Región de Tarapacá registra a 8 mil deudores de pensiones alimenticias
Serán parte del nuevo Registro Nacional de Deudores que endurecerá las medidas.
Daniela tuvo que criar a sus hijos sin la presencia ni la ayuda económica del padre, los que ya son adultos, pero la deuda por el no pago de pensión de alimentos sigue vigente. Esos casos se repiten a tal punto en la región, que actualmente Tarapacá tiene registrados a 8 mil deudores por esta causa.
El nombre de la iquiqueña fue cambiado para proteger la identidad de su familia, sin embargo, es una de las miles de mujeres que por años debió hacerse cargo sola de los cuidados y de proveer económicamente, mientras la deuda del padre siguió en impunidad.
Las cifras indican que solo entre el 2020 y lo que va del 2021, en los juzgados de Familia de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, se han registrado un total de 8.000 deudores de pensión alimenticia, según información entregada por el Poder Judicial.
En detalle, 6.795 corresponden a deudores de Iquique, 818 a Alto Hospicio y 387 a Pozo Almonte, tomando como base medidas cautelares aplicadas por no pago de pensión.
El no pago, que ahora es derechamente catalogado como violencia intrafamiliar, es lo que se busca erradicar con la promulgación de la modificación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Desde el Gobierno explicaron que con esta futura ley, quienes integren la base de datos del Registro Nacional de Deudores "sufrirán una serie de consecuencias en su diario vivir, que les obligarán a pagar sus pensiones adeudadas, ya que se dejará lógica de las sanciones punitivas, para avanzar en la incorporación de sanciones de carácter patrimonial para los deudores".
El seremi de Justicia y DD. HH. de Tarapacá, Fernando Canales, afirmó que "el registro será una herramienta que terminará con la impunidad en el pago de pensiones de alimentos, al generar graves restricciones patrimoniales y de acceso a diversas prestaciones, a todos quienes tengan deudas de alimentos. Esto significará dar un giro radical en la forma en que se hacen las cosas, puesto que la evidencia indica que las sanciones de arresto no son efectivas para el objetivo final que tenemos todos, que es que paguen sus pensiones. Con estas nuevas medidas, lo primero que estamos asegurando es la cancelación total de la deuda".
El juez de Familia, Marcos Soto, agregó que entre las sanciones por el no pago, está que "no se puede obtener un pasaporte, licencia de conducir, ya sea sacar una nueva o renovar o incluso pedir el duplicado. Aquellas personas que deban pensiones de alimentos cierto, pueden optar a cargos públicos que no son de elección popular sino que de concurso. Pueden quedar en ellos, pero para aquello la institución correspondiente, el organismo del Estado correspondiente deberá descontar inmediatamente a prorrata de los sueldos que perciba y por anticipado, y de esa manera pagarse de la pensión de alimentos que se adeuda".
Soto añadió que esta ley modificará el actual sistema de tramitación del pago de pensión de alimentos. "Lo que se debe alcanzar como meta, es una mayor eficiencia en la tramitación de estos procesos, que se debe reflejar en un menor tiempo de tramitación y en una mayor eficacia, pudiendo recabar mayores pensiones de alimentos adeudas", dijo.
En el registro estarán anotados todos los alimentantes que deban, total o parcialmente, tres mensualidades consecutivas de alimentos o cinco discontinuas; y solo se podrá salir de él cuando se pague la totalidad de la deuda o cuando se llegue a un acuerdo judicial que garantice el pago. Únicamente un Tribunal de Familia podrá eliminar del Registro a un deudor y estará encargado de actualizar mensualmente el registro con el número de cuotas y el monto adeudado de cada persona que lo integre.
La seremi de la Mujer y Equidad de Género de Tarapacá, Milca Pardo, agregó que "tenemos la certeza de que esta ley permitirá cambiar las condiciones de vida de miles de niños, niñas y de sus madres, quienes por años se han visto obligadas a enfrentar solas la mantención de sus hijos e hijas (...) Esta ley busca avanzar en esa línea para hacer cumplir la responsabilidad parental y poner fin a la cultura del incumplimiento".