Agosto ha sido uno de los meses más complejos de la crisis migratoria, a excepción de lo que sucedió a inicios de 2021. Pese a que actualmente la pandemia está bastante más controlada y que la gran mayoría de los migrantes han resultado negativos a los test de coronavirus, lo cierto es que la problemática traspasa mucho más allá de la crisis sanitaria.

Ayer los ingresos clandestinos contabilizados por el Gobierno ya sumaban 1.210 en todo agosto, el cuádruple de lo que se registró en julio, mes en que ingresaron 271 extranjeros en forma irregular y donde los últimos días el flujo fue más fuerte, con más de 70 personas diarias reportándose.

Esta situación incluso ha significado que el jefe de Defensa Nacional de Tarapacá solicite al municipio aumentar el espacio en el exestadio Cavancha para instalar a las personas que deben hacer la cuarentena obligatoria.

Cada día se ve a cientos de migrantes circulando por las rutas, tanto en la 15-CH, entre Colchane y Huara; la 5 Norte hacia Quillagua; o en la Ruta 1, entre Iquique y Tocopilla.

Es importante que las diferentes instituciones del Estado se activen para abordar el problema humanitario que existe detrás de miles de personas que buscan un mejor pasar ante la crisis venezolana y que también afecta a naciones vecinas, donde estuvieron hasta hace pocos meses.

Es urgente revisar la situación de los espacios públicos y la respuesta debe llegar desde La Moneda, pues a nivel local parece imposible manejar el asunto, sobre todo cuando la extensa frontera de Tarapacá sigue siendo absolutamente permeable y porque es imposible corregir el origen del problema.

El Plan Colchane tuvo un efecto mediático con resultados positivos al principio, sin embargo, no ha significado una carga de recursos extra para poder diseñar una estrategia más concreta que permita manejar esta crisis. Por lo mismo, es necesario que se den señales más claras y que no se sigan entregando excusas mientras los tarapaqueños intentan lidiar por sí solos con una problemática que es nacional, con origen internacional y ajena a cualquier respuesta que se pueda implementar solo a nivel local.

"Es importante que las diferentes instituciones del Estado se activen para abordar el problema humanitario".

Corría el año 2012, cuando se abordó la necesidad de modernizar la Ley de Pesca y Acuicultura. El reemplazo de la antigua legislación y la incorporación de elementos técnicos ligados a la sustentabilidad de recursos y el acceso a ellos, trajo también detractores, los cuales han generado mitos de este sector. La conocida y vilipendiada legislación del sector tiene un hecho claro: es una de las más modificadas de nuestro ordenamiento.

Hoy se sobrepone a la crítica el real aporte que ha tenido, pero lo cierto es que cuentan con ejes claros y específicos: la sustentabilidad como base principal en el manejo de recursos pesqueros, incluyendo el fortalecimiento de la institucionalidad y la investigación científica. Hasta la misma FAO señaló que era una buena ley.

Estas mismas temáticas han sido claves para el sector industrial, donde las diferentes empresas pesqueras han puesto sus esfuerzos para cumplir y aportar al sector, renunciando a muchos de sus derechos históricos.

A través de vedas autoimpuestas, trabajo en conjunto a los pescadores artesanales, aportes científicos, mesas zonales y varias otras acciones, se busca que tanto la sustentabilidad como la sostenibilidad del recurso perduren, mostrando un efecto positivo sobre la biomasa marina, resaltando como ejemplo el caso de la anchoveta del norte, que se encuentra en una óptima condición, de acuerdo a organismos de regulación estatal.

Estamos con una crisis sanitaria que, entre otras cosas, ha afectado los empleos, golpeando fuertemente a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, se cuenta con 1.362 proveedores directos de la pesca, de los cuales más de 900 son Pymes. Con la nulidad de esta ley se podría amenazar la estabilidad de las actividades de muchas de estas empresas, que hoy son el sostén principal de nuestra macrozona. El próximo martes se votará en el Congreso la nulidad de la Ley de Pesca, decisión que puede repercutir en miles de puestos laborales.

Siempre es bueno perfeccionar y mejorar la legislación, pero debe ser de acuerdo a la normativa vigente. Anular la actual LGPA ha sido cuestionado en forma casi unánime por académicos y juristas, y puede establecer un precedente peligroso en cuanto a lo que se puede y no hacer dentro de las reglas del juego de un país.

"La nulidad de la Ley de Pesca, decisión que puede repercutir en miles de puestos laborales".

Leopoldo Bailac,, presidente Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal

Hoy frente a San Marcos, Iquique tendrá una doble motivación. Por un lado es su clásico rival y por el otro debe ganar si no quiere quedarse en el fondo de la tabla, algo muy peligroso. A levantar cabeza.

Basura

Aunque parece reiterativo, la limpieza de la ciudad no solo es responsabilidad del municipio. En esto debe también intervenir la comunidad, ya que la acción de cada vecino es clave para que logremos tener una comuna más limpia. Al menos no arroje basura al suelo.

Conductores

Las autoridades han alertado por el aumento de conductores sorprendidos bajo los efectos del alcohol y las drogas. Es un problema complejo, ya que la mezcla es una verdadera arma mortal. Ahora que se reducen las restricciones es importante fiscalizar.