migratoria, por lo que nosotros denominamos el "efecto llamada". Si comunicábamos esto, como se hizo en redes sociales de migrantes, se abría una ventana de oportunidad para ingresar a Chile y poder regularizar la situación una vez que estuvieras dentro. Esa es una de las razones, no la única razón, que pudo haber causado el aumento sustantivo de ingresos clandestinos durante agosto y septiembre. No se puede desconocer que los flujos migratorios tienen más de una explicación. Cuando son ciudadanos venezolanos obviamente está asociado a la situación que vive el país, además está la pandemia y sus efectos en los países de Sudamérica, pero parte también se explica por este "efecto llamada" que produjo esta indicación aprobada en la comisión de Hacienda. Personas pudieron haber pensado que finalmente iba a ser parte de la ley. Por eso creemos que es tan valioso que esa indicación se haya rechazado en el Senado. Lo dijimos antes de que esto ocurriera.
- ¿Se corta el efecto con el avance del proyecto?
- Hay que ser claros en el mensaje, nosotros no queremos que ciudadanos extranjeros que quieren buscar legítimamente oportunidades en nuestro país, deban poner en serio riesgo su vida e integridad física, siendo víctimas de engaños, pagando sumas de dinero e incluso siendo traficados por coyotes, porque eso los perjudica y los expone a una precariedad en nuestro país. Tenemos que ser claros. Las personas que optaron por ingresar de manera clandestina nos obligan a iniciar un proceso de expulsión. No quiero que el matiz sea tomado como un incentivo. Los adultos que toman con discernimiento la decisión de entrar a nuestro país ingresando clandestinamente tendrán que asumir su responsabilidad, pero eso nunca nos tiene que excusar de darle protección a grupos especialmente vulnerables, personas inocentes en este proceso, particularmente niños, niñas y adolescentes que requieren una protección del Estado.
- ¿Entonces el proceso de expulsión será de 14 días?
- Nuestro objetivo es que en 14 días seamos capaces de llevar adelante el proceso de dictación de la resolución de expulsión. La materialización de esa resolución dependerá de la nacionalidad. Si es un ciudadano boliviano, se ejecutará de inmediato. Si no es de un país fronterizo, la gestión será compleja, porque hay que gestionar los vuelos y la recepción.
- Si la recepción del gobierno venezolano no es la mejor, ¿se entrampa?
- Sí, pero tal como lo ha hecho el gobierno venezolano con varios de sus connacionales que han podido retornar gracias a vuelos humanitarios, entendemos que se tenga el mismo criterio con aquellos ciudadanos venezolanos que deben ser devueltos tras un proceso de expulsión por parte de Chile.