Crisis de confianza
La polémica generada luego que se conociera que el constituyente Rodrigo Rojas Vade mintió respecto a su enfermedad, la que incluso registró como causa de una deuda de 27 millones de pesos en su declaración de patrimonio, es un nuevo golpe a la crisis de confianza por la que atraviesa el país.
Casos de corrupción que sucesivamente fueron destapándose en las últimas décadas incluían no solo a algunos parlamentarios o miembros del Poder Ejecutivo, sino que traspasaron a autoridades de instituciones policiales, las fuerzas armadas e incluso a empresarios de distintos rubros. Todo ello fue generando tal desgaste en la opinión pública, que con el correr de los años decantó -o al menos tuvo un importante grado de incidencia- en el denominado "estallido social".
Aunque cada caso debe analizarse en su contexto y sus implicancias no son comparables, es claro que lo ocurrido con el constituyente daña una vez más la fe pública en un país que busca y necesita volver a confiar en las instituciones. Los escándalos de los últimos años obligan a elevar el estándar de probidad para los servidores públicos, toda vez que la comunidad se mantiene cada vez más atenta ante las conductas desapegadas de la legalidad o moralmente cuestionables.
Hoy por hoy, es indispensable que quienes integran o aspiran a ser parte de las instituciones públicas muestren una conducta íntegra y se comprometan de manera irrestricta con la transparencia en el desarrollo de sus funciones. El estándar debe ser todavía más riguroso con aquellos que postulan a un cargo de elección popular, quienes deben dar muestras de probidad en cada una de sus acciones, pues con ello también demuestran respeto por sus electores.
Asimismo, es importante trabajar como sociedad para que se avance en la erradicación de un sinnúmero de prácticas irregulares, las que van de sencillas acciones como estacionar en lugares prohibidos o conseguir un empleo a través de "contactos" que suelen otorgar ventajas a la hora de evaluar las competencias.
Con todo, es relevante fortalecer las instituciones y las herramientas que permitan detectar sus fallos, pues es la única forma de combatir los actos irregulares y sancionar a quienes puedan estar involucrados.
"Es importante trabajar como sociedad para que se avance en la erradicación de un sinnúmero de prácticas irregulares".