La migración irregular que se ha dado súbitamente en los últimos meses en Tarapacá, no solo ha generado una preocupación desde el punto de vista de la pandemia. El componente de menores de edad, en su mayoría niños pequeños que están ingresando junto a sus padres en busca de oportunidades en Chile, debiera ser abordado con mayor preocupación por las autoridades.

Es común ver en las calles a ciudadanos extranjeros, principalmente jóvenes venezolanos, quienes pasan largas horas juntos a sus hijos solicitando el apoyo económico de los transeúntes.

La realidad es preocupante y será aún más a medida que las familias en residencias transitorias o sanitarias salgan de alta, tomando en cuenta que el 30% de estas personas son menores de edad.

Sin dudas, es una problemática difícil de enfrentar, por lo complejo de que el Estado de Chile pueda hacerse cargo de un tema donde además se deben garantizar los derechos de estos niños, cuando como país no hemos sido aún capaces de mejorar las condiciones de los menores de edad que están bajo la tutela del Estado.

Independiente que la situación migratoria de estas familias debe resolverse y está la posibilidad de que se materialice la expulsión, es necesario tener presente la condición de estos niños. Por lo mismo, bien se les puede apoyar para que logren acercarse a sus redes familiares residentes en Chile, sobre todo cuando estas habitan en la zona central del país. Esto podría contribuir a evitar una desgracia, sobre todo en casos extremos como aquellos que pernoctan en carpas en la zona costera de Tarapacá.

Es necesario poner por delante la situación humanitaria, sobre todo de niños que son arrastrados por una crisis sanitaria que ha afectado con mucho mayor dureza a los países vecinos, donde estas familias residían hasta hace poco.

Esta problemática debe abordarse con amplia cautela, pero sobre todo pensando en el respeto absoluto a los derechos esenciales de los niños, de modo que una posible solución no se transforme en una vulneración.

"Esta problemática debe abordarse con amplia cautela, pero sobre todo pensando en el respeto absoluto a los derechos esenciales de los niños".

Esta nueva preocupación de las universidades, en particular las adscritas a gratuidad, consiste en una forma de calcular el valor de los aranceles, matrículas y titulación de una carrera a partir del año 2022.

Es así como a la ya precaria situación de las universidades, se suma esta amenaza que tiene en estado de alerta a todo el sistema. En las diferentes instancias que agrupan a las Universidades, CRUCH, CUECH, G9 y AUR, se ha analizado con profunda preocupación las consecuencias de la propuesta y, por lo tanto, se ha instalado en todas las instancias posibles (ministerio y parlamento), la solicitud de suspender este proceso.

En esta forma de cálculo, ahora basado en los costos, solamente se consideran los relativos a la docencia, dejando en una incógnita, por ejemplo, los esfuerzos de investigación, postgrado, formación de capital humano avanzado y vinculación, elementos necesarios para el desarrollo del país y del territorio, altamente valorados por nuestra sociedad en estos tiempos de pandemia.

La base del modelo, considera un sistema homogéneo, con instituciones semejantes, realidad muy lejana a la de nuestro país, en que tenemos claramente instituciones con diferentes estados de evolución, desarrollo y complejidad. Se basa en antecedentes de carácter histórico, sin considerar escenarios futuros, costos de implementación de mejoras (calidad) y situaciones de contexto, como el actual.

La preocupación radica en cómo esto va a afectar al sistema de educación superior completo, generando diferencias entre los estudiantes que están y no adscritos a gratuidad, así como a las instituciones que tendrán nuevamente que enfrentar futuros déficits.

Es de suma importancia, por tanto, el diálogo con todas las instancias necesarias para salvaguardar un sistema definitivamente presionado y acordar colaborativamente que esperamos de la educación superior, en temas como la ciencia, el capital humano y el desarrollo del territorio.

"Es así, como a la ya precaria situación de las universidades, se suma esta amenaza".

Alberto Martínez,, rector Universidad Arturo Prat

Con la fase 2 muchas personas han salido con la mayor normalidad a las calles y el distanciamiento muchas veces es escaso. Es mejor cuidarse uno mismo con una buena mascarilla, usando alcohol gel y guardar el metro de distancia.

Más trabajadores

El retail ha abierto sus puertas en fase 2, sin embargo, con mucho menos cantidad de trabajadores. Esto hace que al interior de las tiendas haya largas esperas para comprar. Si no hay más personas atendiendo, se generan aglomeraciones adentro y afuera.

Basureros inteligentes

La millonaria inversión para basureros inteligentes que nunca funcionaron en Iquique es de lo más ilógico. Con el mismo dinero se hubiesen puesto recipientes en toda la ciudad. Las ideas para ser buenas deben adaptarse a la idiosincracia local.