Detener la violencia escolar
Preocupante, por decir lo menos, es la situación por la que atraviesan varios establecimientos educacionales de la región, donde apoderados, alumnos, profesores y funcionarios están dando cuenta de graves episodios de violencia, fenómeno que incluso ha posicionado a Tarapacá en la agenda noticiosa nacional durante las últimas semanas.
En primer término, la Superintendencia de Educación ya indaga cerca de 60 denuncias de acoso escolar, cifra que supera al promedio registrado durante los años 2018 y 2019, previo a la pandemia, lo que sin lugar a dudas ya inquieta. Pero además de estos hechos, en menos de un mes salieron a la luz pública otros graves episodios de amenazas y ataques contra profesores y funcionarios de dos planteles de la región: el Instituto del Mar en Iquique y el Liceo Pablo Neruda en Alto Hospicio.
El primero de ellos incluyó amenazas a través de redes sociales, donde alumnos exhibían armas de fuego para intimidar al cuerpo docente; mientras que en el segundo, una profesora resultó con serias lesiones tras sufrir un violento ataque mientras ingresaba a su jornada laboral. Ambas situaciones generaron protestas de docentes, quienes exigen más seguridad.
Es lamentable, pero la violencia parece avanzar peligrosamente a naturalizarse como un medio de resolución de conflictos, por lo que urgen acciones que terminen con este tipo de hechos, sobre todo en el ámbito de la educación, donde justamente se apunta a todo lo contrario, es decir, a la formación de ciudadanos con valores, íntegros, responsables, tolerantes, razonables y respetuosos.
En ese sentido, no se trata solo de un deber que radica en los establecimientos educacionales o en las instituciones, sino que debe ser forjado al interior de la familia, entendiendo que apoderados y escuela persiguen el mismo fin: educar.
Con todo, es urgente generar medidas que protejan a los docentes y les permitan desarrollar en armonía una labor clave para toda sociedad. Al mismo tiempo se deben investigar estos episodios de violencia y aplicar todas las sanciones que correspondan. Cortar ahora estas situaciones es una obligación también de la autoridad.
"Es urgente generar medidas que protejan a los docentes y les permitan desarrollar en armonía una labor clave para toda sociedad".