Leo Riquelme

El Presidente electo Gabriel Boric admitió que la tensión en la Macrozona Norte con la inmigración ilegal y la inseguridad requerirá máxima atención en su gobierno.

"Tenemos un problema muy grande con la inmigración ilegal y eso tenemos que pararlo de manera muy clara", dijo consultado por una ciudadana extranjera en la reja de su oficina.

"Chile tiene que recuperar el control de sus fronteras, pero la gente que haya entrado legalmente, bueno, es algo que vamos a revisar con Cancillería y con la persona que designemos encargado de extranjería", agregó.

Sus dichos se dan en una semana en que ha habido protestas en las regiones de Tarapacá, Arica y Antofagasta, donde denuncian un aumento de la delincuencia y la violencia, fenómenos que vinculan a la migración.

Tras visitar el martes Iquique, ayer el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, llegó a Arica, donde luego de reunirse con gremios anunció un plan de reforzamiento de la frontera y capacitación de Carabineros en la "reconducción", que permitirá llevar al límite a los ilegales cuando rija la ley. Pese a lo anterior, en la tarde el Gobierno informó que retiró de Contraloría el reglamento tras detectar errores.

A ello sumó mayor dotación policial, intervención en "barrios críticos" e instalación de pórticos lectores de patentes para identificar vehículos vinculados a ilícitos.

Ayer el representante Especial Conjunto de la ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, Eduardo Stein, expresó su "profunda preocupación" por la violencia contra extranjeros en las protestas.

"Estos actos de violencia van en menoscabo de los derechos humanos y deben condenarse (...) Ninguna persona merece ser discriminada", dijo el funcionario ONU, quien exhortó también a los migrantes a respetar las leyes y los reglamentos del país.

Ayer, ante las críticas contra el ministro Andrés Allamand por haberse tomado vacaciones en medio de la crisis, la Cancillería anunció que acordaron con Bolivia una reunión entre representantes de sus carteras de Interior y Relaciones Exteriores.

El gobierno de Estados Unidos anunció ayer que en un operativo antiterrorista lanzado por sus fuerzas militares en Siria asesinó a quien es sindicado como el máximo líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, en una operación en que también murieron seis niños y cuatro mujeres.

El presidente Joe Biden festejó "la habilidad y valentía" de sus efectivos y aseguró que al-Qurayshi -sobre quien se ofrecía una recompensa de US$8 millones- se hizo estallar y con ello provocó la muerte de su entorno.

El ataque se produjo en la provincia noroccidental siria de Idlib, en una vivienda arrendada hace 11 meses a una familia con niños. El dueño de la casa aseguró a una agencia ligada a Efe que los inquilinos no habían levantado ninguna sospecha en su estancia.

El hijo de arrendatario, que reside en una casa contigua, contó que los militares comenzaron a gritar por megáfonos: "Todos están seguros si salen de la casa y muertos si se quedan dentro".

Dijo que tras ello, pasada la medianoche de ayer, llegaron cuatro helicópteros y más de 50 soldados, quienes ordenaron evacuar el sector.

Añadió que una media hora más tarde, tras algunas negociaciones, comenzó un intercambio de disparos con los inquilinos. "Luego (los militares) empezaron a lanzar cohetes durante una hora o hora y media", dijo.

Además de al-Qurayshi, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó la muerte de seis niños, cuatro mujeres y agregó que otros cuerpos quedaron "despedazados", por lo que no han podido ser identificados. Biden aseguró que se intentó proteger a la población civil.

La ONG afirmó que fue "una operación similar al asesinato de Abu Bakr al Bagdadi", el exlíder del grupo yihadista Estado Islámico muerto en 2019 durante una intervención estadounidense en la misma provincia.

Idlib está dominada principalmente por el Organismo de Liberación del Levante, en el que se incluye la exfilial siria de Al Qaeda, antiguamente denominada Frente al Nusra y acoge también a una miríada de grupos armados que podrían haber sido también objetivo de la operación.

Como "injustas" calificó ayer la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, las críticas con que la periodista Lorena Penjean renunció a la jefatura de la unidad de comunicaciones de la instancia. Ésta sostuvo en una carta que "no existe la cohesión interna ni la voluntad" para desplegar una "estrategia profesional, algo en lo que mencionó a los convencionales, la mesa directiva y a la propia Quinteros. "Es injusto responsabilizar a los constituyentes y a mí", dijo la presidenta. "Lamento si alguna vez sintió que la pude haber llevado a pasar, pero yo soy muy profesional para trabajar. No ando con cosas personales", agregó. Penjean había asumido el cargo en noviembre, cuando la presidenta era Elisa Loncon. Otros convencionales lamentaron la partida.