El peligro de debilitar a la Fiscalía
En atención al importante momento en que se encuentra nuestro proceso constituyente, y habiendo analizado con especial atención el debate sobre las normas del Ministerio Público al interior de la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constituyente, creo importante destacar algunos aspectos complejos que pueden afectar el futuro de la persecución penal y la protección de víctimas y testigos en nuestro país.
Uno de ellos es la creación de un Consejo Superior en la cúspide de la institución, en reemplazo del Fiscal Nacional, lo cual a nuestro entender debilita la eficiencia y eficacia en la toma de múltiples decisiones y en la ejecución de actos que deben realizarse día a día, permitiendo que se diluya la responsabilidad organizacional y aumentando el riesgo de burocratizar el ejercicio de las funciones institucionales, lo cual incluso ha sido advertido por académicos y los propios funcionarios y fiscales del Ministerio Público, quienes conocen el trabajo diario en materia de persecución y protección.
Creemos que si el fundamento de estas propuestas apunta a tener un control más estricto de la sociedad a la actividad de quien dirige esta Institución, dichas propuestas deberían orientarse a establecer un determinado y claro perfil de Fiscal Nacional, fortalecer un mecanismo de nombramiento orientado al mérito donde exista mayor participación ciudadana, establecer diversos mecanismos de control de la gestión a través de rendición de cuentas y evaluación, como asimismo, procedimientos expeditos en caso de infracciones o delitos, entre otras iniciativas.
A su vez, dado que una de las principales críticas ha sido un excesivo personalismo del Fiscal Nacional en el proceso de toma de ciertas decisiones claves, parece más adecuado proponer que la política de persecución penal y los criterios de actuación sean decisiones que se tomen por el Consejo General que conforman los Fiscales Regionales, al ser un organismo técnico y con experiencia en estas materias, reforzando un valor fundamental de la actividad del Ministerio Público, que es su autonomía.
Comprendemos las demandas sociales y las consecuentes políticas que Chile ha ido implementando, pero creemos firmemente que la opción correcta debe ser fortalecer las instituciones y no debilitarlas, y el hecho de eliminar la figura del Fiscal Nacional y plantar en su lugar un Consejo Superior, sólo debilitaría los intereses de la sociedad en su conjunto, en una materia tan sensible como la persecución penal y la protección de víctimas y testigos.
"Creemos firmemente que la opción correcta debe ser fortalecer las instituciones y no debilitarlas".
Raúl Arancibia,, Fiscal regional