Hogar de Cristo es uno de los principales consumidores de pañales desechables para adultos en Chile; sino el primero.

Un ítem sanitario clave para cualquiera que haya cuidado a adultos mayores no valentes o a personas con discapacidades diversas o en estado de postración. Un objeto clave en el que es imposible hacer reciclaje o usos extendidos para ahorrar, aunque cuando no hay cómo financiarlos, no queda otra que recurrir al ingenio.

Conocemos de cerca el caso de una dirigente vecinal que recolectaba ropa usada, no para hacerse unas monedas como "colera" en la feria, sino para seleccionar la que era de algodón y convertirla en pañales de género a la antigua. Lo hacía para apoyar a otras mujeres, vecinas que tenían a una persona mayor postrada o a alguien con discapacidad y no les alcanzaba para comprar los desechables. No era lo ideal. Ni lo más fácil ni lo más higiénico, pero qué hacer.

Con el incremento de los precios de los bienes esenciales, a nuestros programas residenciales que atienden justamente a estas poblaciones en abandono y con necesidad de cuidado permanente, se les están produciendo agujeros bajo la línea de flotación, que requieren del apoyo de todos y todas. El forado económico que nos ha generado el alza de los pañales desechables se traduce en una cifra impactante: 30 millones de pesos en lo que queda del año. Y lo más complejo es que no son sólo estos insumos sanitarios los que han subido.

Sucede lo mismo con los gastos de alimentación, de calefacción, de transporte, de aseo e higiene… Es una suma que se multiplica en el total cada mes y nos tiene estimando un déficit presupuestario de mil 200 millones de pesos en nuestra operación nacional.

Sabemos que esto no nos sucede sólo a nosotros. Cada familia que tiene un integrante con dificultades motoras, descontrol de esfínteres, discapacidades físicas, neurológicas o del tipo que sean, está resintiendo el alza de los pañales para adultos, que es un ítem ineludible. Y a eso hay que sumar todo los demás que permite la sobrevivencia. También sabemos que la generosidad existe. Que los más desvalidos que están bajo nuestro cuidado no son responsabilidad sólo nuestra y que necesitamos de la ayuda de todos ustedes para sobrellevar esta dura etapa de carestía. Ojalá que lo más caro sea, en el sentido de lo más querido, proteger a los que no pueden hacerlo por sí mismos.

"Necesitamos la ayuda de todos ustedes para sobrellevar esta dura etapa".

Carlos Ramirez,, jefe de operación social de Hogar de Cristo

Se han conocido los lineamientos de la reforma tributaria del gobierno, pese a que aún no se conoce en detalle el texto. La discusión se ha centrado en los ejes estructurales del sistema. Sin embargo, en las últimas reformas se ha acentuado la falta de espacio para corregir detalles, que complementan la implementación de la reforma. La normativa presenta problemas específicos, que parecen no prioritarios, pero que en su aplicación generan dificultades interpretativas, que complejizan las operaciones.

Un ejemplo es la Ley 21.420, que cambió la concepción sobre el hecho gravado básico de IVA servicios. A partir del 2023, los servicios estarán gravados en general, pero existirán excepciones, como aquellos realizados por sociedades de profesionales, cuyo concepto no está definido en la ley. Una circular de 1991 -vinculante para los funcionarios del SII, pero que puede ser compartida o no por contribuyentes y tribunales- estableció los requisitos de esta figura. Sin embargo, en ese tiempo no existían las sociedades por acciones, hoy habituales. Por ello, se deben establecer lineamientos, que den certezas sobre qué se entiende por hecho gravado y que no.

Otro ejemplo, es el artículo 200 del Código Tributario, que aborda la prescripción de la acción fiscalizadora del SII, y los casos en que estos plazos aumentan. El problema de interpretación surge por un problema de técnica legislativa que deriva en diferentes interpretaciones sobre el día en que se produce la prescripción.

Aprovechando los cambios de esta reforma, es tiempo de levantar estos temas, para solucionarlos y así disminuir las interpretaciones discrecionales, que afectan a los contribuyentes en su día a día.

Gonzalo Polanco Z.,

director Centro de Estudios Tributarios

Facultad de Economía y Negocios

Universidad de Chile

Las zonas de sacrificio son regiones que deben su nombre para identificar a un territorio que recibe de forma permanente daño ambiental producto del funcionamiento de empresas. Por lo general están ligadas a actividades industriales de altas emisiones, como minería, termoeléctricas o lugares de desechos industriales, lo que provoca el deterioro de la región en sí con un daño a la vida y flora silvestre.

En Chile, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos -INDH-, existen 129 de estos territorios. La mayoría, específicamente el 37% de ellos, sufre el deterioro producto de actividades humanas ligadas al sector energético. Entonces ¿Qué futuro ofrecen estos lugares a los asentamientos urbanos situados a su alrededor?

La respuesta que debemos dar viene con el plan energético que presentó el Estado chileno en el año 2015 y que mostraba una hoja de ruta clara en materia de Energía Renovables No Convencionales, como son "lograr y mantener la confiabilidad de todo el sistema, al mismo tiempo que se cumple con criterios de sostenibilidad e inclusión y, se contribuye a la competitividad de la economía del país", señala el informe.

Las ERNC no requieren grandes planes de mitigación y se pueden emplazar sin problemas cerca de asentamientos urbanos, contribuyendo al desarrollo del país sin grandes consecuencias.

Víctor Opazo Carvallo,

CEO de Solek Chile