Opinión
Descontrol en Tarapacá
Esta semana han sido días trágicos para Iquique y la Región de Tarapacá. Un voraz incendio evidencia, una vez más, el déficit habitacional en nuestro país y los riesgos en que viven nuestros compatriotas. La ciudadanía, a su vez, experimenta hoy un incremento en la sensación de inseguridad y de miedo que nunca habíamos vivido en la ciudad. Somos víctimas del descontrol de nuestra frontera terrestre y de una mirada centralista del Gobierno.
Un compatriota o turista que desee ingresar por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (en Santiago) o por el Paso Los Libertadores, en la Región de Valparaíso, debe cumplir estrictamente con protocolos sanitarios como un test de PCR negativo con una antigüedad no mayor a 72 horas, el certificado de vacunas homologados, la toma presencial de PCR, una declaración jurada y la cuarentena obligatoria hasta que reciba el resultado negativo del examen. De no cumplir con los requisitos, la persona no puede pisar territorio nacional.
En Tarapacá, sin embargo, la realidad es distinta. Las restricciones de la zona centro de Chile son opuestas a las libertades de desplazamiento que experimenta nuestra región. Si bien el 18 de marzo de 2020 se decretó el cierre del Paso Fronterizo de Colchane, los controles han sido ineficientes para impedir el ingreso irregular de más de 33 mil personas a la Primera Región. Gracias a la indolencia del Gobierno y su falta de conexión con el territorio, la región cumple 21 meses como Zona de Sacrificio con la mayor crisis migratoria y humanitaria de su historia, la que, al mismo tiempo, ha impactado sanitariamente a Tarapacá y, en especial, la comuna de Iquique. Una crisis que ni el Presidente ni el Ministerio del Interior se han hecho cargo. Hoy, por el descontrol de nuestra frontera, no sabemos si por Colchane ingresan ciudadanos extranjeros vinculados al crimen organizado, con antecedentes penales, prófugos de la justicia o si son parte del tráfico de drogas y/o armas por nuestra frontera. El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, es certero en su análisis: “la frontera con Bolivia es total y absolutamente vulnerable. Entra y sale quién quiere”.
Desde esa lógica, y frente al nulo resguardo de nuestro territorio, le pedimos al Gobierno que atienda la crisis humanitaria, establezca el Plan Fronteras Protegidas en Colchane y entregue herramientas a las entidades que están pensadas para combatir la delincuencia: Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía; pues hoy la comunidad iquiqueña sufre la comisión de delitos de alta connotación pública y violencia. ¡Basta de descontrol!
“Las restricciones de la zona centro de Chile son opuestas a las libertades de desplazamiento que experimenta nuestra región”.