Diego Gotelli C.

Un nuevo ataque incendiario es investigado en la Región de Los Ríos, zona donde la noche del jueves al menos cinco máquinas utilizadas para faenas forestales fueron quemadas en un fundo ubicado en la Ruta T-340, que une a Valdivia con la localidad de Punucapa.

En el lugar cerca de las 22.00 horas el cuidador del predio dijo haber sentido un estruendo y luego ver las llamas consumiendo las maquinarias, entre las que habían una retro excavadora y un remolcador.

"Él escuchó como una explosión, se acercó a mirar y me llamó. Me dice: 'Jefe, veo fuego donde estaban las máquinas'", narró a radio Bio-Bío el encargado de los equipos, Marcelo Maruri, quien contó que hace tres años había sufrido un ataque similar, cuando le quemaron dos máquinas a unos mil metros del lugar.

No hubo heridos ni detenidos. Hasta ayer nadie se adjudicaba el ataque.

El ataque ocurrió a unos 20 kilómetros al norte de Valdivia, ciudad donde horas antes autoridades regionales y del Ministerio de Obras Públicas se reunieron para coordinar mejoras en la seguridad de las rutas.

El episodio se da en medio del debate por el estado de excepción en la Macrozona Sur, medida que la oposición exige se amplíe a Los Ríos, algo que Interior ha descartado por ahora.

En el sector que sí cuenta con presencia militar, este jueves la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) afirmó haberse tomado dos predios forestales en Carahue, Región de La Araucanía, como parte de su "proceso de recuperación territorial" en el que amenazaron con ocupar siete fundos de Angol. Según dijeron, los predios tomados pertenecerían a la Forestal Mininco, filial de CMPC.

El subsecretario del InteManuel Monsalve, señaló que no validan las usurpaciones, aunque explicó que por normativa un desalojo debe ser ordenado por la Fiscalía, si es que las policías no actuaron en flagrancia en las primeras 12 horas.

Por la tarde, sin embargo, desde CMPC negaron que los recintos estuvieran tomados, afirmando a La Tercera que un grupo de encapuchados ingresó, se fotografió con un lienzo y luego se retiraron.

Tras casi dos meses de audiencias, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco convocó para hoy la cita en que dictaminará el veredicto en la causa en que la Fiscalía acusa a Martín Pradenas de cometer cinco delitos de abuso sexual y dos de violación.

Las partes culminaron ayer sus alegatos finales del caso iniciado el año 2020, en el que al imputado se le acusa de agresiones sexuales contra seis mujeres de entre 13 y 21 años.

En la última audiencia el Ministerio Público detalló cada caso, entre ellos el que habría afectado a Antonia Barra, joven de 20 años que tras acusar una violación del imputado se quitó la vida.

"El imputado se aprovechó", afirmó ayer el fiscal Raúl Espinoza sobre su caso. De acuerdo a la parte querellante, Barra compartió con Pradenas en una discoteca de Pucón, desde donde aprovechando el estado etílico de ella fue "llevada a tirones" por el imputado hasta una cabaña, donde la habría abusado.

"No tenía posibilidad alguna de discernir en materia sexual. La víctima estaba incapacitada para oponer resistencia", dijo el fiscal.

La defensa del imputado ha acusado contradicciones en los testimonios de los casos, y sobre Barra afirmaron que si bien había ingerido alcohol, ella tenía su "capacidad cognitiva intacta" para tomar decisiones.

En una declaración hace tres años Pradenas aseguró que el acto sexual fue concensuado y ayer, cuando se le ofreció la palabra, optó por mantener silencio.

En dos investigaciones separadas la PDI logró detener a 12 personas acusadas de realizar secuestros en el país, en operativos concretados en las comunas de Recoleta y Puente Alto.

En esta última fueron allanadas viviendas que habrían sido usadas como sitios de cautiverio, en la que parte de los imputados habrían mantenido recluidos por más de 30 horas a tres víctimas chilenas. Por ese hecho fueron arrestadas siete personas, mientras que en Recoleta otros cinco sospechosos fueron apresados por otros secuestros.

Todos los detenidos son venezolanos con situación migratoria irregular y que habrían ingresado al país por pasos no habilitados.

Según la PDI, los secuestros fueron utilzados para extorsionar a familiares o cercanos de las víctimas y exigirles dinero por la liberación, aunque también en algunos casos se pidió droga, pues tendrían relación con redes de narcotráfico.

"Las víctimas tienen un cierto grado de vinculación con los secuestradores. Estos no serían personas totalmente desconocidas", dijo Nicolás Calvo, jefe de asesoría jurídica de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Afirmó que parte de los casos indagados apuntan a víctimas que debían dinero a los imputados.

Contó además que en un caso se tiene antecedentes de órdenes dadas por teléfono desde Venezuela, aunque no se puede confirmar que pertenezcan a bandas internacionales como el Tren de Aragua.