Desde inicios de este mes se realizó el lanzamiento del plan de Reforzamiento Dinámico de Carabineros que en nuestra región consideró en una primera instancia la intervención de servicios especiales focalizados en el sector central de la comuna de Iquique. Para ello, se aumentó la dotación policial de la comuna con 30 Carabineros de la Escuela de suboficiales de Antofagasta y se sumó a estos servicios a 20 funcionarios de la Prefectura Iquique que realizaban labores administrativas, quienes apoyan estos servicios preventivos.

El objetivo de este plan es aumentar la presencia policial en algunas zonas seleccionadas bajo diversos criterios, como la base del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, que permitió evaluar variables específicas de los delitos de mayor connotación social, las llamadas al fono de emergencias policiales 133, variables socio policiales y del Sistema de Automatización del Sistema Policial. En base a ello se designan cuadrículas en las que se focalizan los servicios y recursos designados para este Plan.

Estos servicios tienen como finalidad prevenir que se produzcan delitos, lograr una reacción más oportuna y eficaz si llegan a ocurrir y que la comunidad se sienta más segura, al ver este mayor despliegue policial que opera de forma dinámica, donde se fortalecerán las labores preventivas, como la realización de controles, fiscalizaciones y patrullajes.

Durante estas semanas, este plan de intervención ha obtenido sus primeros resultados en la cuadrícula intervenida en la región, logrando la detención de 176 personas por mantener órdenes de aprehensión vigentes, infracción a la ley de drogas, porte de arma blanca, robo con violencia o porte de elementos para cometer delitos, entre otros. Además, se han realizado 8.193 controles preventivos, de los cuales 4.460 corresponden a fiscalizaciones a personas, 3.491 a fiscalizaciones vehiculares y 242 fiscalizaciones a locales de alcoholes y se han incautado un arma de aire comprimido, 8 armas blancas y drogas de distintos tipos.

Estos servicios se irán evaluando de acuerdo a sus resultados para ver si se mantienen o se derivan a otros sectores de acuerdo a la realidad y comportamiento delictual. Esta estrategia se suma al trabajo que Carabineros ha realizado durante este año en la región, como las rondas impacto y el Plan de intervención barrial, diseñadas con el propósito de abordar de manera más focalizada la seguridad en la región.De esta forma reafirmamos el compromiso que tenemos con la comunidad, para que los tarapaqueños y tarapaqueñas se sientan más seguros.

"Estos servicios se irán evaluando de acuerdo a sus resultados para ver si se mantienen o se derivan a otros sectores ".

General Sergio Telchi Silva,, jefe de la Primera Zona de Carabineros Tarapacá

Con optimismo y alegría hemos tomado conocimiento del avance del proyecto de ley que busca eliminar el DICOM por deudas que se originan por problemas de salud. Resulta sorprendente, e inclusive ilógico, que recién se esté haciendo cargo la ley de esta temática que toca en lo profundo y lo más íntimo a las familias de quienes viven en Chile.

Los problemas de salud no son buscados, son imponderables que le pueden ocurrir a cualquier persona, independiente de cuál sea su condición. Por ello, no podemos sobrecargar a un enfermo con el peso de tener que soportar una deuda que -muchas veces- lo lleva a situaciones ilógicas, como hemos observado en la prensa, donde una familia tiene que optar entre la salud de uno de los suyos o el techo en el cual vivir.

Este tipo de problemas, del alto costo de la salud y de la imposibilidad de las personas para financiar sus tratamientos, no hace sino reflejar la profunda desigualdad que sigue imperando en nuestro país. Hemos avanzado en los últimos años en una serie de protecciones a distintos grupos de la sociedad y, sin embargo, seguimos discriminando a aquellos que están enfermos.

Es el momento también de ilustrar a quienes viven un problema de salud y sus familiares de que existen distintas alternativas para sobrellevar el endeudamiento. Y en aquellos casos, en que las deudas son millonarias, siempre cabe la posibilidad de evaluar las alternativas que otorga la Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento.

Esta ley, por un lado, permite renegociar las deudas en el evento que se necesite un mayor plazo o mejores condiciones para pagar; y, además, permite evaluar la opción definitiva de la quiebra. Quien crea que una enfermedad de alto costo en nuestro país no implica necesariamente la quiebra de algunas familias, pareciera ser que está profundamente desconectado de la realidad.

Lamentablemente, en nuestro derecho de prenda general (consagrado en el artículo 2.465 del Código Civil), en el caso de demandas judiciales por deudas, no se distingue de qué acreedor se trata. En este orden de ideas, una institución de salud puede hacer efectiva la deuda sobre todos los bienes de la persona enferma o su familia: su auto, su casa y todo lo que tiene en ella.

En ese contexto resulta, por decir lo menos, injusto que una persona -producto de una enfermedad que no buscó- pierda no solo su estado de salud e incluso su vida, sino que paralelamente pierda también todo su patrimonio.

Ricardo Ibáñez,

abogado y socio fundador de defensadeudores.cl

A raíz de la denuncia por inhumación ilegal, presentada el 31-5-1990 por la Vicaría de la Solidaridad ante el Juzgado de Pozo Almonte, el 2-6-1990 se produce el hallazgo de los restos en Pisagüa, de las19 personas asesinadas en 1973 y 1974, cuyos cuerpos fueron arrojados en una fosa común.

Estos hechos dolorosos conmovieron al país y recordaron a las víctimas: Tomás Cabello Cabello (44 años), Nicolás Chanez Chanez (42 años), Juan Mamani García (27 años), Luis Manríquez Wilden (44 años), Hugo Martínez Guillén (36 años), Juan Rojas Osega (38 años), Manuel Sanhueza Mellado (30 años), Julio Cabezas Gacitúa (45 años), Juan Calderón Villalón (25 años), José Córdova Croxato (35 años), Marcelo Guzmán Fuentes (34 años), Humberto Lizardi Flores (26 años), Luis Lizardi Lizardi (29 años), Nelson Márquez Agusto (31 años), Mario Morris Barrios (27 años), Germán Palominos Lamas (25 años), Luis Toro Castillo (34 años), Juan Valencia Hinojosa (51 años) y Alberto Yánez Carvajal (31 años).

En memoria de todas las víctimas, al cumplirse 30 años del hallazgo de los restos en Pisagüa.

Derico Cofré Catril