El Proceso Constituyente ha estado plagado de discursos populistas. Uno de los más evidente es el que refiere a la necesidad de establecer escaños reservados para los pueblos originarios.

Al respecto, y desde que se aprobara la idea de legislar en general, la mayoría de los parlamentarios han señalado, una y otra vez, que este es un importantísimo primer paso para dar un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y así empezar a pagar la deuda histórica que el Estado tiene con estos colectivos.

Sin embargo, y a la hora de iniciar materialmente el debate, los parlamentarios -y en forma transversal- decidieron postergar la discusión respecto al fondo y la forma, especialmente en lo que concierne al número de escaños y la manera en la que se realizará la elección de dichos representantes para la Convención Constituyente.

Es por esto, que no debe causar sorpresa el hecho que la Sala del Senado despachara sin acuerdo el proyecto de escaños reservados para pueblos originarios, así como también el no acuerdo respecto a los escaños relativos a personas con discapacidad.

En ese contexto, y atendiendo a lo ineficiente que han sido las actuaciones de nuestros parlamentarios y el alcance que han tenido sus omisiones en lo que refiere al tema, nuestros congresistas buscaron disfrazar sus irresponsabilidades a partir de un instrumental discurso de generosidad, señalando que el rechazo en la Sala del Senado se hizo en aras de lograr una potencial aprobación del proyecto en la Comisión Mixta que se conformó ante el rechazo, permitiéndose así que la discusión pudiera finalizar en forma eficaz.

Así entonces, y entendiéndose que el proceso constituyente se inició formalmente el 24 de diciembre con la publicación de la Ley 21.200, resulta inaceptable que a estas alturas, y sabiendo que la inscripción de candidaturas está fijada para el 11 de enero, que el Parlamento no tenga una proyección realista respecto a la forma en la que cumplirá con esta iniciativa, demostrándose que -desde un comienzo- la mayoría de los parlamentarios nunca creyeron en la integración formal de los pueblos originarios al proceso constituyente, evidenciándose -nuevamente- algunas de las negativas características que le son reconocidas por la ciudadanía y que ha motivado la pérdida de confianza en ellos.

Es de esperar que si el proyecto se aprueba en la Comisión Mixta, éste se implemente con el debido respeto a los derechos que el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos le reconocen a los pueblos originarios y a su cultura.

Pedro Díaz Polanco

Director de la Escuela de Administración Pública

Universidad Austral de Chile