El sector minero ha estado en la opinión pública no solo por sus niveles de producción o su forma de operación. Se habla de un nuevo royalty para el sector; se levantaron voces que pretenden restringir la actividad, etc., todos temas que han sido latamente tratados. Sin embargo, en estas líneas quiero aprovechar para destacar que la minería es una oportunidad. Lo es por cuanto aporta casi el 15% del PIB de nuestro país, el 60% de las exportaciones y el 20% de los ingresos fiscales provienen de esta industria.

Chile está en un escenario privilegiado en cuanto a la producción de cobre y litio, aunque en riesgo, por los posibles cambios en las reglas del juego, ya que existirá un aumento de demanda mundial de esos minerales, y otros. Se prevé que la demanda de cobre crezca de 25 millones de toneladas, que se requieren en la actualidad, a unos 50 millones de toneladas para 2035, y que iría en aumento.

Este aumento obedece, entre otras cosas, a las nuevas tecnologías y medidas para mitigar los efectos del cambio climático, donde el cobre y el litio juegan un rol fundamental en electromovilidad; en energías limpias que permitirán la anhelada descarbonización, por ejemplo.

Por ello, nuestra minería es una oportunidad tanto para el país, por la posibilidad de mayores ingresos a las arcas fiscales que permiten a los gobiernos llevar adelante sus programas sociales; por un mayor desarrollo de operaciones, ya que para cubrir esa demanda habrá que producir más; para los profesionales de diversas carreras y especialmente de aquellas relacionadas con la actividad, porque se abrirán más cupos de trabajo; para las mujeres que quieran ingresar al sector, porque hoy es una opción.

La minería hoy es y tiene una oportunidad de mostrarle al mundo que es capaz de hacer las cosas bien. Las empresas del sector han invertido en nuevas tecnologías; ocupan un 4% del agua continental, reutilizan el agua; usan agua de mar y desalada. Según datos de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, son once los proyectos de desalinizadoras que están en curso, inversiones que acercan a Chile al objetivo de lograr que el 68% del agua usada por la minería venga del mar en 2032.

Además, han intensificado el uso de energías limpias en sus procesos, e incluso, ya vemos cómo el hidrógeno verde forma parte de algunas operaciones.

Claramente, la minería es una oportunidad para hacer de Chile un gran país, demostrando al mundo que podemos ser una minería verde, que podemos producir un cobre verde. Esa es la oportunidad que está tomando el sector, para entregársela al mundo y a los ciudadanos de nuestro país.

"La minería es una oportunidad para hacer de Chile un gran país (...) podemos ser una minería verde".

Dominique Viera,, vicepresidenta de la Cámara Minera de Chile

En carta publicada ayer, la seremi Camila Castillo plantea un punto que nos parece gravísimo y que desvirtúa los esfuerzos en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. A propósito del anuncio de la ministra de Justicia y DDHH, Marcela Ríos, el pasado 22 de agosto en Iquique de presentar una modificación a la ley, que busca reponer la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas, nos dice que los denominados "burreros" podrán, en el peor escenario enfrentar un tercio de la condena en una cárcel nacional, para luego ser expulsados a sus países de origen.

Es decir, si son condenados a 5 años y un día en virtud de la Ley 20.000, cumplirían 2 años de prisión, podrían conmutar su pena y quedar en libertad. Un verdadero premio entonces para estas personas que, por traficar, independiente de la cantidad, casi tendríamos que pedirles perdón por no dejarlos importar estas sustancias dañinas. Los burreros son traficantes de drogas y son el primer eslabón de una cadena que hay que combatir con todo el rigor de la ley. No nos perdamos en eso.

No existiendo hoy un efectivo control fronterizo en la zona norte, ni procesos de reconducción a Bolivia para quienes ingresan de manera clandestina, por expresa decisión del Ministerio del Interior, este anuncio es una pésima señal.

Por un lado y lejos de reducir el número de extranjeros detenidos en recintos penitenciarios, esa población podría incluso aumentar al incentivar a un mayor número de traficantes a realizar sus operaciones en Chile dada la mayor fragilidad del sistema y la reducción de las sanciones. Y sobre el reingreso de extranjeros que cometieron delitos, basta conocer el caso de "El Lágrima", expulsado judicialmente por robo con intimidación y abuso sexual, y tres meses después fue capturado por robo con violación de una mayor de edad, sin tener un registro legal de su ingreso a Chile.

Para solucionar el problema de la sobrepoblación penal, lo efectivo es lograr convenios con los países de origen, para lograr que los condenados cumplan sus penas de cárcel por traficar drogas en sus países de origen y no dejarlos en libertad luego de apenas 2 años de prisión en Chile. Mejor que cumplan su condena allá y no sobrepoblar nuestras cárceles

Luz Ebensperger Orrego,

senadora

La Encuesta Social de Hogares, más conocida como la Ficha de Protección Social, comenzó a ser implementada gradualmente en enero de 2016 y es el instrumento utilizado para calificar socioeconómicamente a los chilenos. Es un rango porcentual que incluye información como: constitución del hogar, antecedentes del domicilio, ingresos económicos, entre otros.

Este instrumento tiene la función elemental de realizar un filtro para asignar los diferentes beneficios que se encuentran en la Red de Protección Social del Estado a las personas. Esto último, ha cobrado una relevancia mayor en los últimos años en que nuestro país se ha visto enfrentado a la crisis socioeconómica producto de la pandemia por Covid-19 y la inflación actual.

Tanto el gobierno anterior como el actual se han visto interpelados a realizar mejoras a este instrumento, con el fin de evitar otorgar beneficios a quienes no lo necesitan en desmedro de aquellos que sí lo ameritan. Se requiere de una base de datos que esté vinculada a las diferentes instituciones que nutren con datos fidedignos y actualizados, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Fonasa, isapres, el Conservador de Bienes Raíces.

El desafío es lograr un sistema integral, actualizado, con información fidedigna y que permita a todos acceder de manera simple a los diferentes beneficios que posee el Estado.

Viviana Donoso,

académica de la carrera de Trabajo Social UDLA